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En 1983, el electo presidente Raúl Alfonsín tomó una decisión de alto valor simbólico. Desde entonces, la ceremonia de asunción de los jefes de Estado se realiza los 10 de diciembre.
La elección de la fecha no fue casual. Ese día, el mundo conmemora la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, un hito histórico que marca un antes y un después en el compromiso de la humanidad en defensa de valores considerados universales.
El mensaje de esa Declaración es contundente y su carácter obligatorio para las naciones que quieran pertenecer al mundo civilizado. No se trata de una cuestión solo moral, sino que tiene carácter punitivo. Quien viola sus principios, viola la ley.
Entre las prescripciones consagradas por esa norma universal figuran dos derechos que hoy preocupan especialmente en la Argentina: el derecho a una justicia independiente (artículo 10) y el respeto inalienable a la libertad de opinión y de expresión establecido en el artículo 19.
Bajo el pretexto de una fantasmal y fantasiosa conspiración en la que participarían jueces, periodistas y saboteadores políticos, entre otros “supra poderes”, se ha desatado desde sectores muy influyentes del oficialismo una agresiva campaña que pone en riesgo la vigencia de esos derechos elementales.
La última de esas expresiones fue emitida en una insólita carta pública de la vicepresidenta de la Nación. En ese manifiesto, Cristina Fernández de Kirchner ataca a la Corte Suprema de la Nación, uno de los poderes de la República, empleando incluso los nombres propios de sus integrantes. Escrita en un tono de desafío y amenaza, que no ahorra agravios hacia el presidente del máximo tribunal, es un texto que no reconoce antecedentes en la historia democrática.
Mucho más grave se torna la situación por el aval implícito que el Presidente Alberto Fernández le dio a la temeraria misiva.
El Club Político Argentino expresa hoy su enérgica condena a estas prácticas desatadas desde el máximo nivel del poder y convoca a los sectores democráticos del país a cerrar filas en defensa de las instituciones de la democracia. En la independencia del Poder Judicial y el respeto irrestricto a la libertad de opinión y expresión se juega nuestro destino.
Si no reaccionamos a tiempo, si este embate, que incluye la clara intención de borrar delitos probados -y en algún caso con condena firme en todas las instancias- e incluso la reivindicación de una casta de políticos corruptos, nuestro país ingresará en un peligroso camino que profundizará su decadencia. Si avanza la cruzada contra los medios de comunicación y contra los periodistas (amenazando judicializar sus investigaciones), será inevitable que la mentira y el cinismo se naturalicen y la libertad se pierda.
Desde el CPA hemos bregado por un amplio acuerdo democrático para afrontar las consecuencias de una crisis económica, social e institucional de características devastadoras. Hoy lamentamos que, lejos de implementar los consensos, el Poder Ejecutivo siga empeñado en ceder terreno a los sectores ultramontanos que componen su gobierno.
Este llamado urgente incluye también a la oposición política y a los sectores sociales representativos de la Nación para que cumplan con su deber cívico. Nadie se salvará con el naufragio de la Argentina. Es tiempo de reaccionar.”
Club Político Argentno
Graciela Fernández Meijide
Presidente
P/BN/rp.
El Club Político Argentino defiende la libertad de expresión y la independencia del Poder Judicial
