Libia es un caos y un Estado fallido desde 2011, cuando un levantamiento popular puso fin a los 42 años de Gobierno del coronel Muamar Gadafi, en uno de los desarrollos significativos de la Primavera Árabe. También tuvo lugar la intervención de la OTAN, basada en la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU (17-3-2011), aplicando por primera vez el principio de la “Responsabilidad de Proteger”, que es un compromiso global para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad.
En este caso, se llevó adelante utilizando medios aéreos para impedir un baño de sangre en la población prometido por el dictador libio. En octubre de ese año, y después de una intensa campaña militar las fuerzas rebeldes, con apoyo exterior, dominaron el país y mataron a Gadafi. Desde la perspectiva actual, la intervención de la OTAN acentuó los múltiples problemas de Libia y creó otros de muy difícil solución, a pesar de los esfuerzos constantes de la ONU. El presidente Obama, más tarde, lo calificó como el mayor error internacional de sus mandatos en Washington.
Las causas de la caída de Gadafi se relacionaron con el fracaso de su política económica -a pesar de ser el país africano con las mayores reservas petrolíferas y gas y, en su momento, el tercer exportador a Europa-, al atraso de la región oriental de Cirenaica, cuyos habitantes se convirtieron en el núcleo de la oposición al régimen, y su autoritarismo que generó una profunda injusticia social y política. El país quedó en una situación precaria debido a la debilidad de sus instituciones, su tribalismo, la violencia generalizada y la proliferación de los grupos islámicos extremistas, que en 2014 año llegaron a controlar áreas territoriales del este de Libia hasta 2019.
Desde 2011 tuvieron lugar una serie de arreglos políticos transitorios y dos elecciones nacionales y otras locales, que no fueron eficaces en pacificar el país. Hace 10 años se profundizó la guerra civil, con una intensa intervención extranjera en favor de uno u otro de los dos bandos que dividieron el país y una falta de acuerdo entre los países europeos, acerca de cómo actuar para evitar el éxodo de africanos hacia sus costas desde Libia.
A fines de 2015, la ONU negoció el denominado Acuerdo Político Libio de Sjirat (Marruecos), que legitimó en el poder al denominado Gobierno de Consenso Nacional (GCN), -aprobado por la resolución 2259 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU-. Está a cargo el del Primer Ministro Fayez al-Sarraj, y tiene su sede en la capital, Trípoli. Cuenta con el apoyo de milicias locales, de otras procedentes de las áreas bereberes de Libia occidental y de grupos islamistas. Turquía y Qatar le prestan apoyo militar y financiero, no obstante el embargo de armas dispuesto por la ONU.
El problema central en Libia es el enfrentamiento del GNC con un Gobierno rival, apoyado por el denominado Ejército Nacional Libio (ENL), comandado por el General Khalifa Haftar, e integrado por remanentes del Ejército libio, fuerzas irregulares y tribales, que cuenta con cierto apoyo de la Cámara de Representantes que funciona en Tobruk, que es el tercer órgano de poder político en el país. Desde 2014 controla el este de Libia y el 80% del territorio.
Son fuerzas seculares nacionalistas y anti-islamistas, que actúan con el endoso de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Francia y ahora de la Federación Rusa, que aprovecha la declinación de la influencia norteamericana y europea en Libia, como lo hace en Siria, en este caso utilizando mercenarios (muchos de ellos provenientes de ese país) y contingentes no estatales reclutados por compañías de seguridad, que estarían vinculadas con Moscú.
En abril de 2019, el ENL desde el Este lanzó una ofensiva terrestre contra Trípoli, que significó una gran escalada de violencia, pues al atacar a esta ciudad capital causó centenares de muertos entre la población civil, miles de desplazados internos y una gran crisis humanitaria, donde también se utilizan medios aéreos, artillería y drones. Esta prolongada operación militar no llegó a definirse pues ninguna de las fuerzas demostró preponderancia, al ser el GNC apoyado por las milicias de Oeste del país y efectivos turcos.
A principios del mes de junio, después de 14 meses de enfrentamientos, el GNC logró hacer retroceder al ELN hasta Sirte, que es la ciudad que da acceso al este del país y a los campos de petróleo, que se encuentran por 1700 kilómetros sobre la costa del Mediterráneo y el interior. Con este desarrollo, se está produciendo una desintegración del país entre un Gobierno sobre el cual Turquía tiene una gran influencia y otro grupo en el Este, muy apoyado por Rusia y Egipto. Este último país declaró que Sirte era una línea roja y amenazó con una intervención militar para detener la ofensiva del GNC. Por su parte, Estados Unidos durante años se apartó de intervenir en la crisis libia, pero ahora está demostrando interés en buscar una solución pacífica, aunque en abril el presidente Trump se manifestó en favor de las acciones de Haftar.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan concretó dos acuerdos con el Gobierno libio de Trípoli: un Memorándum de Entendimiento sobre Seguridad y Cooperación Militar, y un segundo que delimita las Áreas de Jurisdicción Marítima entre Turquía y Libia. Es una muestra más de la política asertiva de Ankara -ahora en otro de los países que formó parte del Imperio Otomano-, ya presente en sus acciones militares en el norte de Siria.
El primero de estos acuerdos implica acentuar su apoyo militar mediante el envío de tropas en apoyo del Primer Ministro Fayez al-Sarraj. El segundo, delimita las zonas económicas exclusivas contiguas de ambos países en el centro del Mediterráneo, más allá de lo que establece la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, en un área próxima a Grecia y a la República de Chipre, lesionando sus derechos de jurisdicción marítima, pero también a Egipto, en un momento en que se demuestra el potencial de los recursos energéticos de estos espacios.
Como en otros conflictos, la solución no estaría dada por las acciones militares sino por un acuerdo político. La ONU trata de llevar adelante un proceso de reconciliación nacional, comenzando por un cese del fuego, el desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados, y un diálogo político encabezado por el Representante Especial del Secretario General para alcanzar un proceso de transición política. Pero estas acciones enfrentan los intereses de los distintos grupos libios y los objetivos de las potencias con intereses en Medio Oriente, donde la capacidad energética de Libia es un factor decisivo por sus exportaciones de gas y petróleo.
Por su parte, la Canciller Angela Merkel propuso a fines de 2019, la celebración de una conferencia con el principal objeto de detener la influencia extranjera en Libia. Esta iniciativa dio lugar a que el 19 de enero, se adoptara en Berlín un documento de 55 puntos suscripto por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y otros países interesados donde, entre otros puntos se apoyó los intentos de la ONU para la pacificación del país, su embargo de armas y la organización política de un Gobierno.
Sin embargo, un acuerdo de cese del fuego alcanzado ese mes fue violado reiteradamente. Por otro lado, los dos Gobiernos libios han presentado iniciativas políticas de distinto carácter, basadas en las recomendaciones de la conferencia de Berlín que están actualmente en discusión. En síntesis, la crisis libia es un problema gravísimo, que ahora se acentúa por los efectos de la pandemia en las poblaciones del país, que demuestra la fragilidad del orden internacional actual.
Atilio N. Molteni
Embajador ®
IN/rp.
