La decisión de revocar su procesamiento y sobreseerlo la tomaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que dejaron sin efecto el fallo dictado contra Macri por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, en diciembre del año pasado. Luego del fallo de Bava el caso fue trasladado a los tribunales de Comodoro Py por una cuestión de competencia y desde entonces está en manos del juez Julián Ercolini.
Los jueces entendieron que las acciones de inteligencia sobre los familiares de las víctimas no constituyeron un delito. “Consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas”, dijeron los camaristas sobre la información que recopiló la AFI sobre los familiares de los tripulantes. Hicieron consideraciones sobre la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) y dijeron que no fue vulnerada por las acciones de inteligencia desplegadas por la AFI.
La Cámara Federal tomó su decisión de hoy después de una audiencia en la que el abogado de Macri, Pablo Lanusse, sostuvo que no había pruebas para que el expresidente estuviera procesado. Los familiares de las víctimas que son querellantes en la causa, por el contrario, habían pedido que el fallo de Bava fuera confirmado.
No es el primer fallo de la Cámara Federal porteña a favor de Macri y sus exfuncionarios en materia de espionaje ilegal. El diciembre del año pasado, Bertuzzi y Llorens dijeron que no se podía probar el funcionamiento de una asociación ilícita durante el gobierno de Cambiemos y revocaron los procesamientos que habían sido dictados contra los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en los tribunales de Lomas de Zamora.
La causa en la que hoy se revocó el procesamiento de Macri fue iniciada por una presentación de la exinterventora de la AFI Cristina Caamaño, que denunció en la Justicia las acciones de inteligencia llevadas adelante por la gestión de Arribas y Majdalani contra quienes en ese entonces reclamaban al gobierno de Macri por el submarino.
Aunque hay varios expedientes abiertos en Comodoro Py que lo involucran, esta es la única causa por la que Macri fue indagado, además del viejo expediente por espionaje ilegal que fue cerrado por el fallecido juez Norberto Oyarbide, 20 días después de que asumiera el gobierno de Cambiemos.
Cuando Bava procesó a Macri dio por probado que la AFI macrista había hecho seguimientos ilegales contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri había sido quien los ordenó. Por eso, lo procesó como “responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.
Bava afirmó que estaba “acreditado” que “por lo menos entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018″ Macri, como presidente, “posibilitó la realización de las tareas ilegales”, “almacenó parte de ese producido” y “utilizó esa información de inteligencia ilegal” realizada por la AFI de Mar del Plata para conocer de antemano los reclamos que iba a recibir de los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino. Ese fue el fallo que hoy quedó sin efecto.
En otro fallo firmado este viernes, los camaristas federales también revocaron los procesamientos de Arribas, Majdalani y el resto de los funcionarios de la AFI imputados en lo que se denominó “Proyecto AMBA”. Se les dictó la falta de mérito. El fallo que los había procesado fue firmado por el exjuez de Dolores Alejo Ramos Padilla en diciembre de 2020.
Según la descripción de Ramos Padilla, “el llamado ‘Proyecto AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados del año 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en esa provincia durante el año 2017″. Desde esas bases, según Ramos Padilla, se habían ejecutado maniobras de espionaje político.
Bruglia, Bertuzzi y Llorens hoy consideraron que la investigación debe ser profundizada en primera instancia y cuestionaron parte de la prueba que Ramos Padilla tomó en cuenta a la hora de dictar esos procesamientos. Cuestionan, sobre todo, el hallazgo de dos discos externos en el edificio de la AFI durante la gestión de Caamaño, aportados por ella misma a la Justicia. Pusieron en duda la validez y el trayecto de esa prueba. Y le encomendaron al juez Julián Ercolini realizar un peritaje técnico sobre esos archivos de prueba. “Se presenta harto necesario contar con un peritaje que permita dilucidar también la computadora en la que se originó cada archivo achacado (…)”.
“No se efectuó ninguna diligencia eficaz tendiente a determinar la integridad física del contenido de aquellas memorias para poder afirmar que no fue manipulado tanto previo como luego de su hallazgo en la sede de la AFI y, en caso negativo, dejar en evidencia cuáles fueron aquellas modificaciones”, consideraron.
También le dijeron al juez que debe precisar qué hecho concreto se le enrostra a cada uno de los imputados en la causa, algo que, según el fallo, no fue correctamente valorado por Ramos Padilla.
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