El presidente Alberto Fernández se propuso presentar el “acuerdo” con todos sus detalles el próximo viernes. Difícilmente esa aspiración se cumpla. En las últimas horas los técnicos del FMI, han reiterado que la reducción de los subsidios deben ir acompañadas por un aumento del 60% en las tarifas de los servicios públicos. En el Gobierno, bajo presión de la interna del FdeT, acota ese ajuste al 20%. La negociación entró en un pantano, del que la Casa Rosada espera salir en el transcurso del próximo fin de semana largo, La presentación oficial del “entendimiento” con todos sus detalles ante Congreso se concretaría la próxima semana.
Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, ese aumento es inviable y busca convencer al staff técnico del FMI de “un aumento racional” que contenga -como ya se anunció- una segmentación. En ese sentido, el ministro avanza con la idea de aplicar una suba en las tarifas por encima de lo que admite La Cámpora y el cristinismo para este año, que es del 20%. Para Guzmán el alza debe ser un porcentaje del incremento salarial previsto. Este año, el Gobierno busca establecer que en las paritarias se negocie en torno al 40% con la intención de anclar las expectativas inflacionarias en un 40%/42%.
Las tratativas de último momento alrededor del aumento de las tarifas han entorpecido el cierre de un acuerdo -la posibilidad de presentar una carta de intención y un memorándum de entendimiento- que tiene que pasar por el Congreso y luego llegar al board del FMI. La Argentina tiene como fecha límite los últimos días de marzo, según el acuerdo con el Club de París, pero también por el importante vencimiento de US$2800 millones con el propio Fondo.
El principio de entendimiento sellado con el Fondo prevé una meta de reducción del déficit fiscal primario para este año de 2,5% del PBI, que cae a 1,9% en 2023; y al 0,9% en 2024. En 2025 se llegaría al equilibrio fiscal. Parte de ese sendero, según el comunicado que se publicó cuando se divulgó el preacuerdo, se logrará con una “reducción gradual” de los subsidios económicos. La emisión monetaria debería ser de 1% del PBI este año. Pasaría a 0,6% del producto en 2023 y llegaría a cero en 2024. Por otro lado, se establecerán tasas de interés por arriba de la inflación.
El nudo, que debe desatar el Gobierno, es la exigencia de los técnicos del FMI que demandan un aumento del 60% en las tarifas de los servicios públicos. Se basan en la necesidad de reducir los subsidios a la energía, que en 2021, representaron 2,3% del PBI, con US$11.003 millones de transferencias del Tesoro Nacional. Un gasto que tuvo un aumento de 77% con relación a 2020 (1,6% del PBI) y de 131% en comparación con 2019.(1,1% del PBI). Para este año, según el proyecto de presupuesto 2022 que no fue aprobado por el Congreso, Guzmán planteó que los subsidios al sector energético representarían el 1,7% del PBI.
El ministro negocia en medio de una pelea interna feroz con los sectores de La Campora y kristinistas, que se oponen en principio al acuerdo con el FMI, y que no toleran un aumento superior al 20% en la tarifas., Mientras tanto Guzmán intentará acordar con los técnicos del Fondo un ajuste que rondaría el 35%, en lugar del 60% que considera inaceptable.
En este escenario en Casa Rosada reconocen ahora que el acuerdo podría demorarse más allá de la Asamblea Legislativa del próximo martes 1 de marzo, según confirmaron altas fuentes oficiales. El Presidente tiene previsto en ese discurso referirse al tema, consciente que se acerca el vencimiento del 22 de marzo, cuando el Gobierno debería hacer frente a un pago de 2800 millones de dólares que no puede afrontar con las reservas actuales del Banco Central.
Sin “acuerdo” aprobado, en el Congreso y por el board del FMI, el riesgo del “default” y sus consecuencias se visualiza en el horizonte.
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