Madrid. El despacho de abogados del ex juez español Baltasar Garzón, ILOCAD, anunció este miércoles que asume la defensa de Álex Saab, el empresario colombiano-venezolano acusado de ser el testaferro del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, para dar «una batalla política y jurídica».
Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde durante la parada técnica que hizo el avión privado en el que viajaba a Irán en calidad de «agente» del Gobierno de Maduro para realizar gestiones relacionadas con la obtención de alimentos e insumos médicos para combatir el coronavirus, según reconoció el Ministerio de Exteriores venezolano.
La oposición venezolana señala a Saab como el encargado de gestionar el «dinero mal habido» de Maduro, supuestamente obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el ‘cerebro’ de la ‘Operación Alacrán’ para arrebatar a Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional.
La defensa de Saab se encuentra inmersa en una batalla legal en Cabo Verde para impedir que el empresario colombo-venezolano sea extraditado a Estados Unidos. Este mismo miércoles, el equipo legal de Saab ha denunciado en otro comunicado que se le ha denegado la asistencia consular.
Según informa, el pasado lunes el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa, acudió a la cárcel para visitar a Saab, conforme había acordado con una cita previa, pero al llegar le impidieron entrar.
En este escenario se introducido Baltazar Garzón y considerado que «existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense», así como «evidencias» de que «se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas».
En su opinión, «el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado a Estados Unidos».
El 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo condenó al juez Baltzar Garzón por prevaricación de forma unánime con la pena de «11 años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida definitiva del cargo que ostenta». El pleno del Consejo General del Poder Judicial, convocado el 23 de febrero de 2012, ratificó, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial del juez Garzón. La medida fue adoptado por el comportamiento de Garzón en la instrucción del caso Gürtel.
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