Brasilia. Un juez de la Corte Suprema de Brasil pidió el miércoles más tiempo para estudiar un caso que enfrenta a los pueblos indígenas del país contra su poderoso sector agrícola, una decisión que probablemente dará a los legisladores más tiempo para aprobar la medida que favorece a Big Agricultura.
La decisión del juez Andre Mendonca, un pastor evangélico que fue designado en 2021 por el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, representa un revés para los derechos de aproximadamente un millón de indígenas de Brasil.
La propuesta impondría una fecha límite para los reclamos de tierras ancestrales. Ya ha sido aprobado en la cámara baja y espera una votación en un nuevo Senado conservador. Si se aprueba en el Congreso, todos los ojos se dirigirán al presidente de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, quien tiene poder de veto.
Lula ha apostado su reputación mundial a la protección de los derechos indígenas y la preservación del medio ambiente, pero también depende cada vez más del sector agrícola para impulsar el crecimiento nacional.
El caso histórico ante la Corte Suprema involucra un reclamo del pueblo Xokleng del estado sureño de Santa Catarina, cuya tierra fue comprada hace décadas por agricultores de ascendencia europea. Los Xokleng dicen que tienen un derecho ancestral a la tierra, mientras que los agricultores argumentan que son los propietarios legítimos.
Cualquier fallo establecería jurisprudencia legal para cientos de otras disputas por tierras.
Grupos indígenas, incluidos miembros de la comunidad Xokleng, protestaron frente a la Corte Suprema en Brasilia el miércoles. Otros manifestantes indígenas bloquearon una importante carretera en las afueras de Sao Paulo.
El sector agrícola de Brasil también respalda un proyecto de ley en el Congreso que establecería una fecha límite para los reclamos de tierras en 1988, el año en que se promulgó la actual Constitución de Brasil. Cualquier comunidad indígena que no haya ocupado sus tierras para esa fecha no podrá reclamarlas, según la legislación propuesta.
Los líderes indígenas dicen que eso viola la Constitución que garantiza a su pueblo el derecho a reclamar tierras ancestrales. Argumentan que en muchos casos, los grupos indígenas habían sido expulsados de sus tierras por los colonos y ya no las ocupaban en 1988.
La audiencia sigue a un revés para los pueblos indígenas la semana pasada en el Congreso cuando la cámara baja aprobó el proyecto de ley que limitaba el reconocimiento de nuevas reservas indígenas.
INT/ag.agencias.europapress/re.rp.
