La Cámara Alta aprobó este jueves el proyecto enviado por el Gobierno sobre la reestructuración de la deuda, valorada en unos 66.300 millones de dólares, bajo una legislación argentina. Con media sanción el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados.
La propuesta del Ejecutivo fue respaldada tanto por el oficialismo como por la oposición, por lo que se dirige ahora hacia la Cámara de Diputados para ser sancionada de forma definitiva.
El proyecto dispone la reestructuración de la deuda argentina instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley nacional, mediante una operación de canje.
Según el proyecto, los tenedores de los títulos elegibles que no se adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, en el marco del plan que actualmente está vigente.
Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de Argentina «está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo, condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera».
El texto agrega que «el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad», ha informado el Senado en un comunicado.
Un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, señala que el proyecto para la reestructuración de 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi 20.000 millones de dólares estadounidenses hasta 2030.
En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9 por ciento de la deuda total del país y al 12,5 por ciento del PIB. De ellos, aproximadamente unos 14.700 millones, el 35 por ciento, están en manos de tenedores privados, mientras que el resto se encuentra en distintos organismos públicos.
La reestructuración de la deuda con los grupos de bonistas se encuentra todavía en negociación, si bien los acreedores han rechazado la última oferta del Gobierno, el plazo para la definición es el próximo 4 de agosto.
Las especulaciones, en los mercados financieros, son que el presidente Alberto Fernández buscaría una nueva extensión de las negociaciones con los bonistas, que si bien no habría una nueva oferta financiera según lo afirmado por Fernández, si tal vez el diálogo se podría retomarse con una propuesta de modificación en los términos legales de las distintas clases de bonos.
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