Por Juan Russo
Es claro a este punto que una emergencia social, como la generada por la pandemia del Covid 19, no debe ser afrontada atendiendo sólo a su dimensión médica. Por el contrario, una emergencia que impacta sobre un colectivo social, afecta dimensiones de diverso orden, entre ellas las relacionadas con derechos y libertades.
Por ello, cuando se declaró la situación de emergencia sanitaria, la reacción no debió consistir sólo en reforzar el sistema de salud, con el equipamiento de salas de terapia intensiva, aumento de personal de salud, del número de camas y de tubos de oxígeno, acciones por cierto imprescindibles.
Por el contrario, se debió simultáneamente haber reforzado el funcionamiento del sistema judicial para resguardar a los ciudadanos de los diversos abusos de poder que surgen en situaciones especiales, así como al sistema social y económico; apoyado el funcionamiento del mercado y de las garantías sociales, vinculadas a la educación, a la protección de la libre información, y a las protecciones sociales de mujeres y niños, frente al confinamiento.
Si esto es así, las reformas que resultarán necesarias en la post pandemia, no pueden enfocarse sólo en reforzar los sistemas de salud pública, sin duda una prioridad, sino también en legislar y construir un sistema preventivo para futuras emergencias que garanticen la dignidad y las libertades de las personas.
El propósito rector de tal legislación y sistema debería consistir en evitar que la emergencia se convierta en estado de excepción. Es decir, evitar que se llegue a la efectiva suspensión por parte del gobierno, de garantías que, en los clásicos términos de Carl Schmitt, resulta de “la decisión del soberano, que detenta el monopolio de la última decisión”.
No contar con tal preventivo fue lo que ocurrió con la Constitución de Weimar, y el criticado art. 48 que habilitaba al ejecutivo, frente a situaciones de emergencia, a imponer el Estado de excepción, y que daría carácter legal a las acciones del nazismo. Es cierto que hoy la democracia es un orden político con legitimidad amplia en Occidente, pero también es verdad, como lo ha mostrado reiteradamente la historia, que la democracia no es un bien durable por default; por el contrario se trata de un orden precario, y raro históricamente.
Distintos organismos internacionales dedicados a la observación de las democracias, muestran el actual crecimiento del número de regímenes autocráticos e híbridos, a lo que debe agregarse la expansión de corrientes de opinión que descreen de la liberal democracia de masas, y que simpatizan con órdenes autoritarios, como los de China, Rusia o Venezuela.
Recientemente, Freedom House ha mostrado que al menos veintiocho países han censurado los sitios web a los ciudadanos evitando que se expresen libremente sobre el virus y su propagación, y al menos trece gobiernos decidieron cerrar Internet en áreas de sus países durante la pandemia, entre ellos, Etiopía, Bangladesh y Venezuela.
La confusión conceptual es enemiga de las democracias. Cuando crece, se difunde la legitimidad de prácticas no democráticas. Las medidas a favor de la seguridad sanitaria pueden esconder orientaciones que debilitan la seguridad jurídica, y por ende los derechos y libertades ciudadanas. La autoclasura de provincias argentinas (San Luis y como ocurre en Formosa son ejemplos extremos), por más de siete meses, por los propios gobiernos, prohibiendo el ingreso a los propios residentes, excede toda racionalidad social, política y sanitaria.
Así como ocurriera tiempo atrás en Villa Azul, en la provincia de Buenos Aires, cercada con las fuerzas policiales, implican violaciones aberrantes de los derechos humanos, además de exhibir el costado mas crudo de gobiernos no garantistas de las libertades y de la dignidad humana. De cara a un futuro en el que crecen los nubarrones para la democracia y para la salud humana, proponer normas preventivas, que recojan la experiencia reciente, (con propuestas de comisiones multidisciplinarias y consultas a la ciudadanía), contra los estados de excepción en tiempos de emergencia, es crecientemente necesario.
Juan Russo – Politólogo
Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia.
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, Nivel III, México
P/BN/CC/rp.
