Por Atilio Molteni-Embajador
El 7 de noviembre con la victoria en Pensilvania el candidato demócrata Joseph Biden se aseguró suficientes votos para ser electo en el Colegio Electoral -que se reúne el 14 de diciembre- como el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, junto con su compañera de fórmula Kamala Harris, senadora de California, que será la primera mujer en desempeñarse como vicepresidente, siendo de color y sus padres extranjeros procedentes de India y Jamaica. Es el sueño americano hecho realidad.
Ese mismo día, en Delaware ante un público entusiasta, Biden llamó a todos los estadounidenses a reunirse después de un período muy divisivo utilizando un mensaje de reconciliación y buscando la unidad nacional, después de superar a Donald Trump por más de cuatro millones de votos en la votación general (alcanzando el número sin precedentes de 74 millones). Llevó adelante una campaña electoral – muy dura- que le permitió recuperar los electores de tres Estados industriales del Medio Oeste que su Partido perdió en 2016 por un margen estrecho, y obtener apoyos en Estados del sur y del sudeste del país, además de los veinte Estados que son tradicionalmente demócratas.
La elección, en muchos sentidos. fue un referendo sobre la personalidad del presidente Trump, y Biden aprovechó sus errores, pero el resultado final demostró un electorado dividido, en un proceso que pone en juego la vitalidad de la democracia estadounidense.
Por su parte, desde el miércoles 4, cuando el resultado de las votaciones en los Estados que se consideran fundamentales en la contienda comenzó a demostrar la posibilidad del triunfo demócrata, Trump puso en marcha una campaña desafiante afirmando que le estaban robando la votación mediante el voto por correo y el fraude, prometiendo una acción legal a todos los niveles, y no darse por vencido en la elección. Sus primeros reclamos no tuvieron acogida en los jueces y las legislaturas locales por falta de pruebas concretas, (mientras los políticos republicanos se muestran divididos en su razonabilidad), pero sus acciones continúan a través de abogados y de los medios, y si fracasan pueden de todas maneras consolidar su estatus político futuro.
A su vez, la votación demostró el fuerte vínculo del carisma de Trump con los grupos racialmente blancos que habitan en áreas rurales o en zonas industriales deprimidas, y una nueva conexión con los votantes latinos de ciertas comunidades que habitan en los Estados de Texas y Florida que, en este caso, habría sido consecuencia de la ausencia de un mensaje claro del candidato Biden respecto a la perspectiva de las relaciones futuras con Cuba y Venezuela.
Se debe también a que el populismo económico y el nacionalismo autoritario demostrado por Trump, es el resultado de las crisis económicas y sociales que existen en Estados Unidos, pero que también son un fenómeno global que afecta a otros países debido, entre otras razones, a desigualdades entre sectores de la población y entre el capital y el trabajo, producto de las nuevas tecnologías, de la globalización, y del bajo crecimiento de la productividad.
Muchos se desilusionaron del sistema político y en 2016 Trump tuvo su oportunidad de “Hacer América Grande de Nuevo”. El problema actual es si va a volver a tener otra posibilidad, o si puede surgir otro líder populista en el Partido Republicano.
El programa de este Partido de derecha contiene objetivos tradicionales como bajar impuestos -especialmente a los más ricos-, terminar con las regulaciones a las empresas y reducir las medidas de protección ambiental, a los cuales el presidente saliente les agregó nuevos elementos como son (entre los más destacados), las restricciones al comercio internacional, el debilitamiento del papel de Estados Unidos en el mundo, e indiferencia hacia el ordenamiento político liberal y el multilateralismo. Un gran interrogante para analizar consiste en determinar cuál de estos componentes dieron como resultado la derrota electoral. Una de las teorías es que a lo largo del mandato, el “Trumpismo” fue condicionado por la posición tradicional del Partido.
El 6 de enero de 2021 el Congreso reunido en una sesión conjunta proclamará al ganador. Cuando el 20 de enero Joe Biden asuma la presidencia el 20 de ese mes, sus primeras acciones estarán destinadas a la situación interna de su país, en una agenda que incluye la lucha contra la pandemia, la crisis económica, la desigualdad social, organizar su Gobierno y llevar adelante los objetivos de su programa político. El presidente electo comenzó el 9 de noviembre a analizar estas medidas, las que irá refinando durante el período de transición que acaba de iniciarse.
Por otra parte, los demócratas aún no lograron la supremacía esperada en el Senado ni repitieron el número de legisladores elegidos para exhibir una clara mayoría en la Cámara de Representantes, motivo por el cual van a tener inconvenientes para llevar adelante sus iniciativas parlamentarias y una fluida política exterior, si los números no cambian al final del proceso electoral.
A este respecto, el 5 de enero va a tener lugar una segunda votación para dos candidaturas al Senado del Estado de Georgia, y en el caso -improbable- que ganaran los candidatos demócratas, la composición de este cuerpo legislativo quedaría 50 contra 50, en cuyo caso la Vicepresidenta Kamala Harris podría desempatar en favor de los demócratas. Pero los proyectos de ley en el Senado, según las normas existentes, hacen necesarios 60 votos en el procedimiento para pasar a una votación de un proyecto de ley o para dar por concluido el debate, que es un número que los demócratas difícilmente obtengan, aunque estén ya aprobados por la Cámara de Representantes.
La opción del presidente Biden es aprobar Acciones Ejecutivas, que tienen los mismos efectos que una ley, en diversos campos como pueden ser los referentes al clima, la educación, los servicios financieros, la lucha contra el Covid-19, la salud, en temas referentes a las relaciones exteriores y la defensa, y mediante la presentación de proyectos de ley en la Cámara Baja. De esta manera, desde el primer día la Casa Blanca podría unirse al Tratado de París sobre Cambio Climático, reingresar a la OMS, levantar restricciones discriminatorias contra la inmigración, o dictar normas sobre el medio ambiente o la salud.
A este contexto, se suma la confirmación de la jueza Amy Coney Barret, días antes de la elección, como miembro de la Corte Suprema; la tendencia conservadora domina este Tribunal por 6 integrantes frente a 3, lo cual puede constituir un freno a la legislación progresista que trate de llevar adelante el Gobierno de Biden, e incluso a las leyes ya vigentes que un caso concreto lleve a su consideración.
El presidente Biden va a tener importantes desafíos de política exterior, cuyos problemas se multiplicaron durante la gestión de su antecesor. Para enfrentarlos está muy bien preparado por su larga experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y sus ocho años como vicepresidente de la Administración Obama, donde estuvo a cargo de numerosos temas internacionales. Su Gobierno posiblemente retome la iniciativa estratégica y patrocine un orden global más coherente y principista. Para ello, Washington necesitaría reinsertarse en foros dedicados a la lucha contra el cambio climático, la solución de los problemas ambientales y una defensa activa de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la corrupción.
Ahora debe enfrentar el desafío de China sobre la cual existe un consenso bipartidario, reparar las relaciones con Europa y los cambios que son consecuencia del Brexit, dar un nuevo empuje a la OTAN, donde la confianza entre sus miembros se ha resentido, poner en marcha una nueva acción diplomática con relación a Corea del Norte que amplió su capacidad nuclear y misilística -no obstante las tres cumbres de Trump con Kim Jong-un-, afianzar la cooperación política y militar con sus aliados en el Asia, diseñar una relación con Rusia y con el presidente Putin, que tenga en cuenta las características actuales de este país y de su líder, respecto del cual existe en Washington una severa desconfianza estratégica y política.
Biden también tiene que reciclar los nexos con Irán, promover una decisión consensuada con todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania que son partes del Acuerdo Nuclear de 2015 (PAIC), del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente, sin que la campaña de “máxima presión” de Trump, tuviera éxito en disminuir su actividad nuclear, limitar las acciones iraníes en la región y condicionar su capacidad misilística.
Por separado, Trump disminuyó su participación en los conflictos y tensiones en el Medio Oriente, región en la que Estados Unidos solía desempeñar la función de poder hegemónico. En el caso de Israel y Palestina su Administración buscó respaldar los intereses de Israel a través de numerosas decisiones que incluyeron el reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado judío, el traslado de su Embajada a esa ciudad, el condicionamiento a la colaboración con los palestinos, y su Plan de “Paz para la Prosperidad”.
En este ámbito se puede esperar que Biden mantenga la relación estratégica con Israel, deje de lado el proyecto de dicho “Acuerdo del Siglo”, promueva la reanudación de las negociaciones de Israel con los palestinos, y apoye la reciente apertura diplomática con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Sudán, que significó dejar de lado la condición de sujetar el proceso de paz regional a la previa solución de la cuestión palestina. En el caso de Turquía y Arabia Saudita la actitud de los demócratas va a ser más crítica que la mantenida por Trump con estos Gobiernos.
Con relación a América Latina, cabe destacar que, durante su desempeño como vicepresidente, Biden estuvo a cargo de los vínculos con esas naciones y logró avances concretos. Luego expresó su opinión de que la cooperación en el hemisferio occidental había sido innecesariamente dañada por medidas concretas de Trump, situación agravada por los nexos comerciales, económicos y financieros que los países de la región han desarrollado con China, y en menor grado con Rusia, y por su posición combativa en los intentos de derrocar el régimen de Nicolás Maduro. El presidente electo deberá desarrollar un nuevo consenso internacional que permita llegar a elecciones democráticas, transparentes y creíbles.
Para la República Argentina este resultado electoral es una oportunidad propicia para poner en marcha una nueva relación con Estados Unidos, para lo cual cuenta con elementos muy positivos, tales como la solidaridad extrema mantenida por algunos gobiernos de la región con las políticas del presidente Trump. Resulta auspicioso el hecho que el actual Embajador en Washington, Jorge Argüello, es un conocedor cabal de las características del país y del Partido Demócrata debido a su desempeño en Washington y en la ONU durante la presidencia del Obama, a quien secundó Biden; su experiencia le permitirá aconsejar a las autoridades nacionales sobre los mejores caminos políticos a seguir con el Estado que continua siendo la mayor potencia mundial y el árbitro final en las negociaciones que el país desarrolla con el FMI y otros organismos financieros internacionales.
Atilio Molteni
Embajador
IN/BN/CC/rp.
