jueves 1 diciembre 2022

Avión venezolano-iraní.  Convertido en una “matrioshka” surgen nuevos datos y la fiscalía pide más información al FBI

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«Se debe investigar la posible relación de Gholameza Ghasemi con actividades de terrorismo internacional», sostuvo la fiscal Cecilia Incardona cuando esta semana imputó al piloto del avión venezolano-iraní secuestrado por la justicia en el aeropuerto de Ezeiza. Su pedido se basó en informes del FBI y del Tesoro de Estados Unidos que vinculaban a la firma Maham Air -que operó el avión al menos hasta enero- con organizaciones consideradas terroristas por Washington. Ahora, el juez Federico Villena libró nuevos exhortos a Estados Unidos para saber si Ghasemi es investigado y si tiene restricción de circulación.

Para la Justicia, el planteo que el Gobierno sostuvo respecto a la identidad del piloto del Boeing 747 -que se trata de un supuesto homónimo de un ex directivo aerocomercial ligado a las fuerzas Al Quds- carece de sustento. También la «hipótesis Agustín Rossi», según la cual los tripulantes iraníes estaban enseñando a volar la aeronave a sus colegas venezolanos.

Ante la posibilidad de que Ghasemi se encuentre bajo investigación en Estados Unidos por sus posibles vínculos con organizaciones terroristas, el nuevo pedido de Villena solicita específicamente que se informe si se «adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».

También se preguntó si «pesa o no un embargo o restricción formal sobre la aeronave Boeing 747-300(M), matrícula YV3531».

El nuevo pedido impulsado por Incardona busca profundizar la información recibida de agencias y organismos estatales americanos. Uno de los principales datos que informó el FBI y que ponderó la fiscal fue que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto».

La firma Qeshm Fars Air figura en el plan de vuelo como dueña original de la aeronave, fue apuntada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su supuesta participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa «proporciona asistencia a Qods Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT)».

Ese documento dice que sin autorización expresa del FBI en una comunicación separada, «la información allí consignada sólo puede ser utilizada para inteligencia». Por ese motivo, la fiscalía pidió que se amplíen los datos proporcionados por la inteligencia americana.

De todos modos, la representante del Ministerio Público Fiscal aclaró que de la investigación surgieron «varios rastros que imponen la necesidad de proseguir la investigación respecto de Ghasemi Gholamreza, de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo».

Después del informe pericial sobre el celular de Ghasemi, que tenía algunas imágenes de tanques, misiles y también fotografías de él mucho más joven identificado con el uniforme de Fuerzas Al Quds, la justicia busca determinar su relación con organizaciones terroristas y su verdadero rol en el vuelo que terminó aterrizando en Ezeiza.

Para la justicia, otro eje central en la causa es determinar de modo fehaciente la titularidad de la aeronave. Según el plan de vuelo que la trajo a la Argentina, la dueña es la firma Qeshm Fars Air, compañía iraní de la cual es CEO Ghasemi, según supo la justicia. Además, está vinculada a la otra aerolínea, Mahan Air, que «es considerada una compañía que colabora con organizaciones terroristas de su país de bandera», sostiene el dictamen de la fiscal Incardona.

En el informe del FBI incorporado al expediente judicial surge que Mahan Air fue sancionada por Estados Unidos en octubre de 2011, por proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para las Fuerzas Al Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní, y por transportar armas y personal para Hezbollah.

Cuando explicó por qué tanto Mahan Air como Qeshm Fars Air están sancionadas, el Tesoro de Estados Unidos dijo que una de las modalidades de actuación de estas organizaciones «es utilizar vuelos civiles para transportar clandestinamente armas, componentes militares avanzados, entre otros elementos». Sobre ese punto, la fiscal argentina agregó: «En nuestro caso, justamente se trató de un vuelo comercial (civil) comandado por el nombrado Ghasemi».

Luego de los allanamientos en el avión y el hotel en el que se aloja la tripulación del avión, hasta ahora se peritaron 18 celulares y un conjunto de tablets. Sin embargo, la fiscal Incardona informó al juzgado de Villena que llamó la atención que en una de las habitaciones del hotel ocupada por el iraní Abdolbaset Mohammadi, se secustró «un IPad-Apple bloqueado que habría sido retirado de la aeronave por los tripulantes pero que no pertenecería a ninguno de ellos».

Sobre este punto se pidieron más medidas. No sólo que se perite el aparato electrónico y la traducción de su contenido, sino que se pueda esclarecer también su titularidad y porqué todos sostienen que no les pertenece cuando fue extraído del Boeing 747.

P/ag.cl.ls.ln.vfn/gr.rp.

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