José Hernández en el “Martín Fierro” se refiere muchas veces a los “jueces”. Siempre lo hace en forma negativa, representando a la injusticia, a lo que no debería ser.
Dra. Marta Nercellas
El Poder Judicial es uno de los poderes del estado. De su imparcialidad e independencia depende en gran parte la calidad de nuestra república. Entenderlo nos ayudaría a comprender la importancia de defenderla, cuando sin pudor ni rostros cubiertos (ni siquiera por los imprescindibles barbijos) la atacan. Este punto de partida literario nos muestra que nuestro camino será cuesta arriba.
Los intereses han logrado suprimir y subvertir los principios. El Poder Ejecutivo nos muestra sin pudor su objetivo: lograr su impunidad en los hechos de corrupción.
La simplificación binaria, los silencios elocuentes, los hilos de twits que agreden a la justicia desde las más altas magistraturas no transmiten ideas, pero sí amenazas y agravios. Señalan al otro como culpable de los pecados propios. Desnudan su esencia, pero se la adjudican al “enemigo”
Con actitud épica “nuestro” San Martín contemporáneo afirma estar refundando la nación, comprometiéndose a aquello que sabemos que no cumplirá; pero lo repite constantemente, tal vez para no olvidarse de agraviarlo. Mientras disparan esos fuegos artificiales aprietan a jueces y fiscales; intentan trasladarlos ilegalmente; aumentan la intervención política al Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y desalojar a los magistrados; fuerzan el desalojo del Procurador Casal por el imperdonable pecado de intentar ser independiente; generan denuncias falsas contra los exfuncionarios macristas; los jueces designados hacen gala de su parcialidad. Como no pueden disimular su culpabilidad intentan demostrar que todos son corruptos.
La credibilidad herida de muerte mancha con su sangre la forma republicana de gobierno. Sin embargo, convencidos que una mentira repetida muchas veces transforma su esencia deviniendo en realidad, siguen gritando “lawfare” sin importar que la investigación se haya promovido durante el anterior gobierno Kirchnerista y la que la sentencia se dicte cuando nuevamente recuperaron el poder y, para mayor ironía, un día en el que el P.E. era ejercido por quien resulta la directa, aunque tácita aludida en la condena.
Tal vez valga la pena recordarles a quienes pese a haber estudiado derecho parecen olvidar sus reglas más sencillas, que no es el juez quien condena sino las pruebas y en este caso esas pruebas se materializan en autos, maquinarias, cientos de hectáreas de estancias, millones de dólares que hicieron turismo internacional intentando borrar en el traqueteo la ilicitud de su origen.
Los funcionarios que trabajan para la liberación de la humanidad (o al menos de la Argentina) no son culpables. Lo son las corporaciones, el liberalismo, la oposición y los medios. Se les complica la trama urdida cuando el que alza su dedo acusador es de la propia tropa. Por eso el ataque a los arrepentidos. Pero pese a los esfuerzos oficiales dignos Jueces de nuestro Tribunal de Casación entendieron que esas declaraciones eran válidas.
Las pruebas que respaldan los procesos generan impotencia en el ejecutivo que intenta canalizarla con agravios. Afirman que la Corte es un tribunal poco calificado socialmente; que hacer una democracia más sólida es imposible ante jueces que acuden en auxilio de sus mandantes políticos o corporativos. Ante cada decisión judicial que contradice sus deseos de impunidad, las respuestas son violentas y con veladas (y a veces no tanto) amenazas.
Se ponen en acción todas las instituciones del estado. La O.A. abandona las querellas. Los organismos de control son copados por militantes que no controlan. La AFIP intenta que Lázaro Báez recupere sus bienes pese a su condena, invocando una amnistía fiscal que sólo redime los dineros negros acumulados por evasión y no aquellos amontonados por el “lavado” de millones proveniente de la corrupción.
Cambiaron el sistema jubilatorio obteniendo decenas de vacantes de quienes por esa razón se retiraron (abril del 2020, en plena cuarentena). Reglamentaron el nuevo régimen jubilatorio y ANSES les exige la renuncia a los funcionarios que tienen su jubilación en trámite u otorgada, bajo amenaza de manotearles parte de su futuro ingreso. Son más de 200 Jueces y Fiscales. Alejo Ramos Padilla (no necesita presentación) es designado Juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, mientras su padre denuncia al Camarista Federal Llorens no por mal desempeño, sino por temor a que haga su tarea correctamente conforme nos tiene acostumbrados.
Pese a tanto desatino el verdadero nudo del conflicto es la composición política del Consejo de la Magistratura. Su representación no cumple con el art. 114 de la Constitución. De sus 13 miembros, 7 son representantes de la política. Mérito de la modificación propuesta en el 2013 por la actual vicepresidenta. Debe nombrar y destituir jueces aunque no es un organismo ténico sino político. El avance sobre la justicia no es una novedad. El Kirchnerismo fue procurándola desde hace años sin desfallecer ni siquiera cuando la Corte decretó la inconstitucionalidad de la ley de “democratización de la justicia”.
La pandemia le permitió al gobierno restringir derechos, manipular con el miedo los espacios que necesitaba para avanzar con su agenda de concentración de poder y control judicial, posponiendo la emergencia económica, sanitaria y social. Igual que con las vacunas, las necesidades de la elite gobernante preceden cualquier otra consideración .
Las reformas no procuran mejorar el acceso a la justicia, su transparencia, el funcionamiento de los tribunales o el acortamiento de sus plazos. Por el contrario una comisión legislativa trasgrediendo lo reglado desarticula el nuevo código procesal para hacer eternas las investigaciones e impedir que en los delitos complejos (corrupción, narcotráfico, trata de personas) haya una condena firme que permita ejecutoriar las penas.Se proponen más tribunales intermedios, no para colaborar con la Corte sino para vaciarla de poder y prolongar los procesos para que terminen siempre con el sobreseimiento por muerte.
Debilitar las instituciones y la división de poderes es prioritario porque es la única defensa posible para que no recaigan condenas en los procesos en trámite. La prueba no pueden evaporarla porque además muchas fueron exhibidas ante los ojos de todos nosotros
Los alegatos defensivos caen exhaustos ante los millones que vimos contar en La Rosadita, las miles de héctareas propiedad de un ex empleado bancario, la marroquinería encontrada o relatada por los diferentes arrepentidos, las obras sin terminar (y hasta sin comenzar) pero íntegramentes pagadas.
Se dictan algunas resoluciones favorables ( Sobreseimiento a 213 funcionarios y empresarios en la investigación de subsidios al transporte; o en la tenencia de documentos históricos encontrados en el allanamiento de la casa de los Kirchner en El Calafate) pero en los temas esenciales, aquellos que muestran sin pudores la matriz de la corrupción, los que permiten armar la trazabilidad de la podredumbre que llega a la actual vicepresidenta, continúan su marcha pese a los embates constantes orquestados sin disimulo. Es hora que se entienda que la independencia judicial es sólo un mito de campaña.
La señora no quiere ni indultos ni amnistías. Debe proclamársela inocente y se le debe pedir perdón por “difamarla”. En los hechos sin embargo se actúa con intensidad en forma silenciosa y furtiva para “indultarla” mediante modificaciones de normas y cambios de funcionarios.
El gobernador señalado como ejemplo republicano por el presidente es intimado por la Corte para que respete los DDH. Se ordena el remate de bienes ilícitamente obtenidos por quien fuera secretario de Kirchner. La jueza mendocina Gallardo decomisa y ordena rematar bienes de la corrupción. Se eleva a juicio a la “cocinera” de De Vido por lavado de dinero. Otro secretario de la Vicepresidenta muere millonario en manos de asesinos que lo torturaron para que les entregara parte de sus bienes mal habidos. La lista es interminable. Los millones caen en los jardines de quienes estan cerca de los funcionarios sin que puedan explicar la ley de la gravedad que los impulsa.
La suma de errores no son una casualidad sino una política. La agenda del gobierno se encuentra con más temas referidos a sus egoístas necesidades, el deseo de aniquilar la independencia judicial y lograr la impunidad de los corruptos, que a intentar salir del estado de recesión y pobreza en el que estamos y que, discursivamente, será culpa de la pandemia y del anterior gobierno.
Al inaugurar las sesiones legislativas el pasado año el presidente nos anunció: “Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza” Y agregó:” No hay lugar para los privilegios “. “Toda simulación de los actos o dichos de los dirigentes representa una estafa al conjunto social”
El de este año podría ser mucho más corto, simplemente: “No cumplimos ninguno de los objetivos y trabajamos para lo contrario” y tal vez correspondería también un: “Perdón”.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp
