Al menos siete de cada diez personas que mes a mes acceden, en razón de su edad, a una prestación gestionada por la Anses, lo hacen habiendo llegado a la etapa de retiro laboral sin cumplir con el requisito de contar con 30 años de aportes que rige en el sistema general de previsión social. En ese grupo están quienes logran una prestación del régimen contributivo en virtud de su adhesión a una moratoria, y quienes acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por ley en 2016 y equivalente al 80% del haber mínimo. La posibilidad de ingresar a los planes subsidiados de pago de aportes, con cuotas que se descuentan del haber mensual, se va restringiendo con el tiempo y es diferente para mujeres y varones.
Según los últimos datos del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, en el primer semestre de este año, de 178.205 jubilaciones dadas de alta, el 64%, es decir, algo más de 114.000, correspondió a casos con moratoria. Y en todo 2021 accedieron a una prestación por la vía de ese recurso casi 211.000 personas, el 69% de las 305.736 que obtuvieron el alta de su jubilación. Ese año, además, se dieron 56.322 PUAM, de las cuales solo 2,2% fueron para personas que tenían 10 o más años de aportes. Así, del universo de nuevos beneficios otorgados en 2021 –362.058 entre las jubilaciones y las citadas prestaciones no contributivas–, el 74% correspondió a quienes no habían acumulado 30 años de aportes. En 2019 esa participación fue de 68,5% y en 2020, de 65,5%.
Una razón por la cual el año pasado creció la participación de las altas en el sistema contributivo de jubilaciones con moratoria (y el número de altas en general) es la instrumentación de una política que les permite, solo a las mujeres, contar entre uno y tres años de aportes por cada hijo. Según anunció la Anses, a un año de implementada la medida se otorgaron 180.000 beneficios que incluyeron ese reconocimiento.
Los datos citados son un fuerte reflejo de un problema estructural de la Argentina: la persistencia de una muy alta informalidad laboral, vinculada con la pobreza, que coexiste con un sistema previsional rígido en sus requisitos. No se contemplan, por caso, prestaciones proporcionales si hubo aportes por una determinada cantidad de años (sin llegar a 30). Incluyendo a asalariados y cuentapropistas, la mitad de los trabajadores no está registrado, según datos del Instituto Torcuato Di Tella, basados en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
Las moratorias, en ese contexto, plantean una salida que tiene un diseño más adecuado para una cuestión temporal. Y esquivan, por tanto, dar solución del problema de fondo, para el cual tampoco hubo, hasta ahora, una política efectiva.
Una de las moratorias hoy vigentes es la de la ley 24.476, que permite declarar deudas por aportes no hechos, correspondientes a períodos previos a octubre de 1993. Un varón que cumple 65 años este mes podría accede a un plan por contribuciones de un período de 18 años y dos meses. La ley 26.970, en tanto, permite la declaración de obligaciones a pagar por aportes de meses previos a 2004; en este caso, solo las mujeres pueden acceder y las que, por ejemplo, cumplen 60 años este mes, podrían hacerlo por una deuda de 23 años y cinco meses. En todos los casos, se debe haber tenido al menos 18 años en el mes más antiguo por el que se hace la declaración. Por esa razón, el régimen de moratorias se va agotando naturalmente con el paso del tiempo. Es un aspecto que, desde ya, lo hace inequitativo, porque diferencia el acceso a derechos solo por la fecha de nacimiento de las personas, sin importar si unas y otras fueron afectadas por un mismo contexto de crisis.
Pero, además, la segunda de las leyes citadas fijó, para el sistema en sí mismo, una vigencia temporal. Prórrogas mediante, hoy pueden inscribirse al plan las mujeres con 60 años o que cumplan esa edad hasta el 31 de diciembre. En rigor, se dispuso que la fecha límite es el último día de este año, pero el plazo quedará sin efecto si el Congreso aprueba antes “un régimen para el acceso a las prestaciones a través de un plan de regularización de deuda”.
¿Y qué está pasando en el Poder Legislativo? En el contexto de un plan de ajuste fiscal que instrumenta el ministro de Economía Sergio Massa, podría ocurrir que se postergue una vez más la fecha tope para el ingreso al ya explicado plan de la ley 26.970, o que se avance con una más costosa propuesta del kirchnerismo: la que busca crear, con vigencia por dos años, un sistema por el cual se comprarían “unidades de pago de deuda previsional” –que tendrían un valor predeterminado y que equivaldrían, cada una de ellas, a un mes de aportes– teniendo ya la edad jubilatoria o, incluso, desde unos años antes, para saldar luego la obligación declarada al Estado en hasta 120 cuotas, descontadas eventualmente del haber jubilatorio mensual.
Ese proyecto ya fue votado por el Senado. En Diputados, dos semanas atrás hubo una reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, en la cual se escuchó a algunos especialistas. Ahora se prevén dos encuentros más de consultas, antes de que se evalúe si el proyecto tendrá dictamen para pasar al recinto.
“Hay que reformular y no agujerear el sistema”, dijo en esa reunión Jorge Boasso, director del posgrado y profesor de Derechos de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario, quien también consideró que, en lugar de seguir prolongando los sistemas de moratorias, se debería actuar con mayor creatividad, crear un esquema de haberes proporcionales a la cantidad de tiempo con contribuciones y, cuando no haya una cantidad mínima de aportes, otorgar prestaciones no contributivas.
La creación de la PUAM, para cuyo acceso –al igual que para entrar a las moratorias– se pide cumplir con requisitos socioeconómicos, tuvo, justamente, esa última intención.
Para el abogado y docente universitario Federico Despoulis Netri, no hay que pedirle a la Anses que, con un sistema de “moratoria eterna”, resuelva los problemas que están en la etapa activa de las personas (dadas las falencias del mercado de trabajo). Basado en cifras difundidas desde el Gobierno, el abogado señaló que el proyecto de ley en estudio provocaría el ingreso al sistema contributivo de unas 600.000 personas. “La primera pregunta es cómo financiar eso”, cuestionó, respecto de un aspecto no contemplado en la iniciativa impulsada por el kirchnerismo. Y apuntó que, en materia previsional, debería haber “una política de Estado y no de gobiernos”, que es lo que en la práctica viene ocurriendo.
“Si dejamos entrar a todos en el sistema contributivo se genera un problema no solo desde lo presupuestario, sino también entre la gente –afirmó por su parte el abogado previsionalista Adrián Tróccoli–, porque termina dando igual si se aporta o no”. Más de un especialista recordó que, con sus aportes de monto actualizable trimestralmente y el requisito de 30 años con contribuciones, los autónomos cobran el haber mínimo. “Previsión viene de pensar antes y acá estamos hablando de pensar la cosas después”, reflexionó, respecto de los planes de “compra” de aportes una vez llegada la edad jubilatoria.
Tróccoli agregó que, al mirar los costos, hay varios temas a considerar. Por ejemplo el hecho de que, a diferencia de la PUAM, las jubilaciones del sistema contributivo (como las que se dan por moratorias) dejan el derecho a pensión, además de que no permiten dar marcha atrás con un beneficio concedido si, por algún motivo, la situación socioeconómica de una persona se modifica (con una ampliación de sus ingresos o de sus patrimonios). Y agregó que un dato a tener en cuenta es que el examen socioeconómico se hace sobre cada persona y no sobre el grupo familiar al que pertenece.
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