lunes 8 marzo 2021

Cuaderno de opiniones. Como Groucho Marx nos interpelan ¿A quién le van a creer, a sus propios ojos o a mí?

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Su único grito de inocencia es “lawfare”. Nunca se defendió de las imputaciones. Nunca las negó. Nunca intentó acreditar que no eran verdaderas
Por Dr. Marta Nercellas

A veces los silencios ensordecen. Recorrer los pasillos de Comodoro Py casi desiertos, con mesas de entrada sin actividad aparente, encontrando solamente a algún funcionario taciturno, nos brinda más respuestas que aquellas que obteníamos preguntando en los diferentes despachos sobre el devenir de las investigaciones.

Luego de casi un año de “Feria Extraordinaria” poco ha cambiado, pero el acostumbramiento fue adormeciendo nuestros reflejos. Con resignada naturalidad fuimos entendiendo que la agenda judicial con la que solíamos manejarnos, fue desdibujada y reemplazada por la agenda del poder. Una agenda que es mentira que no tenga rumbo y donde sólo los malos navegantes ven un barco errático sin timonel.

La barcaza, desprovista de la estructura que en una república forman los principios y las leyes, se dirige con claridad a un puerto, un amarre en el que intentan asegurar su único proyecto: concentración de poder e impunidad. Encuentra algunos obstáculos en el camino y le arrojan aceite hirviendo a quienes intentan detener la marcha impertérrita de la reforma judicial, o la del Ministerio Público.

Por el momento, son débiles acciones que sólo lograrán demorar lo que parece inexorable. El capitán de la nave entiende que el voto no sólo generó cargos sino también impunidad.

Nos encerraron prometiéndonos preservar nuestra salud, mientras dilapidaban la enseñanza, la democracia, la economía y los derechos humanos y colaban funcionarios y estructuras que aseguraban que su matriz de corrupción no sería desbaratada.

Nos aturdieron con eslóganes que prometían los cambios que todos ansiamos. La independencia de la justicia, la reforma del sistema de inteligencia, la “desaparición” de operadores que procuran torcer la voluntad judicial favoreciendo el deseo político mediante el uso del poder, de la extorsión o del incentivo de unas valijas con olor a dólares.

Nos olvidamos que con el mismo sello político hace muy poco tiempo habían expropiado Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Tandanor, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ciccone. Estatizaron las AFJP y confiscaron YPF. Impusieron el cepo cambiario, falsearon el INDEC, cambiaron los marcos regulatorios de los servicios concesionados, en rigor, modificaron casi todas las reglas de juego en medio del partido.

Nos olvidamos que en ninguno de estos cambios el relato coincidió con lo que finalmente ocurrió. No mejoró ni el servicio, ni la vida ciudadana, ni las finanzas del estado. Nos olvidamos que el “vamos por todo” tenía entre sus batallas la “democratización de la justicia”. La declaración de inconstitucionalidad decretada por la Corte no desbarató la voluntad de apoderarse de la institución, sólo la demoró. Los “estratégicos” cambios en la estructura judicial que se van ejecutando nos demuestran que aunque las leyes de reforma no avancen, de todos modos se van acercando a su objetivo.

Cuando los principios son subvertidos o suprimidos por los intereses personales, hablar de justicia es una torpe utopía. Justicia y educación son los obstáculos para lograr la hegemonía, así que paso a paso van por ellos. La pandemia aceleró la tarea y entre sus pliegues, mientras llorábamos a nuestros muertos y enfermos, reptaba la impunidad procurando copar Juzgados, Cámaras y desacreditar a la Corte.

”En una pandemia no hay derechos” dijo el Senador Mayans y creímos que era por los DDHH de los formoseños, pero en rigor, nos estaba blanqueando el pensamiento oficial en relación a todos los derechos y a todos los ciudadanos.

Fernández no fue elegido por la actual vicepresidente porque fue el que más delitos le imputó públicamente, sino porque le garantizó su “llegada” a Comodoro Py y la rápida solución de sus problemas judiciales. Hoy esos conflictos persisten pero no por falta de cumplimiento del compromiso, sino por la pesada e inocultable carga de las pruebas que impide que los operadores del sistema puedan intentar con malabarismos audaces hacerlas desaparecer o ignorarlas.

Fernández sigue diciendo que no habrá indultos ni amnistías. En rigor cumple los deseos de su mandante. Ella quiere absoluciones y pedidos de perdón por parte de quienes osaron molestarla por una matriz de corrupción que después de todo heredó, aunque la aceptó sin beneficio de inventario.

Gritó ante los jueces que ya la había absuelto la historia y que los que deberían contestar preguntas eran ellos, pero sabe que para dormir tranquila necesita que esa absolución sea rubricada por los magistrados que la están juzgando.

Nunca se defendió de las imputaciones. Nunca las negó. Nunca intentó acreditar que no eran verdaderas. Su único grito de inocencia es “lawfare” y que las imputaciones son una persecución política ordenada por Macri . Olvida que muchas de esas investigaciones fueron comenzadas cuando Macri ni siquiera soñaba con ser presidente y que quien ocupaba el poder ejecutivo era ella.

La novedad (creo que también para Fernández) fue que los Jueces no se “adaptaran” a aceptar que tenían nuevos patrones. Tras el escudo de la independencia e imparcialidad que les garantiza la Constitución Nacional, los ignoraron. Al no lograr “doblegarlos” les resulta “inevitable” demoler la institución y van por ello.

Algunos expedientes se ralentizaron. Pocos se cerraron. Algunos de sus compañeros de aventura obtuvieron, como premio por su silencio, ventajas procesales. Pero las causas que más la preocupan porque demuestran claramente cómo se obtuvieron los ilícitos dineros que luego fueron lavados por los amigos del poder, siguen.

Las pruebas se exhiben en las audiencias pese a la amenaza que significa para el destino de los magistrados la manipulación política del Consejo de la Magistratura, el cambio de reglas en la valoración de la conducta de los fiscales y la designación de jueces “leales” a la causa kirchnerista, que intentan favorecer a quienes regresaron al poder y perseguir a como de lugar a quienes fueron recientemente desalojados del mismo.

Los frentes con los que atacan a la justicia y a sus funcionarios son múltiples y simultáneos. Inclusive a veces, aquellos que deben y pretenden defender la república, lo hacen con argumentos que favorecen a quienes atentan contra ella. La operación de impunidad sigue su marcha aun sin las leyes que procuran aprobar. Jaquear a la reina no será fácil mientras alfiles y peones se ocupen de su encubrimiento.

Argentina retiró la solicitud de extradición de quien se considera el testaferro de Lázaro Baez: Néstor Marcelo Ramos. Él intentó blanquear en los bancos suizos dineros que tenían como beneficiarios finales a los hijos de Baéz ¿Esos millones de dólares quedarán liberados junto a Ramos o se devolverán a las arcas públicas de las que fueron sustraídos?

Esta semana se espera una sentencia en la causa que investiga la distribución discrecional de la obra pública. Será una señal de alarma para Cristina o para quienes defienden los valores republicanos.

La designación de un Juez Federal con competencia electoral en el distrito más poblado del país, integra los quehaceres tendientes a cooptar la justicia. Se intenta ejecutar de hecho las “reformas” que normativamente se demoran.

El juez designado exhibe orgullosamente su condición militante. No resulta polémico sólo por lo hecho en la causa del supuesto “espionaje ilegal” donde resultó seriamente cuestionado por la Cámara Federal de Mar del Plata. Había rendido examen de lealtad – único antecedente que actualmente asegura una designación mucho antes.

Como Juez Subrogante paralizó las causas donde se investigaba una importante emisión de facturas apócrifas por parte de empresas pertenecientes a reconocidas familias de la ciudad para beneficiar a la empresa de Lázaro Baez. Esas maniobras además de perjudicar al fisco permitían disfrazar los sobreprecios de la obra pública y lavar el dinero generado por esas inexistentes erogaciones.

Fue además denunciado por extralimitarse en sus funciones, abusar de su posición de poder, coaccionar y amenazar al personal del Juzgado. Estos excesos los ejecutaba junto a doce personas que lo acompañaban pese a no ser empleados del tribunal. Coacción psicológica, despliegue de tareas de vigilancia y obtención de información personal de los empleados, e inclusive violación de secreto por su declaración por ante el Congreso.

Parece un buen CV para un cargo trascendente. Claro que el anterior gobierno, por incomprensible capricho no impulsó la designación de Alejandra Lázaro, excelente funcionaria judicial que no tenía tachas dejando así ese lugar estratégico en manos del azar.

Las modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia le otorgan al poder político el control del tribunal que analiza situaciones de monopolio y autoriza los procesos de fusiones y adquisiciones empresarias. Elimina la selección por concurso de sus miembros que serán elegidos de manera directa por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo. Le resta autonomía y autarquía a la autoridad nacional de competencia.

Los movimientos son sincronizados y parecen pasar inadvertidos para la oposición. Se discute el devenir de una u otra causa cuando el problema es medular. El poder judicial debe garantizar los derechos de los ciudadanos. En cambio, la transformación que se intenta pretende garantizar la impunidad de quienes los pisotean.

La creación de tribunales intermedios procura restar poder (no trabajo) a la Corte intentando que se desactiven las causas que no los favorecen. Designaciones estratégicas; creciente intervención en los derechos individuales; modificación del jury de enjuiciamiento de los fiscales; acoso sin reservas al Procurador Interino. Múltiples tácticas y un único objetivo.

Las bombas y las balas se reemplazaron por querellas que intentan disciplinar el comportamiento institucional. Judicializan lo que no pueden debatir por carecer de razones y cual si se tratara de Groucho Marx nos interpelan ¿A quién le van a creer, a sus propios ojos o a mí?.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp

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