Representantes del Ministerio Público Fiscal, de todo el país, enviaron una nota a la Comisión de Justicia del Senado para manifestarse contra la modificación del sistema de elección del procurador general de la Nación en debate. Advirtieron que «la mayoría simple» sería «un retroceso a la situación anterior» a la Reforma Constitucional de 1994.
La mayoría simple, significaría refrendar un procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Poder Ejecutivo que lo propone, significando una involución; un retroceso a la situación anterior a la Constitución del año 1994″, sostuvo la presentación firmada por 80 fiscales, dirigida al presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Oscar Parrilli.
En el texto, los fiscales firmantes pidieron «a los legisladores que piensen antes en las instituciones que en la coyuntura, que no poder nombrar un procurador, porque no se logra el consenso necesario, no puede justificar desnaturalizar una institución constitucional».
Los Fiscales advirtieron además que «la reforma también parece incluir el régimen disciplinario y de remoción de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, por lo cual debe cuidarse que no se establezcan mayorías que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones del tribunal de enjuiciamiento y en definitiva el debido proceso, en detrimento de la estabilidad y autonomía en el ejercicio de sus funciones».
La Constitución Nacional «reconoce la existencia de un órgano extra poder, el Ministerio Público Fiscal y le acordó un estatus y una finalidad, respectivamente: la autonomía funcional y la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad», agregaron.
Ante ello, «la Ley del Ministerio Público, como ley reglamentaria de la Constitución, cuidó de cumplir este mandato y estableció que el procurador general de la Nación debía ser nombrado con acuerdo del Senado, con los dos tercios de los presentes».
En otro tramo del documento se señala: «La ley quiso que su designación surgiera de una concertación de las fuerzas políticas y de la representación federal de que se encuentra investido ese cuerpo», argumentaron para enfatizar esa mayoría «permite una legitimación adecuada en el diseño constitucional para cumplir con la autonomía reservada al Procurador como cabeza del MPF y, con ella, la defensa de la sociedad que conocerá que hay un Procurador General y que hay Fiscales que actuarán en su defensa sin importar las presiones que se quieran ejercer sobre ellos»
Entre representantes del Ministerio Público firmantes se encuentran el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez; el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Plée; la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7, Fabiana León: el fiscal federal porteño, Guillermo Marijuán; los fiscales nacionales en lo criminal porteño Ignacio Mahiques y José María Campagnoli. También firmaron, entre otros, el fiscal federal de San Martín Jorge Sica, el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, el de Tucumán Carlos Brito, de Córdoba Carlos Noblega y de Salta Carlos Amad.
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La modificación de la elección del procurador significa un retroceso institucional advierten fiscales de todo el país
