Paría. Casi dos semanas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, forzara la aprobación parlamentaria de una impopular reforma de las pensiones, este martes tiene lugar la décima jornada de huelgas y protestas en toda Francia convocada por los sindicatos que estallaron a mediados de enero. El Gobierno rechazó abruptamente la petición de las organizaciones sindicales de poner en «pausa» la reforma mientras realizaba una «mediación».
«La movilización sigue siendo igual de importante» con «muchos jóvenes» en las marchas, aseguró desde Clermont-Ferrand el líder del sindicato CGT -uno de los sindicatos mayoritarios en el país-, Philippe Martinez, para quien esto es «la prueba de que el movimiento no se agota».
Desde el 19 de enero, los sindicatos han organizado diez jornadas de protestas masivas contra este impopular proyecto previsionall, que aumentaron en intensidad a mediados de marzo cuando Macron lo adoptó por decreto, a través del artículo 49.3 de la Constitución, para evitar perder el voto en el Parlamento.
Las últimas movilizaciones estuvieron marcadas por disturbios y choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad en las grandes ciudades. El jueves pasado, hubo 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, según las autoridades.
Este martes, unas 450.000 personas se manifestaron en París, según datos del sindicato CGT. Esto son la mitad de las personas que se congregaron en la capital el jueves pasado, de acuerdo a la misma fuente, el primer choque reportado se dio a primera hora de la tarde del martes en la ciudad de Nantes, donde se incendió un banco y se atacó un tribunal administrativo local, según un periodista de la agencia de noticias AFP. Tras un inicio pacífico de las protestas, jóvenes manifestantes lanzaron proyectiles contra la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.
En este contexto de creciente tensión, el Gobierno y los sindicatos buscan cómo calmar los ánimos, pero firmes en sus posiciones: las organizaciones sindicales quieren la retirada o la suspensión de la reforma, y Macron dice no. Entretanto, pidieron poner en «pausa» la reforma e iniciar una «mediación», extremo que el Ejecutivo declinó de manera abrupta.
«No necesitamos necesariamente una ‘mediación’ para hablar entre nosotros, declaró el portavoz Olivier Véran. La respuesta por parte del líder sindical de la CFDT Laurent Berger fue calificar de «inaceptable» la decisión del Gobierno. Sin embargo, desde los centristas de Movimiento Democrático, moderaron el tono y saludaron la propuesta: «Es bueno que una o dos personas busquen diálogo y den un paso atrás», afirmó el líder del partido, Jean-Paul Mattei.
El vocero gubernamental, Olivier Véran, rechazó este martes la última propuesta de Laurent Berger, líder del principal sindicato, CDFT, de buscar una «mediación» para hallar una vía de salida, y afirmó que pueden «hablarse directamente».
Sin embargo, en un gesto poco habitual durante esta crisis, los diputados centristas de Movimiento Demócrata, miembro de la alianza oficialista de Macron, apoyaron la propuesta de Berger para «tratar de encontrar el diálogo» con cierta perspectiva.
El presidente Macron l se halla bajo presión. Una mayoría de franceses lo considera responsable de la situación actual por no querer escuchar el malestar sobre una reforma que el Gobierno considera crucial para evitar un déficit en la caja de las pensiones.
Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se opone además a esta reforma que retrasa gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42) para cobrar una pensión completa.
A la espera del dictamen del Consejo Constitucional sobre su validez, previsiblemente en abril, el Ejecutivo busca pasar página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.
Mientras tanto, los sindicatos no tiran la toalla y las jóvenes son cada vez más numerosos en las protestas. Las autoridades esperan que su presencia «se duplique o triplique» este martes respecto a jornadas anteriores.
Las protestas adquieren además desde hace semanas múltiples formas: miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de París, bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otros.
No obstante, se confirmó este martes que la huelga de basuras terminará el miércoles en la capital gala.
Este martes, los trenes circulaban al ralentí, y en París, el transporte público registraba «perturbaciones», según su operador. Por su parte, la Torre Eiffel permaneció cerrada al público.
«Debido a la huelga nacional, la Torre Eiffel está cerrada. Rogamos disculpen las molestias. El acceso a los alrededores de la Torre Eiffel sigue siendo libre y gratuito. Los visitantes con entradas electrónicas para hoy deben comprobar sus correos electrónicos», según el sitio oficial del emblemático monumento.
En paralelo, las autoridades desplegaron un «dispositivo de seguridad inédito» de 13.000 agentes, el mayor organizado hasta el momento.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, alertó de la presencia en París de «más de 10.000 radicales, algunos desde el extranjero», cuando el Gobierno intenta criminalizar las protestas, que siguen contando con un gran apoyo popular.
Sin embargo, la gestión policial de las protestas contra las reformas, así como de la manifestación contra un embalse agrícola que dejó dos personas en coma el sábado, está en el punto de mira de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
En ambos casos, «hay un uso desproporcionado de la fuerza que ya habíamos denunciado durante -la protesta social en 2018 y 2019 de- los chalecos amarillos», dijo a AFP Jean-Claude Samouiller, de la ONG Amnistía Internacional.
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