El control del kirchnerismo de la Cámara Alta es contundente. La ley que impone un impuesto a la Riqueza contó con el voto a favor de 42 legisladores y 26 en contra de la oposición. Corrió suerte similar el proyecto de Manejo del Fuego, impulsado por Máximo Kirchne, que logró convertirse en ley con el voto de 41 senadores, y el rechazo de 28 legisladores de la oposición. En sectores empresarios y rurales se evalúan que existe la posibilidad que ambas leyes terminen judicializándose.
La ley de Impuesto a la Riqueza grava patrimonios mayores a los $200 millones y afectaría a 9000 contribuyentes; lo recaudado será para afrontar la pandemia. El diputado Máximo Kirchner, impulsor esta ley junto con el legislador Carlos Heller, fundaron su propuesta en la necesidad de busca recaudar fondos para que el Estado haga frente a los gastos extraordinarios que ocasionó la pandemia del coronavirus. Como estaba previsto, el Frente de Todos aplicó su mayoría en la Cámara alta para aprobar la iniciativa. La oposición, en cambio, advirtió que se trata de un «impuesto confiscatorio» que obstaculizará las inversiones empresarias. El tributo, que el Estado pretende recaudar, que ronda los $300.000 millones, fue cuestionado por empresarios y por expertos en materia tributario al considerarlo un obstáculo para emprendedores e inversores.
El nuevo gravamen afectará los patrimonios de personas humanas a partir de los $200 millones, con una alícuota progresiva se elevará al 2,25% en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos y al 2,75% a los patrimonios entre los 600 a 800 millones de pesos. La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1500 millones de pesos, al 3,25% para fortunas de 1500 millones a 3000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
El proyecto determina también que por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50% sobre la alícuota que le correspondería; pero si la persona trae el 30% de sus tenencias financieras que tienen declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuvieran en el país. De acuerdo a las estimaciones de la AFIP, el tributo afectará un universo de poco más de 9000 contribuyentes.
El Senado también aprobó el proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el objetivo de prohibir la venta y cambio de uso de tierras incendiadas por un plazo de entre 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.
La iniciativa, de autoría del titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, recibió el apoyo del oficialismo en la Cámara alta y el rechazo de Juntos por el Cambio, que lo tildó de “inconstitucional” y presentó una moción durante el debate -que fue rechazada- para que el proyecto vuelva a comisiones.
El proyecto establece que «no se podrá cambiar el uso» de las zonas afectadas por los incendios, producto de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero, «para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino» que tenían al momento del incidente por un plazo de 60 años para los bosques y 30 años para zonas agrícolas.
Para la Mesa de Enlace, compuesta por Confederaciones Rurales (CRA), la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria y Coninagro, estas prohibiciones se dan “independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales” y que “afectan gravemente el derecho de propiedad y son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero”.
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