sábado 4 mayo 2024

Economía creó la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios; para ofrecer herramientas para absorber costos

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El fuerte salto del dólar dejó un mar de remarcaciones. Por eso, el Gobierno creó una unidad especial para negociar precios dotada de más poder para intentar contener el traslado de la devaluación a la inflación, que podría llegar a acumular un 25% en agosto y septiembre, en la previa electoral.

A través de la resolución 1182 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma de Sergio Massa, el Ministerio de Economía creó la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios. En esa mesa se sentarán con las empresas el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, que, a su vez, contarán con el apoyo del titular de la AFIP, Carlos Castagnetto. La coordinación general de la Unidad la tendrá Guillermo Michel, titular de Aduana, y hombre de máxima confianza de Sergio Massa.

En las compañías decodificaron rápidamente el objetivo de la flamante Unidad. “Buscan acumular poder para negociar con las empresas para parar traslado de la devaluación”, describieron en una firma.

Hubo dos interpretaciones de esta necesidad, quizás complementarias. En el mundo de los supermercados tomaron la pesimista, y comienzan a ver una síntesis de Guillermo Moreno y Paula Español ante la necesidad oficial de frenar los precios antes de las elecciones de octubre. “Esto es para endurecer los controles. Más presión sobre las empresas, queriendo imponer un 5% por mes y que acatemos esas nuevas pautas como si la devaluación no hubiese existido”, cuestionaron en una empresa alimenticia.

En cambio, en una firma de consumo masivo creen que pretenden aportar una mirada integral para ofrecer herramientas que sirvan para absorber la suba de costos. “Igual, no llegan”, alertaron.

En el Ministerio de Economía negaron que este equipo especial tuviera el objetivo formal de aumentar el control sobre el sector privado o las sanciones sobre las empresas. De hecho, varios peces pesados del supermercadismo y la industria alimenticia ya habrían aceptado la renovación de Precios Justos con ventanas de aumentos de 5% por mes por los próximos 90 días, más allá del menú de beneficios fiscales que promete el Palacio de Hacienda, que incluyen desde la exención del pago del Impuesto PAÍS a las importaciones o la posibilidad de aplicar certificados de no retención de IVA, entre otras, como una posible baja de retenciones. El menú de opciones, prometieron en Economía, se publicará en un decreto.

 “Estamos poniendo beneficios impositivos beneficios, aduaneros y tiene que estar acorde con la programación económica”, explicaron en el quinto piso del Palacio de Hacienda a LA NACION. Se mirarán volúmenes de abastecimiento, y los alivios fiscales “en el marco de un régimen fijo de tipo de cambio”. En Gobierno devaluó el lunes (subió el dólar oficial un 22%) y fijó el tipo de cambio en $350 hasta octubre, empujó un alza de tasas en el Banco Central (BCRA) y aplicó un nuevo cepo a los dólares financieros.

“Esto [la nueva Unidad] es sólo para poner sobre la mesa lo que pide el Estado”, afirmó una fuente oficial, que remarcó que se trata de fortalecer la negociación y que niega que haya “imposiciones”.

“Vamos a coordinar con la AFIP el tema fiscal y la situación fiscal de cada sector y empresa. De esta manera, podemos ver cuánto determinan de impuestos a las ganancias y además si triangula haciendo sobrefacturación de importación o cuál es su costo laboral. Es la posibilidad de una mirada integral”, describieron en una de las patas de la nueva unidad de negociación.

“¿Esa mirada integral ofrece más palanca para negociar tras la devaluación?’’, preguntó LN “Exacto”, contestó ese integrante. Ya Economía había dejado trascender dos datos anticipatorios el fin de semana. El primero, que las empresas se habían cubierto vía precios de más –según el análisis de Rubinstein sobre rentabilidad empresaria– en la previa electoral, por lo que no aceptarían “una lista de 15 productos” de las firmas para Precios Justos. Creen, pese a que prometían mirar el impacto real, que el sector privado puede absorber parte de la devaluación. El segundo, que la devaluación fiscal (la generalización del Impuesto PAIS a la importación), provocaba un impacto de sólo 1,2% en los costos. Tales sentencias anticipaban un endurecimiento del Gobierno.

Una tercera fuente oficial familiarizada con las negociaciones que ya comenzaron, definió al nuevo equipo como una unidad interdisciplinaria donde se evalúan aspectos de Aduana, AFIP y fiscales. “La unidad tiene muchísimo sentido. No hay ningún misterio”, aclaró.

Según el artículo uno de la resolución, la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios tiene “la finalidad de evaluar y acordar los compromisos de precios de bienes a ser suscriptos mediante convenios con empresas proveedoras y supermercados (mayoristas y minoristas)”.

“Seguramente es la forma que encontraron de evitar que se disparen los precios”, dijo un directivo de una importante firma de consumo masivo a LN “El punto acá es que los costos se dispararon fuertemente y los grandes proveedores aumentaron 20 o 30 puntos. Ahí está la dificultad. Por eso, el control va a ser fuertísimo”, anticiparon. Estimaron que los grandes supermercados no aceptan listas con alzas, mientras que los proveedores remarcan y en el medio es preciso mantenerse en movimiento. “Espero que sea de corto plazo”, rezaron.

Esta semana, el Indec difundió el IPC de julio, que marcó una leve aceleración de 6,3%. Se trata de una foto previa a las devaluaciones de fines de julio (fiscal) y la de esta semana. Sin embargo, los precios acumulaban hasta el séptimo mes del año, una suba de 60,2%. En doce meses llegó a 113,4%, el número más alto desde septiembre de 1991.

Analistas privados anticipaban que en agosto y septiembre podrían sumar un 25%. EcoGo envió a sus clientes proyecciones de inflación para agosto de 13% y del mismo número para septiembre. En LCG esperan que en agosto los precios suban un 14% y en septiembre, un 12%. EN/ag.agencias.ln.fj.cl.ifb./gr

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