Formosa. La situación política y sanitaria de la provincia se ha convertido en un serio problema para la administración Fernández. Son múltiples las denuncias por violación a los Derechos Humanos y Constitucionales que se acumula contra el gobierno de Gildo Insfrán. La situación es de tal gravedad que sacerdotes formoseños emitieron un documento en el que advierten: “Vemos con mucha preocupación que se está construyendo una comunidad basada en el desprecio al otro diferente, en el manoseo, el ocultamiento de la verdad y la instauración del miedo”. El gobierno de Insfran les respondió que debían analizar: “el rol de la Iglesia en la dictadura militar”.
Ante el rumbo que está tomando la situación, Juntos por el Cambio ha pedido la intervención federal de la provincia, también de Amnistía Internacional reclama medidas urgentes, pero el presidente Alberto Fernández, ha resuelto desoír las peticiones y respaldó la gestión del gobernador, si bien no lo ha hecho expresamente. Si en cambió Insfrán recibió el apoyo del partido Justicialista en un documento firmado por su titular, José Luis Gioja en el que afirma: “los agravios contra Gildo Insfrán no son casualidad: no sólo es un gobernador que puede mostrar una gran gestión en su provincia, sino también es el Presidente del Congreso Nacional del PJ y un dirigente de amplia y destacada trayectoria como militante y referente de nuestro movimiento político”.
Actualmente, se estima que en Formosa hay 100 centros de aislamiento que albergan a unas 3.000 personas: 600 son casos activos de COVID; 1.300 personas están aisladas «por contactos estrechos», y entre 800 y 1.000 personas que fueron aisladas preventivamente, por ser «casos sospechosos». El procedimiento de “internación” es realizado por la policía, “Van, los buscan y los meten a esos centros. Entran de madrugada a las casas, sin orden judicial y los llevan allí, de modo compulsivo, sin el consentimiento de la gente”, denunció a Clarín el abogado Sebastian Montoya.
Los centros se montan en escuelas, albergues, hoteles y clubes deportivos provinciales. “Están militarizados, custodiados y regenteados por la policía provincial. A la noche para dormir, las habitaciones son cerradas con llave y en algunos lugares, hasta con candados. Y si quieren ir al baño, se los permite por 15 minutos y deben volver a su lugar. Eso funciona como una cárcel”, denunció el letrado patrocinante de los aislados.
Ante las sucesivas denuncias de las condiciones infrahumanas, que se viven en los “centros de aislamientos”, los sacerdotes Miguel Ángel Rojas, Antonio Caballero, Mario Franco, Francisco Nazar, Mario Bissaro, Ponciano Acosta, Jimmy Ponce, Gabriel Stella, Eduardo Ramos, Marcelo Valsecchi, Edgardo Ortíz, Oscar Cáceres, Lucio Rizzi, Juan Rosasco y Juan Punzo, emitieron un comunicado público en el que dicen: “Vemos con mucha preocupación que se está construyendo una comunidad provincial basada en el desprecio al otro diferente, a su cultura, a su pensamiento, a su persona, a su dignidad humana, en el manoseo y ocultamiento de la verdad, y la instauración del miedo”.
En otro tramo del documento afirman que el gobierno provincial “no está acertando” y que “no hubo hasta hoy un llamado a los distintos sectores para la búsqueda en conjunto de las mejores soluciones”. “Las medidas que toman son llevadas adelante con un nivel de autoritarismo que nos recuerdan oscuras épocas de nuestra Patria que no queremos vuelvan a repetirse y por eso las repudiamos con fuerza”.
La respuesta del gobierno de Insfrán no se hizo esperar. El ministro de Gobierno, Jorge González, en una entrevista con Radio Con Vos, disparó sobre la Iglesia Católica: “Hablan de dictadura, entonces analicemos el rol de la Iglesia en la dictadura militar. Nos están diciendo que son centros clandestinos de detención, eso es ningunear la historia de los argentinos”, y se metió en la arena política y comparó Formosa con la Capital Federal: “Claro, a Horacio Rodríguez Larreta no se le dice nada y tiene más de 6000 muertos. Nosotros tenemos nueve y nos cuestionan”.
Con la llegada de la pandemia a la Argentina, el gobierno de Formosa es foco de denuncias debido a la administración de la cuarentena. Por decisión de Insfrán, miles de personas estuvieron varadas durante meses sin poder regresar a sus casas debido al cerrojo extremo que impuso el mandatario provincial en el territorio que gobierna desde 1995.
Días pasados la concejala Gabriela Neme denunció judicialmente lo que estaba ocurriendo en uno de los centros de aislamiento: “Hago la denuncia por incumplimiento del artículo 205 del Código Penal porque están propagando la pandemia. En el Cincuentenario están todos juntos y tienen el patio vallado. No los dejan salir y comparten los baños, entonces lo que hay son centros de contagio”, también se sumo a la denuncia la concejala Celeste Ruiz Díaz, ambas fueron detenidas y alojadas durante varias horas en una dependencia policial, algo que fue repudiado tanto por la oposición como por organismos internacionales.
Por su parte, el Dr. Sebastian Montoya en una denuncia penal acusa al gobernador Insfrán, al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, y al jefe de la policía provincial, comisario Walter René Arroyo, por los delitos de «abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y otros delitos de violación del orden constitucional».
En este contexto, la oposición le pidió al presidente Alberto Fernández la intervención federal de Formosa. “Sin la intervención del gobierno nacional, Formosa va a estallar el día que haya un hecho aberrante, como una muerte. No deberíamos esperar a eso. El Gobierno Nacional debería estar metido de lleno en arreglar estos problemas en un marco democrático. Se dan todas las características para una intervención federal”, señaló el diputado nacional Alfredo Cornejo, titular de la UCR, en declaraciones a LaOnceDiez.
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Formosa, crece el escándalo, Insfrán ataca a la Iglesia Católica, que cuestionó las violaciones de los derechos humanos
