La Sala I de la Cámara Federal porteña en el fallo de hoy sostiene que fueron acusados como responsables del ataque los miembros de Montoneros Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza, ordenó a la jueza federal María Romilda Servini de Cubría que dicte un nuevo fallo respecto del pedido de un grupo de organizaciones civiles para investigar el atentado de Montoneros en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en 1976. En noviembre pasado, la jueza se había negado a reabrir el expediente sin darles trámite a los planteos; sostuvo que la causa había sido declarada prescripta y que eso no podía revisarse. Ahora, los camaristas le exigen que analice nuevamente el caso.
De esta manera surge una nueva oportunidad de juzgar el mayor atentado ocurrido en la Argentina durante los años 70. Una historia trágica que comenzó cuando un infiltrado de Montoneros colocó una bomba en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, 2 de julio de 1976. El estallido, poco antes de las 2 de la tarde mató a tres oficiales de la Policía Federal, veinte suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga.
El fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens no establece que la causa deba reabrirse, pero le ordena a Servini que analice y responda los planteos de reapertura, algo que hasta ahora la jueza no hizo. Según la Cámara, el fallo de Servini que ratificó que el caso está prescripto “contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido” porque “no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley”.
La Cámara destaca que la jueza no consideró “el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas” ni analizó “la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra” del ataque. Tampoco revisó -destacaron los magistrados- si se trató de un “caso de grave violación a los derechos humanos”. Esta categoría a la que aluden los camaristas podría ser la vía para reabrir la causa sin declarar que es un caso de lesa humanidad.
El responsable del ataque fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en Montoneros, que ya actuaba en la clandestinidad. Incluso, su nombre figura en la carátula de la causa judicial que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles, procuró reabrir a partir del escrito presentado en el juzgado de Servini.
El comedor de la dependencia policial, ubicado en Moreno 1431, a una cuadra del Departamento Central de Policía, era frecuentado en su mayoría por personal civil y suboficiales de baja graduación, incluidas varias mujeres que pertenecían al área administrativa. Así lo había informado el propio Salgado a sus superiores en la organización guerrillera, pese a lo cual la conducción nacional del movimiento armado, con Mario Firmenich a la cabeza, decidió por votación seguir adelante con el plan.
Dos semanas antes del ataque al comedor, el 18 de junio, una bomba había asesinado al jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, en un hecho que conmocionó al país. El artefacto explosivo fue colocado debajo de su cama por la militante montonera Ana María González, que meses antes había trabado amistad con la hija del jefe policial.
A Cardozo lo sucedió el general Arturo Amador Corbetta, abogado y militar, partidario de combatir a los guerrilleros pero “con la ley en la mano”, explica el periodista Ceferino Reato en su libro “Disposición final”, en el que entrevistó al dictador Jorge Rafael Videla. El autor sostiene que el atentado en la Superintendencia de Seguridad Federal –un área conocida también como Coordinación Federal- provocó una fuerte reacción dentro de la Policía contra el liderazgo de Corbetta, quien duró solo diez días en su puesto.
Salgado se preparó y ensayó para el ataque. Durante los días previos ingresó varias veces a la dependencia policial con un paquete y comprobó que nadie lo revisaba. El día programado llevó un maletín con la carga explosiva de 9 kilos de TNT y bolillas de acero –una bomba de tipo vietnamita-, preparada en laboratorios de dos unidades básicas de La Plata. Lo dejó en la silla, con el detonante de tiempo activado, y abandonó el lugar. Tras el atentado, siguió combatiendo en Montoneros y hoy su nombre luce en el Parque de la Memoria, el monumento con el que el gobierno de la Ciudad recuerda a las víctimas de la represión militar.
Montoneros se atribuyó el ataque pocas horas después de la explosión, en un comunicado en el que definió al atentado como “un hecho de guerra”. Muy cerca del saldo final, la agrupación estimaba que la explosión había producido 25 muertos y confiaba en que podían ser más. Y pronosticaba que la capacidad operativa de la sede policial quedaría “seriamente afectada” por un período de tres meses.
De los 24 muertos (19 hombres y cinco mujeres), 21 fallecieron en el instante de la explosión. En los nueve días siguientes murieron otros tres en el hospital Churruca.
La presentación judicial que busca declarar crímenes de lesa humanidad a los atentados de los Montoneros y del ERP, entre otras organizaciones guerrilleras, es interpretada por sus impulsores como una oportunidad para corregir asimetrías que llevan décadas.
Adhieren al reclamo judicial el Foro de Generales Retirados, el Círculo Militar, el Foro de Almirantes, la Unión de Promociones, que reúne a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad; la Asociación Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, la Unión del Personal Militar Asociación Civil (Upmac) y la Corporación de Abogados Católicos, entre otras entidades.
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