Ante la dificultad del Banco Central (BCRA) de acumular reservas, el Gobierno está cuidando bajo siete llaves la salida de dólares. Esta situación se ve con claridad en dos datos concretos: en la cantidad de importaciones pagadas con respecto a las realizadas y en la imposibilidad del Ministerio de Economía de cumplir con una promesa que le hizo al sector petrolero. Ambas situaciones generan un desincentivo a la inversión privada, a la que cada vez le resulta más complicado operar con normalidad.
Con relación a las importaciones, los datos del balance cambiario del BCRA de marzo confirmaron que en el tercer mes del año continuó creciendo la diferencia acumulada entre importaciones devengadas y efectivamente pagadas. Esto resultó en un incremento de la deuda comercial acumulada de US$10.400 millones desde febrero 2022, dijo en su último informe la consultora 1816.
Algunos economistas del espacio de Juntos por el Cambio señalan que esa es una de las razones que complican la quita del cepo cambiario, ya que no hay suficientes dólares en el Banco Central para cumplir con todas las demandas.
Además de las deudas por las importaciones ya realizadas (que restringen, a su vez, las compras externas futuras), las empresas tampoco pueden distribuir dividendos de las ganancias generadas con sus accionistas del exterior, desde junio de 2020.
En la oposición calculan que hay alrededor de US$30.000 millones de pedidos realizados. Muchas compañías tampoco pueden girar los dólares por el segmento de contado con liquidación (CCL), que cotiza a $455, porque, si no, quedarían inhabilitados de acceder al mercado único de cambio (MULC), donde el tipo de cambio oficial se ubica en los $227, para realizar importaciones.
Para proteger las ganancias en pesos de la inflación, las compañías suelen invertir el dinero en el mercado inmobiliario o en deuda del Estado que ajusta por inflación y devaluación del tipo de cambio, a la espera de que puedan acceder nuevamente al mercado cambiario para girar los dólares al exterior.
Al momento, el Banco Central tiene reservas brutas por US$34.003 millones, pero los pasivos en moneda extranjera ya son superiores, según la consultora 1816, que calcula el swap con China (US$18.811 millones), los encajes en dólares de los ahorristas (US$11.460 millones), la deuda con organismos multinacionales (US$3116 millones) y el repo con Seguro de Depósitos Sociedad Anónima (Sedesa, por US$1798 millones).
“Con el pago al FMI [de la semana pasada], calculamos que las reservas netas ya son negativas en US$1000 millones y se trata del peor registro desde la salida de la Convertibilidad, con la excepción de un par de días al comienzo de la era Macri. Durante el Gobierno de Alberto Fernández, las reservas netas habían llegado a estar en terreno negativo algunas jornadas a principios de 2022, previo a la firma del acuerdo con el FMI, pero los valores no habían llegado a ser como los de ahora”, dijeron en 1816.
Dada la falta de dólares en el Banco Central, en el sector de hidrocarburos son pesimistas con que el Gobierno pueda cumplir con una promesa que hizo el exministro de Economía Martín Guzmán un año atrás, y que ratificó Sergio Massa, cuando apenas asumió el cargo, en agosto pasado. Se trata del decreto 277, que les permite a las empresas acceder a dólares oficiales si aumentan la producción con nuevas inversiones.
El decreto reglamentario se publicó en septiembre último y, luego de todos los actos administrativos, las empresas presentaron en febrero sus solicitudes para adherirse al beneficio, por el porcentaje que les corresponde por la producción incremental de los dos últimos trimestres de 2022, explicó Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y especialista en temas regulatorios del sector energético.
En el sector señalan que hay dos trimestres vencidos, por el cual podrían haber accedido al equivalente del 30% del incremento de producción a la compra de dólares al tipo de cambio oficial. En total, según cálculos de la industria, equivale a US$600 millones.
El decreto 277 obliga a las empresas a que presenten su adhesión al beneficio en un plazo de hasta 15 días hábiles después del cierre del trimestre. En cada pedido, las empresas deben renunciar al derecho de reclamar por deudas pasadas, como las que se acumulan por el Plan Gas, un requisito que ninguna realizó, según admiten en el sector. Si accedían, quedaban a la buena fe del Estado de que pague sus obligaciones del programa, pese a que este plan de estímulo había nacido para “dar previsibilidad” al sector.
La falta de dólares también redujo las expectativas del sector por los prometidos proyectos de ley que facilitarían la promoción de inversiones en la producción de gas natural licuado (GNL) y en hidrógeno verde, al permitirles acceder al mercado de cambios oficial. La Secretaría de Energía indicó que ambos proyectos ya fueron elevados al Ministerio de Economía y que dependen del ministro Sergio Massa definir el envío al Congreso.
EN/ag.ln.sd.cl.ifb.na/gr.
