domingo 16 junio 2024

Unos quinientos empresarios importantes pidió en el Congreso no tratar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia

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«Pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina», aseguraron referentes del sector en la carta que entregaron en Diputados. Gaillard, titular de la Comisión de Juicio Político, ratificó que puede haber allanamientos y citaciones a los jueces.

La posibilidad de que el Gobierno inicie un proceso de juicio político en el Congreso de la Nación contra la Corte Suprema generó la alerta del empresariado argentino, que teme que a partir de esa intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial se desactive cualquier «decisión de inversión a largo plazo en la Argentina».

Así lo expresaron un grupo de empresarios de las principales compañías del país, mediante un comunicado firmado en común en el que le piden al Congreso que se retire el pedido de juicio político a los cuatro miembros del máximo tribunal. Lo entregaron en la Cámara de Diputados.

El texto surge a sólo una semana de la fecha prevista para que empiece a trabajar en el tema la Comisión de Juicio Político, el próximo jueves 26, y en simultáneo a los dichos de la titular de la misma, Ana Carolina Gaillard, que insistió, como otros de sus pares del Frente de Todos, con la posibilidad de que se realicen allanamientos contra los jueces supremos y que se los cite a declarar al Congreso.

Entre las firmas del texto de 17 páginas hay varios nombres destacados como los de Enrique Cristofani, Roberto Murchison, Santiago Mignone, Guillermo Lipera, Juan Vaquer, Cartellone, Alejandro Elsztain; juristas cómo Alejandro Carrió, el presidente del colegio de abogados de la Ciudad, Alberto Garay, entre otros.

También firmaron la carta Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo, Cristiano Rattazzi, Gastón Remy, Roberto Murchison, Claudio Cesario, Guibert Englebienne (Globant) , Antonio Estrany y Gendre, Luis Bameule (AEA) Mariano Bosch, Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Facundo Gómez Minujin (presidente de Amcham) Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Javier Goñi (Ledesma) Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge , Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval).

En la misiva, los empresarios destacan la necesidad de mantener el «respeto» de la división de poderes y señalan que «iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional».

Asimismo, los ejecutivos de las principales compañías del país advirtieron que el proceso de enjuiciamiento de los cortesanos, «además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina».

Y se preguntan: «¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?»

En paralelo, también se expresó la Asociación Empresaria Argentina, que sostuvo en un comunicado «la imperiosa necesidad de que en nuestro país se acate plenamente el Estado de Derecho y la División de Poderes que establece la Constitución Nacional».

Y añadió al respecto: «En tal sentido, y en las actuales circunstancias, se vuelve imperativo subrayar el respeto a la independencia del Poder Judicial y a las autoridades y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Al respecto, concluyó: «Iniciar un proceso de juicio político a los miembros de la CSJN por no compartir el contenido de sus sentencias, altera muy negativamente tanto la esencia del pacto constituyente sobre el que se edifica nuestra convivencia, como las perspectivas de crecimiento, de inversiones y de generación de empleo».

Hace dos días, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) se sumó a la ola de rechazos políticos, empresarios y civiles al «intento del Poder Ejecutivo de promover un juicio político contra todos los integrantes de la Corte Suprema», un proyecto que ya ingresó en la Cámara baja y que el oficialismo pretende exprimir para tratar de esmerilar a los cuatro miembros del máximo tribunal.

La avanzada contra la Corte le valió al Gobierno, de hecho, no solo un repudio de la oposición y de empresarios, sino también de organizaciones como Human Rights Watch, que resaltó que el intento de juicio político «socava el Estado de Derecho».

Además, representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos le manifestaron a Clarín su preocupación por la avanzada oficial contra la Justicia. «Estamos al tanto de estos informes. Hacemos un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes», dijo un vocero del gobierno de Joe Biden.

La carta completa de los empresarios contra el juicio a la corte

“Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos.

Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?

Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”.

P/ag.cl.ln.ifb.vfn/gr.

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