La ley ómnibus del Gobierno ya tiene el estado parlamentario necesario para votarse en el Congreso, luego de que el oficialismo obtuviera el dictamen de mayoría, aunque con múltiples disidencias de legisladores de la oposición más afín a la aprobación del proyecto de ley.
Después de poco más de dos semanas de negociaciones en el plenario de comisiones, la intención del Gobierno inicialmente era que el proyecto fuese tratado esta misma semana en la Cámara Baja. Por eso, se especulaba con que su tratamiento podría comenzar el jueves, el viernes o incluso el sábado. Sin embargo, recién se debatirá en el recinto de Diputados la próxima semana, según pudo conocer LA NACION. Esto se debe a que el oficialismo no cuenta con el apoyo necesario para aprobar el paquete económico del proyecto. Por el momento se analiza que sea el martes, pero aún no hay está confirmado.
La extensión del texto legislativo, con más de 500 artículos que modifican o derogan leyes en áreas tan disímiles como la cultura, la toma de deuda pública, el régimen actual de biocombustibles y la seguridad, hacen prever que su debate parlamentario tomará varios días.
Además, el hecho de que muchos legisladores hayan votado el dictamen de mayoría en disidencia anticipa que determinados artículos, como los referidos al aumento de retenciones o la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, tendrán un debate pormenorizado en las sesiones.
Previendo el amplio debate que se suscitará una vez más en la Cámara de Diputados, distintos funcionarios del Poder Ejecutivo exigieron a los diputados la aprobación de la ley ómnibus sin demasiados cambios. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo a los representantes de las provincias en el Congreso que “si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, como dijo el presidente Javier Milei, el ajuste será mayor, fundamentalmente para las provincias”.
Qué es la ley ómnibus
La ley ómnibus, llamada oficialmente “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, adquirió esta denominación extraoficial por la gran cantidad de áreas sobre las cuales legisla.
Originalmente, el proyecto tenía más de 180 páginas y 664 artículos divididos en varios capítulos. De todos modos, el Gobierno de Milei hizo cambios al texto original, con la intención de obtener el apoyo de sectores de la oposición. De esa forma, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos pasó de 664 artículos a 523, según el borrador al que accedió LA NACION.
De todas formas, la negociación por la madrugada en el plenario de comisiones, así como las condiciones planteadas por distintos gobernadores del interior para acompañar el dictamen de mayoría, pueden haber producido otros cambios, los cuales todavía no se conocen, y que serán parte del debate legislativo que se dará en los últimos días de esta semana en la Cámara de Diputados.
Las principales modificaciones de la ley ómnibus
Ya en su primer artículo la ley ómnibus contiene la declaración de emergencia, con sus consecuentes delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional, en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y sanitaria por dos años, hasta diciembre de 2025. Si bien en principio también se incluían las áreas social y de defensa, estas fueron retiradas en las negociaciones. De la misma manera, se redujo el período de concesión de estas facultades de dos años (con una prórroga de otros dos años) a un año, con la posibilidad de extenderlo a otro año más a través de una votación del Congreso.
La mencionada delegación de facultades legislativas en distintas áreas que plantea el proyecto en su primer artículo también habilita al Presidente a llevar adelante muchos puntos descartados de la ley ómnibus, ya que “a través de la delegación legislativa se habilita la posibilidad de reemplazar el complejo procedimiento ordinario para la sanción de las leyes por el Congreso, previsto en los artículos. 77-84, por uno mucho más sencillo, que sólo requiere la decisión concurrente del Presidente y del jefe de Gabinete de Ministros”, como recuerda un artículo del Dr. Alfonso Santiago publicado por la Cámara de Diputados de la Nación.
También se cambió el alcance de la privatización de las empresas estatales que plantea la iniciativa. Si bien todavía figuran decenas de sociedades estatales, entre las que están los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Fabricaciones Militares y la Agencia Télam, entre muchas otras, se eliminó a YPF del listado y se contempla una privatización parcial para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT.
En cuanto a la movilidad jubilatoria, uno de los puntos que más discusión trajo en el plenario de las comisiones, el Poder Ejecutivo resolvió que va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual. A partir de abril, empezaría con una actualización automática por inflación mensual, según el último dato de inflación disponible del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esa forma, el oficialismo garantizaría el poder adquisitivo de los jubilados. Esta opción, que privaría a los jubilados de indexar su jubilación a la variación del IPC en meses que se proyectan de alta volatilidad inflacionaria, no fue aceptada por distintos bloques opositores dialoguistas, que lo discutirán en el Congreso.
Otro de los aspectos que más dificultó las negociaciones entre el Gobierno y determinadas provincias fue el capítulo de las retenciones, que el Poder Ejecutivo aceptó ahora reducir a cero para las economías regionales. Además, definieron que el Presidente ya no tendrá la capacidad de aumentarlas unilateralmente, sino solo de reducirlas. Sin embargo, se mantendrán bajo este esquema otras actividades y productos como las exportaciones industriales, la pesca y la producción de malta, que pasarán a pagar el 15% de derechos de exportación. También se mantiene la suba de la alícuota del 31 al 33% para los subproductos de la soja y el incremento del 12 al 15% en las retenciones para trigo y maíz.
También se agregaron modificaciones a los artículos relacionados con el blanqueo de capitales que propone el proyecto y se contempla un beneficio para sujetos cumplidores que deben pagar Bienes personales.
El Gobierno también planteó debatir las reformas electorales del proyecto en sesiones ordinarias. Este apartado, que planteaba la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), la actualización del aporte de legisladores de cada provincia a la Cámara de Diputados y el pase a un sistema de representación uninominal.
P/ag.agencias.ln.cl.ifb./gr.
