Por Atilio Molteni-Embajador
El 24 de febrero la Administración Biden dio a conocer un informe de inteligencia de dos páginas, referente al asesinato el 2 de octubre de 2018 del periodista del Washington Post de origen saudita Jamal Khashoggi, que nunca fue un caso cerrado (pero cuya difusión fue evitada por Trump), en cuyo texto se confirma lo que ya se sabía. Desde sus inicios el interés mundial se posó sobre la desaparición del referido columnista, quien después de ingresar al Consulado General de su país en Estambul, al que concurriera para realizar un trámite referido a su próximo matrimonio, desapareció sospechosamente.
A las pocas horas de lo sucedido, funcionarios turcos hicieron trascender que había indicios de que Khashoggi había sido torturado y asesinado por un grupo de individuos llegados desde Riad, con vínculos con la Casa Real de ese país, algunos de ellos con acceso directo al príncipe heredero Mohammed bin Salman, también conocido como MBS. Obviamente, se le tendió una trampa al periodista y nada de lo que ocurrió, según se supo después, fue accidental. Desde un principio, las autoridades sauditas negaron lo sucedido y pusieron distancia de los hechos.
Khashoggi aquilató una larga trayectoria como periodista desde los años 80 y estuvo ligado a acontecimientos relevantes de su país, como el apoyo saudita a los mujahedeen de Afganistán. En varias ocasiones trabajó para el gobierno de su país, en especial para figuras centrales de la Corona y representó a varios medios de prensa. En su juventud habría tenido contacto con los Hermanos Musulmanes y con Osama Bin Laden, pero al lanzarse este último al yihadismo sus caminos se bifurcaron.
Fue un gran entusiasta de la Primavera Árabe en 2011 y de la necesidad de lograr una prensa regional independiente y cultora de la libertad de expresión. En 2017, al consolidarse las tendencias internas represivas motorizadas por el príncipe heredero de su país, optó por autoexiliarse en los Estados Unidos, donde escribía en el diario The Washington Post, desde una posición disidente o antagónica hacia el poder saudita.
A partir de 2015, fecha en que llegó al trono el rey Salman en Arabia Saudita, quien realizó nombramientos y cambios sustanciales en la estructura del gobierno, modificando las responsabilidades y la organización del poder de la nueva generación de la familia Al Saud, nietos del fundador del reino, Khashoggi mantuvo distancia prudencial con los acontecimientos.
Por entonces, el hijo del Rey Salman, el príncipe heredero Mohamed bin Salman (36), se convirtió en la figura central del país. Además, al controlar éste las fuerzas de seguridad dejaron a un lado a rivales potenciales y arrestó a figuras prominentes acusándolas de corrupción, mientras comenzaba a realizar cambios sociales y económicos importantes.
En el pasado los sauditas siempre se caracterizaron por desarrollar acciones conservadoras, buscando el consenso de las distintas facciones de la familia real, de los hombres de negocio y de las figuras religiosas conservadoras. En cambio, el actual príncipe heredero comenzó a desarrollar una acción más asertiva y centralizada, y nada sucede en el Reino sin su autorización.
El reinado de Salman implicó el comienzo de una nueva fase en la política exterior de Arabia Saudita, en la que MBS tuvo especial participación al profundizar el acercamiento a Washington tras la salida de Barack Obama y crear un antagonismo extremo con Irán, lanzar una intervención militar muy controvertida en Yemen y endurecer sin miramientos la relación con Catar.
Además, esta nueva monarquía autocrática debió hacerse cargo de problemas internos muy significativos, pues debió hacer frente a la crisis del bajo precio relativo del petróleo, el factor que provee el 75% de los ingresos fiscales y el 90% de sus divisas de exportación, de modo que sus gobernantes tuvieron que adaptarse a la idea de pilotear un futuro menos próspero y estratégico, lo que implicó la necesidad de buscar otra clase de inversiones y modificar la estructura económica del Reino.
Huelga recordar que Estados Unidos y Arabia Saudita tienen una larga relación estratégica. Prueba de ello es que el entonces presidente Trump fue excepcionalmente recibido al desarrollar su primer viaje al exterior en mayo de 2017, ya que éste había decidido volcar sus esfuerzos a crear una posición virulentamente antagónica con Irán y nunca demostró interés en los temas referidos a la democracia y los derechos humanos.
En virtud de esas percepciones, la Casa Blanca coincidió sin esfuerzo con los puntos de vista regionales sauditas al denunciar el Acuerdo Nuclear con Teherán y colocar al país como una pieza central de la política de Washington en Medio Oriente, borrando la intención de Obama, quien apostó a un equilibrio regional entre los dos países del área.
Los Estados Unidos dependen mucho de la capacidad saudita de mantener los precios del petróleo en el mercado mundial, al tiempo que Riad sigue siendo un gran cliente para los armamentos estadounidenses, un colaborador en la búsqueda de avances pacíficos entre Israel y los palestinos y una fuerza valiosa para la solución de otros conflictos regionales. Pero ello supone brindarle a Arabia Saudita una fuerte cooperación militar y financiera.
Los informes de inteligencia (desde el vamos) fueron sugiriendo la participación saudita en el crimen, coincidiendo con las numerosas críticas de los demócratas en el Congreso a la pasividad norteamericana, y del activismo desarrollado por el Washington Post y otros órganos de prensa estadounidenses, no obstante, el Gobierno de Trump se negó a sancionar a Riad o disminuir los contactos con la monarquía saudí, teniendo en cuenta que cualquier acción en contra del Reino sería respondida con un despliegue mayor, lo que evoca la idea de que estaban listos para utilizar el “arma petrolera”.
Sin embargo, el 19 de octubre de 2018 los saudíes debieron rendirse ante los hechos, admitiendo que Jamal Khashoggi había muerto durante una lucha en su consulado de Estambul, que como resultado de una investigación se había arrestado a 18 personas (que luego fueron condenados en un juicio cerrado) y se había despedido, entre otros, al subdirector de Inteligencia saudita, General al-Assiri, muy cercano al príncipe heredero.
Ese desarrollo no exoneró a MBS de la responsabilidad que le adjudica la comunidad internacional, dado el control que ejerce en cada uno de los acontecimientos nacionales.
Ahora, la Administración Biden que ya había anunciado que recalibraría sus relaciones con el Reino, anunció el 26 de febrero que no impondría ninguna sanción directa a la conducción real, pero hizo conocer una directiva negando la posibilidad de otorgar visas estadounidenses a los individuos que, actuando en nombre de Gobierno extranjeros, se considere que han actuado en acciones extraterritoriales contra actividad de disidentes, por la cual se aplicó esta decisión a 76 ciudadanos sauditas, y se puso en práctica una política que podrá aplicarse a otros abusos de derecho que tengan lugar en el mundo.
El día anterior, el presidente Biden mantuvo una conversación con el rey Salman, sin que trascendiera si trataron el caso Khashoggi, mientras otros funcionarios estadounidenses anunciaron que sólo tratarían con MBS en su calidad de Ministro de Defensa, dejando de lado los contactos frecuentes que la Administración Trump mantuvo con él en el pasado.
Esto demuestra que Washington querría separar la relación con el Reino con la figura del príncipe heredero, lo cual para algunos analistas va a constituir una posición difícil de mantener debido a la posibilidad cierta que llegue a ser muy pronto la máxima autoridad saudita.
Posiblemente, va a constituir otro ejemplo de los que ya existen, en los cuales una democracia tiene que dialogar y negociar con potencias autocráticas como es el caso de China o Rusia, siendo el resultado del realismo que orienta las relaciones internacionales. Sin embargo, esta política posiblemente será resistida por el sector progresista del Partido Demócrata.
Atilio Molteni-Embajador
INT/BN/cc.rp.
