Por Dra. Marta Nercellas
Las columnas del debe y el haber se menean provocadoras. Llegó el momento de hacer el balance del 2020. Un rápido listado mental de lo ocurrido parece afirmar que será imposible lograr el patrimonio neto positivo. Pedí entonces ayuda a la metafísica intentando que esas dos fuerzas opuestas, logren un punto deseable.
No podemos desconocer los embates generados por la pandemia. Su imprevisto arribo (que no debía ser sorpresivo si nuestros funcionarios calificados de “científicos” hubieran sabido leer lo que ocurría en Europa) alteró los planes de los individuos, de las empresas y de cada uno de nosotros.
El aislamiento decretado para evitar los contagios destruyó la economía, quebró empresas, agredió la salud mental ciudadana. Pese a ello los contagiados y muertos se suceden incesantemente. Nos decían que entre salud y economía no debíamos titubear, pero sin titubeos, hirieron de muerte la economía mientras que en el rubro salud sólo se logró que no se colapsaran los establecimientos sanitarios sumidos en el abandono y la desidia por muchas décadas. Ese “error” de sucesivas administraciones debíamos pagarlo con nuestro encierro los ciudadanos.
Morirse en soledad, sin poder ser despedidos por hijos, padres o hermanos se contrapuso con lo ocurrido en el velorio de Maradona. No fueron los hinchas que trasgredieron el aislamiento, fueron los funcionarios los que instaron a que lo hicieran y convirtieron a la casa de gobierno en la sala fúnebre en la que se sintetizaron nuestras contradicciones. Los barrabravas que no pueden entrar a los estadios organizaban el patio de las palmeras. El presidente, megáfono en mano nos indicaba que no es la vicepresidenta la única que agrede su investidura y menoscaba su autoridad, él sabe hacer solo ese trabajo. O, tal vez, haya sido otra orden de Cristina para que pudiera afirmar en público sin pudor: “hice lo que me dijiste”
Los meses trascurrían demostrando que la búsqueda de impunidad era lo único que integraba el plan vicepresidencial, pero, producto de la ineficiencia del gabinete la señora decidió cargar en su mochila la economía y la situación social. Con su plan retrógrado y autoritario quiere borrar décadas de la historia mundial para llevarnos a peleas del siglo XIX.
No se entiende cuál es el mecanismo misterioso que, pese a la trasparencia de sus objetivos (palabra que en el resto de las áreas le es esquiva) legisladores, funcionarios, el presidente y un importante número de ciudadanos se someten a su tiránica voluntad.
Los lideres populistas carecen de la mínima tolerancia a la frustración, es que entienden que los ciudadanos no le delegaron provisoriamente el poder, sino que se trata de un derecho divino o generado por la “historia “ que previamente la absolvió.
La demora en lograr que la justicia le pida perdón por haberla investigado determinó que la paciencia llegara a su fin y decidiera arrasar con la institución que le tendió la trampa de intentar saber cómo se enriqueció ella, los empresarios y funcionarios “amigos” y hasta sus secretarios privados.
El deseo de tapar con subsidios y dádivas lo que el trabajo no genera, aumenta la voracidad fiscal imponiendo impuestos inconstitucionales a los que cambian la denominación y nuevamente, procuran a fuerza de relato, arrancar su esencia a las palabras. El presidente nos confiesa que antes de cada acción se pregunta que haría Néstor y evidentemente se contenta con el Néstor que se subyugaba con una caja de caudales y combatía al capital desconociendo que nuestra república y el mundo sufrió una metamorfosis que imposibilitará que pueda repetir aquella experiencia.
En esta guerra de gestos hicieron un circo mediático (en el que muchos medios y comunicadores actuaron como fieras amaestradas) para traer unas pocas dosis de una vacuna que se encuentra en fase de prueba, que no se aplica ni el propio Putin porque considera que no es aconsejable para los mayores de 60 años (justamente la franja etaria más vulnerable) y que no tiene el aval de publicaciones científicas internacionales. Floja de papeles genera sin embargo importantes gastos a las exhaustas arcas estatales por la forma elegida para ir a “buscarla”.
La propiedad privada es agredida con miles de intrusiones ilegales alentadas y encubiertas por funcionarios estatales. Su protección no sólo preserva a sus titulares sino también a la inversión, al deseo de construir, fabricar, producir, arriesgar, dar empleos. Esto no importa porque el gran empleador es el Estado que incorporó en medio de la crisis a miles de personas sin que importe demasiado el quienes y el para qué. No existe expectativa del cumplimiento recíproco del contrato firmado entre los ciudadanos y la república y documentado en la Constitución Nacional
El déficit fiscal primario no constituye en las cuentas estatales ningún problema. La emisión (cercana a los 2 mil billones de pesos) tapará el agujero sin quebrar el tejido del relato construido en un mundo donde se puede tener tarifas de los servicios públicos que no cubren el costo en generarlos, y los premios no son para el esfuerzo y el mérito sino que un pase mágico convertirá las necesidades en IFE, subsidios y generosidades que no brindarán un nivel de vida por sobre la subsistencia, pero que generarán un agradecimiento que atará su voto a la mano generosa que lo otorga.
Dictaron una moratoria con sastres de la impunidad que realizaron el traje a medida que sacará de la molestia de los procesos a los empresarios afines. La angustia de quienes vieron comprometida su vida comercial por el parate de la pandemia debía solucionarse, pero, como en tantos otros rubros, detrás de títulos que merecen adhesión, ingresaron decisiones festejadas por contrabandistas y evasores. La frustración de jueces y de la propia AFIP logrará que aprendan la lección. Para que su trabajo no resulte fulminado por una amnistía no deberán investigar a aquellos que tienen un canal fluido de comunicación con el poder de turno. Un Juez en lo Penal Económico – Marcelo Aguinski- afirmó que los usan como “asustadores legales”. Luego del susto la política hará su negocio de perdón y cadena de favores.
Hay una coherencia conmovedora en la decisión de que “el pueblo NO debe saber de qué se trata”. Las negociaciones, sea de la vacuna, la deuda o para obtener el voto de legisladores y consejeros de la magistratura, es un secreto de estado. El derecho a la información que ya nadie duda que es un derecho humano es negado por el gobierno popular.
El presidente y los funcionarios aplaudiendo a quien los humilla o el escrache público a quien no cumple con la consigna de hacerlo, tienen idéntico sentido. Señala que no tenemos un gobierno bicéfalo como se creyó sino una ventrílocua y su muñeco, una maneja los hilos y el otro habla.
La educación fue clausurada, y la poca que se transmitió contenía mensajes proselitistas. La consigna es: la educación no marcará la diferencia. Como lo ejemplifica quien tiene posibilidad de ser presidente del país y ya lo es de su bloque en la Cámara de Diputados pese a haberse salteado esa tarea. Las aulas vacías y los dirigentes gremiales sacándose fotos en un multitudinario velorio mientras afirman temer por la salud del docente si se pone al frente de un aula.
La justicia bonaerense puso en prisión a varios de los miembros de una asociación ilícita. Pero quien se acreditó que daba las órdenes delictivas fue sobreseído. Él y su familia son bendecidos por el presidente que hasta en cuarentena los recibe porque su padre es un líder sindical “ejemplar”.
La libertad de expresión es permanentemente atacada: “observatorios” para examinar las publicaciones, retiro de pauta oficial, compra de medios o de los funcionarios que los dirigen, quita del carácter autárquico de las emisoras estatales – en Santa Cruz mediante decreto y en la Nación mediante acciones-. Los periodistas y sus medios intentando que la censura (implícita y explícita) no borre sus investigaciones
Nos gobiernan mediante DNU porque el Congreso está ocupado en los temas que son del interés de Cristina: reforma de la justicia para lograr su colonización, designación de jueces afines, desplazamiento de aquellos magistrados que tuvieron la osadía de investigar sus delitos, modificación de la mayoría necesaria para nombrar el Procurador General con la finalidad de lograr el desplazamiento del Dr. Casal a quien no pueden manejar y no claudicó pese al acoso al que fue sometido.
En Bruglia, Bertucci y Castelli acreditaron que investigar al poder es un pésimo negocio. No importa que los bolsos con “dinero de la política” vuelen a conventos falsos, que cuenten a nuestra vista los dólares ilícitamente obtenidos o que la caja de seguridad de quien nunca trabajó, pero es hija de la vicepresidente, albergue casi 4 millones de dólares. No importa la prueba reunida si los poderes “fácticos”- en este caso representados por los funcionarios investigados- pretenden ser declarados inocentes.
Alinear al Consejo de la Magistratura alcanza para que la impunidad resulte una promesa pronta. La justicia encorsetada, puesta en cuarentena y controlada por la política. Sus investigaciones agredidas no sólo por los defensores de los imputados sino por quienes deberían garantizarla. El relato lo necesita.
Las usurpaciones ilegales miradas con complacencia por los funcionarios que entiende que es una forma de equiparar desigualdades y combatir la pobreza.
Los derechos esenciales que la constitución garantiza son puestos en crisis: prohibición de fronteras internas; garantía al trabajo y al ejercicio de industria lícita; enseñar y aprender; transitar; la división de poderes y o la prohibición de que el poder ejecutivo no intente influir – de hecho o de palabra- en las causa judiciales en trámite; son ignorados igual que la obligación de garantizar una justicia independiente, imparcial impartida por el juez natural; un Consejo de la Magistratura equilibrado y no politizado; el derecho a la propiedad que no sólo agreden las usurpaciones sino las restricciones legalmente impuestas para disponer de ella en caso de ser víctima de un incendio; el derecho a la igualdad que resulta agredido cuando un condenado no debe ir a la cárcel por que sus hijos necesitan tenerlo cerca mientras miles permanecen presos teniendo aun más hijos y no tienen condena; la libertad de expresión; el derecho a la información pública; y , especialmente se ha vulnerado el principio que exige que ninguna emergencia esté por encima de la Constitución Nacional.
En mi balance una columna quedó injustamente vacía. Varios fallos judiciales hicieron trizas el relato del “lawfare” que intenta ocultar la corrupción y otros supieron valorar el derecho de propiedad. Distintos “banderazos” acreditaron que existe una reacción ciudadana que defiende los valores republicanos. No es poco y tal vez alcance para hacer cierto aquello que el Quijote le manifestó a Sancho: ”El mal ni el bien duran mucho tiempo”.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp
