Tres decepciones se suman para una sociedad en extremo vulnerable: la debilidad de la información, la falta de independencia y la insuficiencia de controles. Sin datos precisos no existe la posibilidad de tener información válida que permita garantizarle a la ciudadanía que quienes deben gestionar conozcan la realidad sobre la que intervienen ni que cuando lo hacen se guíen por sanas prácticas y sin interferencias.
La primera nueva decepción, la debilidad de la información: de nuevo una mala nota para la información elaborada en Argentina. Esta vez respecto de los datos de la pandemia en nuestro país. El centro de estudios dependiente de la Universidad inglesa de Oxford, Our World in Data, consideró que el país carece de «la calidad suficiente» en los informes referidos a los contagios. Las noticias reflejan la opinión de uno de los principales investigadores a cargo de este proyecto sin fines de lucro, en el sentido de que las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de las pruebas.
El problema de la imprecisión en la carga de datos y por lo tanto de su procesamiento, ya había impulsado el reclamo oficialista por revisar el sistema de información en cada provincia. Ahora en el ámbito internacional también se pagan las consecuencias de la falta de control. No es la primera vez que el país saca una “mala nota” por esta misma cuestión en temáticas diversas que atañen a la economía y a la gobernabilidad; en esta oportunidad, le tocó el turno a la salud. Las noticias sobre la falta de precisión, veracidad y transparencia de los datos afectan siempre la credibilidad y la confianza, lo que impacta de manera concreta, entre múltiples efectos nocivos, sobre decisiones de inversión, su financiamiento y el clima de negocios.
Nuevamente se pone de manifiesto la falta de controles que puedan detectar, advertir, reconducir, evitar y eventualmente sancionar los errores, las irregularidades y tantas otras formas de desvíos del buen hacer. A pesar de esto, el acento sobre esta debilidad está ausente del debate público. No es un tema de agenda, aun cuando la vulnerabilidad en la que se encuentre un sistema descontrolado no exija mayores esfuerzos argumentativos.
En lo declarativo, la necesidad de brindar información confiable impregna los discursos del funcionariado y las expresiones de todos los partidos políticos y está escrita en los manuales y páginas web de las múltiples instituciones que nos administran y gobiernan. Del dicho al hecho, un larguísimo trecho. O una brecha que parece insalvable.
La segunda decepción, la falta de independencia, ya no es tan nueva. En esta hubo una actividad de control inmediata, cuando el Presidente de la Cámara de Diputados empujó lo que sólo quedaría en una sanción social al comportamiento de un legislador que erró fuerte a cualquier norma de mínima convivencia sin hacer caso de su lugar y responsabilidad en la esfera social. La renuncia de este legislador no repara. Vuelven los debates acerca de la conveniencia de reemplazar el sistema de las listas sábanas, cuando en realidad el problema es de otra naturaleza: se trata del cumplimiento de los requisitos de acceso a los cargos y el control del desempeño.
La tercera decepción, la insuficiencia de controles, también es recurrente y otra vez resulta por lo menos extraño el rol de los medios. Una entrevista a un ex legislador de larguísima permanencia en el Congreso que hoy integra el cuerpo colegiado que dirige los destinos de la Auditoría General de la Nación, dejó a la audiencia sin saber ni una palabra acerca de los proyectos de control que este organismo tiene previsto abordar o aquellos que abordó o está ejecutando ahora mismo.
Aun cuando se lo presentó con su nuevo cargo, el diálogo giró en torno a la mirada política que tiene sobre el país, el gobierno y su posible candidatura para las próximas elecciones. Las preguntas y respuestas permitieron conocer sus juicios y expectativas. Es posible que el entrevistador no supiera que estaba acompañando al ex legislador a transgredir el límite ético que se impone a todo funcionario público, consistente en separar su cargo de sus actividades político partidarias.
Para cumplir con el deber de informar es necesario incorporar algunos conceptos extractados de las normas que los gestores públicos están obligados a respetar. Sería interesante que se conocieran acabadamente por la mayor cantidad de personas posible, por las dudas a algún funcionario en actividad o en ciernes se le presenten interrogantes en el desempeño del cargo.
En el año 2000 ya se contaba con leyes que regulaban lo referente a la Ética Pública y al Acceso a la Información. La primera estableció un conjunto de deberes que debían y deben cumplir todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías según los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, velar en todos sus actos por los intereses del Estado, sin recibir ningún beneficio personal indebido y mostrando la mayor transparencia en las decisiones.
También indicaba a los responsables de presentar declaraciones juradas anuales y al asumir o dejar cargos oficiales. Por último establecía la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública que nunca se conformó y desapareció del articulado de la ley cuando años más tarde se derogó este artículo. Recién en 2016 se dio cumplimiento a otro artículo que imponía la obligación de reglamentar lo referido a los viajes financiados por terceros y a los obsequios a funcionarios públicos para evitar su ilegal incorporación al patrimonio del funcionario.
Para promover una “actuación virtuosa “, esa Ley 25.188 del año 1999 obligaba a que se capacitara y dieran instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguraran la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, lo que motivó que en 2017 se diseñaron afiches para ser colocados en lugares visibles de los organismos públicos. En éstos, se escribió cada obligación: respetar los principios éticos actuando con honradez, idoneidad, responsabilidad, buena fe y austeridad republicana, informar a la sociedad, ser transparente y rendir cuentas, inspirar confianza en la comunidad y preservar la imagen de la función pública.
El Poder Ejecutivo aprobó su Código de Ética por decreto también en el año 1999, proclamando los principios de probidad, prudencia, justicia, templanza, transparencia, independencia de criterio y equidad.
En 2014, otra ley regula la responsabilidad estatal por los daños que la actividad o inactividad de quien se desempeña en el Estado les produzca a los bienes o derechos de las personas.
En tanto, en 2016 se dicta la Ley 27275 para garantizar el efectivo derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Entre sus principios se incluye el de “Control: el cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente”. Crea el Consejo Federal para la Transparencia, organismo interjurisdiccional de carácter permanente, para la cooperación técnica y la concertación de políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
En esta norma se impone a los organismos “facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros”. Y ordena publicar en forma completa, actualizada, por medios digitales y en formatos abiertos su estructura orgánica y funciones, la nómina de autoridades y todo su personal, las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del salario total, los informes de auditorías o evaluaciones, internas o externas, realizadas previamente, durante o posteriormente, referidas al propio organismo, sus programas, proyectos y actividades;
En tanto la Auditoría General de la Nación, como miembro de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) adopta las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI); las que ordenan las cuestiones en torno a la ética consideran el principio de integridad como aquel que constituye el valor central de un Código de Ética. La integridad exige que los auditores se ajusten a los principios de objetividad e independencia respecto de la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos.
Las normas explicitan que “es esencial que los auditores no sólo sean independientes e imparciales de hecho, sino que también lo parezcan”,… “en todas las cuestiones relacionadas con la labor de auditoría, la independencia de los auditores no debe verse afectada por intereses personales o externos”, “los auditores están obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal”, “… en particular en sus informes, que deberán ser exactos y objetivos”.
Por último, y expresamente sobre la neutralidad política se establece “Es importante mantener la neutralidad política -tanto la real como la percibida- de la Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS-. Por lo tanto, es importante que los auditores conserven su independencia con respecto a las influencias políticas para desempeñar con imparcialidad sus responsabilidades de fiscalización. Esto es relevante para los auditores porque las EFS trabajan en estrecho contacto con los órganos legislativos, el poder ejecutivo u otros órganos de la Administración facultados por la ley para tomar en consideración los informes de las EFS”.
“Es importante que, cuando los auditores se dediquen, o estudien la posibilidad de dedicarse, a actividades políticas, tengan en cuenta la forma en que tal dedicación podría afectar –o parecer que afecta- su capacidad de desempeñar con imparcialidad sus obligaciones profesionales. Si los auditores están autorizados a participar en actividades políticas, tienen que ser conscientes de que tales actividades pueden provocar conflictos profesionales.”
Del dicho al hecho…
P/BN/CC/rp.
