Tras la sanción de la Ley de Bosques en 2007 se redujeron los desmontes a nivel nacional, pero en ciertas provincias se siguen perdiendo ecosistemas boscosos a gran velocidad. Tal es el caso de Santiago del Estero, Salta y Chaco, donde entre 2009 y 2016 se deforestaron de manera ilegal 750.000 hectáreas, equivalentes a 36 veces la superficie de CABA.
La ecorregión del Chaco Seco es una de las áreas forestales más extensas del país. Desde hace décadas, sus bosques se encuentran bajo una gran presión. El avance de la actividad agropecuaria es la principal causa. En las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero, alrededor del 50% de los desmontes entre 2009 y 2016 fueron ilegales. La investigación del Daniel Blum, Licenciado en Ciencias Ambientales, profundizó en las causas que subyacen a las deforestaciones y se enfocó especialmente en las características de quienes las realizan.
Blum estudió 89 casos de deforestación ilegal que implicaron la pérdida de casi 150.000 hectáreas de bosque nativo. En su investigación, encontró una relación estrecha entre las deforestaciones y la posición social, económica y política de los propietarios de las fincas afectadas, a lo que se denominó ‘poder’. «Definimos este concepto a partir de tres variables: el capital económico, el vínculo con funcionarios públicos y el origen geográfico del agente. Aquellos con niveles intermedios o altos de poder tenderán a desmontar áreas boscosas más grandes. El poder de quien desmonta ilegalmente tiene más influencia en cómo y cuánto se deforesta que las condiciones agroclimáticas de la zona», resaltó Blum.
«Muchos trabajos científicos sobre las fronteras agropecuarias del mundo asumen que el productor avanza sobre bosques que tienen las mejores condiciones agronómicas para maximizar los rindes», afirmó Matías Mastrangelo, investigador del Conicet, y agregó: «Sin embargo, la realidad es más compleja. Por ejemplo, en el Gran Chaco se deforestan superficies con suelos pobres y pocas lluvias para especular en el mercado inmobiliario. Los actores más poderosos compran tierras, las deforestan y esperan a que aumente su valor para venderla. Una hectárea desmontada vale más del doble que una con bosque».
Según Daniel Blum, en cada provincia se dieron procesos ilegales particulares. «En 2010, en Salta se habilitó la recategorización de bosques por medio de un decreto. Los que estaban ‘pintados’ de color rojo o amarillo —es decir, considerados de mediano o alto valor de conservación— se los pasó a color verde, con lo cual se pueden desmontar luego de una audiencia pública. Aunque la Ley de Bosques no permite reducir la categoría de protección, en las tres provincias, el 61,6% de los desmontes ilegales sucedieron tras recategorizaciones».
«En Santiago del Estero, ante la baja fiscalización de la Ley, simplemente se avanzó sobre zonas en las que se prohibía la deforestación. Incluso, se incumplieron las audiencias públicas y los estudios de impacto ambiental requeridos para desmontar en zonas permitidas. El 32,6% de los desmontes ilegales en nuestra región de estudio fueron de este tipo». En este sentido, Blum sugirió que para entender la problemática de manera integral es necesario considerar las particularidades de cada provincia.
En un trabajo publicado en la revista científica Ecología Austral, Sebastián Aguiar y otros investigadores analizaron las debilidades de la Ley de Bosques. «Entre otras cuestiones a mejorar en la implementación de la Ley se puede marcar que durante el proceso de zonificación de los territorios provinciales se consultó muy poco a los actores sociales locales, ya sea a grandes productores capitalizados, a pequeños productores familiares o a comunidades campesinas y originarias».
Asimismo, Aguiar destacó que la legitimidad es un punto central para que se cumpla un instrumento de gobernanza ambiental como la Ley de Bosques. «Hay que mejorar la participación de diferentes sectores de la comunidad local en los procesos de actualización de los ordenamientos territoriales, que por Ley se deben realizar cada 5 años. Si la norma afecta a actores sociales que no fueron consultados previamente y que no están de acuerdo con ella, es muy probable que muestren poco interés en cumplirla. De tal manera, la efectividad de la ley será menor».
Los desmontes ilegales son un problema histórico y continuaron incluso durante la pandemia de Covid-19. Mastrangelo indicó que el avance de la frontera agropecuaria busca maximizar el servicio ecosistémico de la provisión de granos o de carne y degrada otros como la polinización, el control biológico de plagas o la regulación del clima. «Las poblaciones locales también pierden el acceso a tierras que además de proveerles servicios culturales, representan su sustento de vida».
A su vez, Aguiar remarcó que en un contexto de crisis ambiental como el actual hay que planificar el uso del territorio con intereses múltiples, es decir, pensar en la producción de alimentos o commodities, y también incluir la conservación de la biodiversidad y la regulación climática e hidrológica. «Si el Estado no dirige y regula el manejo de los territorios, se corre el riesgo de que lo definan los grupos concentrados del sector rural. Cuando esto ocurre, hay más chances de que se apropien de una gran parte de los beneficios del cambio en el uso de la tierra y, al mismo tiempo, al socializar los costos, afectan a los actores sociales más vulnerables que dependen del bosque».
«Los problemas ambientales tienen impactos locales, regionales y también globales. Lo vemos con la pandemia y el cambio climático», advirtió Blum, y reflexionó: «Violar la Ley de Bosques no tiene implicancias penales, sino sanciones económicas. Esto parecería no desalentar la deforestación ilegal. La norma se sancionó bajo una fuerte presión de la sociedad civil organizada. Tal vez haya que hacer lo mismo para que se cumpla. Entre otros puntos, es clave fortalecer los mecanismos de control que realizan las instituciones provinciales competentes».
PR/Sebastián M. Tamashiro(SLT-FAUBA)/vfn/rp.
