Asumiendo una probabilidad de default más elevada, el gobierno decidió diferir hasta fin de año compulsivamente los vencimientos de deuda bajo legislación local. Los tenedores de bonos bajo legislación extranjera plantearon desde un principio la conveniencia de tratar en forma diferenciada las jurisdicciones.
La medida despeja las necesidades financieras para hacer frente a vencimientos por U$ 10.000 MM, a la vez que mantiene el pago de capital e intereses de títulos bajo ley extranjera. En principio, la medida daría más tiempo para negociar sin caer en un default.
De la porción de reservas para cancelar vencimientos estipulada en la ley de Emergencia (bautizada de Solidaridad), quedan U$ 1800 MM que permitirían llegar hasta octubre. Claro que eso sería así siempre que no surgiera un reclamo de cross default.
Los fondos de inversión y los tenedores de bonos saben desde el comienzo de la crisis de la deuda que la diferencia entre jurisdicciones se haría valer.
Pese al trato claramente preferencial otorgado a los bonos emitidos bajo jurisdicción Nueva York, Guzmán insistió que apunta “a un tratamiento equitativo para la deuda pública en dólares bajo la ley argentina y las leyes extranjeras”. La deuda a renegociar suma U$ 68.842 MM.
Más allá del tiempo —aunque sólo en principio— ganado, la decisión no hace más que confirmar al mundo nuestra patológica inseguridad jurídica. A la vez que se agita la posibilidad de un impuesto ilegal para quienes blanquearon.
Queda formalizado que el Estado argentino opta por defraudar a quienes tienen derechos bajo la propia jurisdicción —quebrar contratos no es problema cuando la Justicia se somete al Ejecutivo— para poder así respetar sólo aquellas obligaciones con capacidad de litigar en jurisdicciones que sí hacen respetar sus leyes y contratos.
Fuente: M&A/Monteverde
