Los sectores que se oponen a la legalización del proyecto oficial de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), entre ellos la Iglesia católica, la evangélica y organizaciones de la sociedad civil, realizaron hoy su primera acción conjunta, con marchas y caravanas en todo el país, para expresar su rechazo al proyecto enviado por el Gobierno al Congreso, que comenzará a ser tratado la semana próxima. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia defendió la propuesta oficia “es un tema de salud pública”.
Según detallaron los convocantes, 150 organizaciones de la sociedad civil nucleadas en Unidad Provida y otras agrupaciones de pañuelo celeste impulsaronn la jornada de hoy. La Conferencia Episcopal Argentina y las iglesias evangélicas agrupadas en la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) también incentivaron la participación.
Frente al Congreso Nacional se concentró una multitudinaria manifestación que rechaza el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que comenzará a debatirse el próximo martes. Entre las diferentes consignas de los manifestantes se escuchó una que surgía como un hilo conductor entre todas, «Es absolutamente ridículo tratar el tema ahora, en medio de esta crisis sanitaria. La prioridad, dicho por el gobierno, es la pandemia».
Los argumentos para oponerse a la legalización del aborto varían entre los asistentes, pero todos comparten un reclamo general: que los legisladores nacionales rechacen el proyecto de Legalización del Aborto diseñado por la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, que es impulsado por el Gobierno de la Nación.
Voceros de Unidad Provida, argumentaron frente al Congreso: «No están pensando en la mujer. Se sabe que la gran mayoría de las violaciones ocurre dentro del ámbito familiar. Si sale la ley, el tío o el padre violador puede llevar a una chica a abortar cuantas veces le convenga y la sigue violando», mientras cargan un cartel en el que se lee claro: «Adopción es la opción».
Monseñor Maletti y el obispo auxiliar de Merlo-Moreno, Oscar Eduardo Miñaro señalaron en un comunicado que «este no es el momento propicio para presentar un debate que puede generar más divisiones en estos tiempos en que el país necesita unidad para enfrentar la pandemia y otros desafíos». En otro comunicado desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia, que encabeza monseñor Pedro Laxague, alentaron «fervientemente» a participar de la manifestación «a favor del derecho humano a la vida de toda persona garantizado en la misma Constitución nacional».
Desde el Gobierno, Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, en declaraciones públicas detalló que el objetivo de la iniciativa es prevenir “las muertes evitables” por abortos clandestinos, evitar que las mujeres que recurren a esa práctica queden afectadas en su salud, y “lograr que ingresen al sistema de salud para acceder a métodos anticonceptivos e información de forma tal de bajar la cantidad de embarazos no intencionales” y, en consecuencia, “el número de abortos”. También destacó la necesidad de implementar “una política fuerte de educación sexual integral”.
Ibarra reiteró que el proyecto de IVE se enviará junto con el Plan de los 1000 días, “de acompañamiento de la maternidad y a los tres primeros años de vida de niños y niñas”, y que el enfoque que el Gobierno le dará al tema será el de “salud pública” y remarcó “El aborto clandestino en la Argentina es un enorme problema de salud pública”, subrayó la funcionaria. “Las mujeres más allá de la amenaza de prisión, cuando no tienen el proyecto de la maternidad, acuden a un aborto clandestino. Por las estimaciones más serias que se han hecho, hay entre 370 mil y 520 mil abortos por año, es una enormidad, donde van las mujeres a exponer su vida y su salud.
La polémica vuelve a instalarse en el “opinión pública”.
P/BN/vfn/gr/rp.
