Para algunos todo empezó con un semáforo que implementó el municipio de Tandil para salirse del sistema sanitario de fases implementado por la provincia de Buenos Aires, y la muy pública represalia del gobernador Axel Kicillof anunciando que excluía a los operadores turísticos y culturales de ese municipio del reparto de fondos de asistencia pospandemia. Pero el entrevero empezó mucho antes.
Puntualmente, cuando el recién asumido gobernador anunció que liquidaba el Ministerio de Cultura creado por la administración de María Eugenia Vidal, y que el área pasaba a formar parte del recientemente creado Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica a cargo del economista Augusto Costa. El área de Cultura quedaba repartida en tres subsecretarías: Industrias Creativas, Políticas Culturales y Promoción Sociocultural. Todas ellas reportan de manera autónoma al ministro.
El primer contacto de las nuevas autoridades provinciales con los 135 municipios ocurrió en el verano cuando agentes del ministerio los visitaron para recabar datos sobre espacios, agentes y programación en cada uno de ellos. El objetivo: construir índices de la actividad cultural en la provincia. Después llegó la cuarentena interminable, y el silencio de radio ministerial.
Hasta que en el mes de agosto los funcionarios provinciales despertaron del sopor pandémico y convocaron a los municipios a la presentación de un proyecto de ayuda para el sector que tiene, por lo menos, dos lecturas.
En los papeles se trata de un Catálogo Turístico y Cultural de la provincia de Buenos Aires. El modo de implementarlo: los municipios deben difundirlo y promover la inscripción entre agentes culturales y operadores turísticos locales; una vez que éstos están inscriptos, el municipio valida su existencia. El Catálogo también prevé la inscripción de espacios culturales municipales y alienta la participación de espacios que llaman “informales”, esto es, que no tienen habilitación municipal.
Muchos murmuraron por lo bajo que en la práctica, el proyecto encubría una maniobra política: la de aprovechar el trabajo de las administraciones municipales y su conocimiento de los agentes y el territorio para hacerse de una cantidad importante de datos y contactos que luego serían utilizados sin intermediación alguna.
¿El premio? Plata, por supuesto. La Provincia prometió 300 millones de pesos, pero a pesar de la insistencia de más de uno, se negó a revelar el modo en que ese dinero iba a ser repartido. Algunos municipios de la oposición presionaron para que se repitiera el porcentaje de la coparticipación, que es un número legitimado; pero el monto que le toca a cada municipio sigue siendo un misterio. Desde el Ministerio hablaron de posibles criterios: cantidad de inscriptos, cantidad de habitantes, “necesidades”. La oposición lo llama distinto: arbitrariedad, clientelismo, “lo de siempre”.
Los plazos, los objetivos y la rendición de cuentas son otros motivos de disputa. No hay fecha cierta para el giro de fondos, que se supone deben utilizarse para adaptar los espacios a los usos requeridos por la “nueva normalidad”. Y cada municipio debe rendir los gastos de los espacios públicos y de los privados al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cualquiera que lo haya hecho alguna vez sabe lo que esto significa. Y el que no, se lo puede imaginar con facilidad.
El Gobierno de la Provincia contaba con un trámite rápido y el agradecimiento del sector. En la práctica las cosas resultaron distintas. Si bien los municipios oficialistas aplaudieron de pie, fueron pocos los espacios turísticos y culturales que se inscribieron; primó la desconfianza, la sensación de que la ayuda era poca y llegaba tarde, y la negativa cerrada de los espacios informales de ponerse a tiro de inspección por un botín tan impreciso.
Pero el dato sobresaliente de esta historia es que los funcionarios del área de Cultura de los 58 municipios gobernados por Juntos por el Cambio hicieron oír su voz. Actuando de manera coordinada bajo el nombre de Foro Cultural, se presentaron en sociedad el 29 de julio con una carta pública al Ministerio y desde entonces lo interpelan activamente.
El reparto de fondos, la implementación de la rendición de cuentas y el dilema en que el Catálogo coloca a los municipios, instándolos a validar espacios informales, son algunos de los temas debatidos. Los otros, más urgentes, tienen que ver con los protocolos de reapertura, que la provincia no autoriza a pesar de ser muy estrictos, lo que en muchos casos pone en riesgo la supervivencia misma de la actividad cultural en cada localidad.
Volvamos ahora al semáforo de Tandil y a las desafortunadas declaraciones del Gobernador Kicillof. El Gobernador midió mal la fuerza y el nivel de organización de la oposición y el peso de la opinión pública, que reaccionaron de inmediato ante la arbitrariedad y el abuso de autoridad implícitos en la decisión tomada. La disputa es sobre todo simbólica, ya que si bien Tandil es un distrito de vasta actividad turística y cultural, el monto de la ayuda a recibir es, como hemos visto, un misterio.
El Foro Cultural también reaccionó de inmediato y publicó una carta dirigida al Gobernador y al Ministro en donde aclara que “estas instituciones no merecen ser objeto de discriminación por cuestiones inherentes a la política”. Lo mismo hicieron los intendentes y algunos agentes culturales. El silencio de otros es significativo.
El resto de la historia se conoce: una nueva marcha atrás de Kicillof, un nuevo traspié de su gobierno, y otro roce innecesario en la provincia, que ganaría en salud si el Gobernador se tomara en serio aquel refrán popular: “Recuerda, tu carácter es tu destino”.
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