Tras la masiva marcha de apoyo a la vicepresidenta del sábado y del raid mediático de sus seguidores -militantes y dirigentes- hablando de un «discurso de odio» por parte de opositores y periodistas, este domingo el senador José Mayans avanzó un paso más: «No habrá paz social si no frenan el juicio contra Cristina Kirchner», buscó instalar. Se lo reclamó a la Corte.
No es un senador más: formoseño, cercano al inoxidable gobernador Gildo Insfrán, Mayans se convirtió en un hombre de absoluta confianza de la vicepresidenta, al punto de conducir el bloque de legisladores nacionales en la Cámara alta.
Días atrás, en un encuentro privado de apoyo con diputados y senadores, fue quien sugirió una nueva candidatura presidencial de Cristina. Ella, dicen, lo frenó. Algo parecido a lo que hizo este domingo Oscar Parrilli con el pedido para frenar el juicio: «Para CFK sólo JUSTICIA, sin paralizaciones, o injerencias extrañas, y con jueces imparciales», tuiteó.
Pero más allá de cuánto de espontánea o ficcionada tenga la jugada, lo concreto es que a nivel jurídico, según los especialistas, el reclamo es un «disparate». Y vuelven a aquel 21 de junio.
«El juicio tiene que continuar. La Corte ya se expidió y de manera unánime. Fue cuando rechazó los 12 recursos, de Cristina y otros imputados, y garantizó que el proceso arranque. Ahora no hay más nada que decir», explicaron este lunes a Clarín.
En el medio, vale recordarlo, hubo otro intento frustrado de la vice para al menos demorar el proceso. Fue cuando recusó a fiscales y jueces que intervienen ahora en el caso por sus supuestos vínculos con el macrismo. La Casación también lo rechazó.
Por este lunes, se retomaron los alegatos, con las defensas. En las próximas semanas será el turno de Cristina. Según calculan en Tribunales, el fallo debería salir antes de fin de año. Cerca de la vice ya dejaron trascender que ante una eventual condena podrían acudir a alguna instancia internacional. La eventual reacción política y callejera, luego del atentado, toma otra dimensión e incertidumbre.
La teoría Kicillof y el rechazo opositor
Uno de los dirigentes más activos en fogonear la teoría del odio, a partir de una conspiración judicial y mediática, es el gobernador Axel Kicillof. «El alegato del fiscal Luciani desencadenó esta fase de conflicto social», argumentó en un programa radial oficialista.
Y siguió: «Estamos ante las consecuencias, y las causas, de ese disparo que no salió. Sigo impactado con lo que sucedió. Estuvo a punto de ser asesinada la figura política más importante del país. Si el discurso demoniza, habilita a agredir. Los periodistas que no siguen esa línea de agresión quedan afuera de los medios».
La hipótesis va en línea con otro intento de avance oficialista: una ley contra el odio para regular la actividad de los medios. El tema ya fue rechazado por la oposición. De igual manera, hubo réplicas al reclamo de Mayans.
«Éste es el nudo de la cuestión. Éste es el centro del chantaje: que la Justicia no actúe», aseguró el diputado macrista Hernán Lombardi. Para el senador radical Luis Naidenoff, los dichos de Mayans fueron «vergonzosos». «La verdadera paz social es justicia e igualdad para todos, no impunidad para unos pocos», completó.
«La justicia odia, la oposición odia, los medios de comunicación odian. Ellos aman solo a los que piensan lo mismo, informan lo que ellos quieren y no investigan los posibles delitos que cometen», se sumó el también senador radical Alfredo Cornejo.
En la vuelta de las audiencias del juicio de Vialidad, que se retomaron este lunes, el primer acusado en tener su alegato apeló a la teoría del odio para defenderse. Todo tiene que ver con todo. P/ag.cl.np.ln.ifb.vfn/gr.rp
