viernes 18 septiembre 2020

El poder Legislativo y la AGN, «Cuando el cabildeo destruye la ilusión del control»

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No se trata de cabos sueltos, porque los que atañen a la estructura de equilibrios en el poder parecieran estar perfectamente atados, en desmedro de los ciudadanos a quienes la práctica política de gobierno excluye. Los desampara cuando quienes operan el modelo, no los elige como principales y legítimos destinatarios de su acción pública. Cuando se los priva de los bienes y servicios que se les debe proveer, de la información sobre el estado y resultado de la gestión pública. Y cuando se les restringe la posibilidad de reclamar por la reparación de sus derechos vulnerados.

Cuando la desigualdad es premisa, la asimetría en el dominio de la información le resulta funcional a los que dominan el aparato estatal. Donde los datos se concentran y no se comparten, existe el riesgo de que se oculten, manipulen, tergiversen, se sustraigan y utilicen en beneficio de quien los procesa. Es una de las conductas corruptas que se combaten -al menos desde los enunciados- en los Códigos de Conducta que proliferan a la moda en los organismos públicos. Aunque conviene tener presente que el establecimiento de Códigos de Ética, de Conducta y Manuales de Control de la Integridad son normativas que llegaron para quedarse, a instancias de la Comisión Interamericana contra la Corrupción.

Cabría preguntarse una vez más por el papel del control republicano de gobierno, en particular por lo que no se ve y también poco se indaga: ¿es efectivo el control parlamentario?; ¿es útil para detectar, disuadir, evitar, sancionar, reconducir acciones de gobierno contrarias a la integridad?; ¿en qué medida los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) se convierten en el disparador de aquel control?

Es oportuno recordar los instrumentos que el diseño constitucional prevé para el ejercicio de este control sobre el Poder Ejecutivo, varios mecanismos: la interpelación a los Ministros, los pedidos de informes escritos y de informes verbales, las visitas mensuales al Congreso por parte del JGM, el juicio político, las comisiones investigadoras y las comisiones de seguimiento y control. ¿Cuántos y cuáles de los informes de la AGN dieron lugar a alguna de estas acciones parlamentarias, o resultaron el sustento técnico que éstas necesitaban?

Si bien no existe una sistematización de la información completa y actualizada que dé respuesta precisa a estos interrogantes, existen datos al menos sorprendentes. Una investigación que analizó el total de las 882 interpelaciones parlamentarias presentadas individualmente por senadores y diputados en un período de 18 años -hasta 2012-, mostró que sólo el del 2.7% se aprobaron. Para lograr la aprobación, se necesita la mayoría parlamentaria. Por lo que con una oposición fragmentada, los gobiernos que cuentan con esas mayorías en el Congreso tienen pocas chances de ser interpelados. Y aún interpelados, no existen sanciones ante la falta de su respuesta.

Hacia el interior de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (CMRC) y de la AGN se repiten los mismos cabildeos de mayorías y minorías. Siendo estas las áreas “pilares” del control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

Por otra parte, la CMRC decide el destino que el Congreso le da a los Informes que la AGN realiza: o los archiva o elabora proyectos de resolución solicitando información al Poder Ejecutivo acerca de las observaciones efectuadas por AGN.

¿Cuántos y cuáles se archivaron sin más trámite? De acuerdo a otros datos también dispersos, surge que la CMRC manda al archivo la mayoría de los informes de AGN que previamente analizó. ¿Cuánto demoran los proyectos de auditoría en ser aprobados en AGN primero y cuánto en ser analizados por la Comisión Mixta Bicameral Revisora de Cuentas después? Más datos señalan 2 años para cada uno de estos plazos. Las normas vigentes no establecen plazos máximos para la duración de ninguno de estos casos. ¿El plazo total de la tramitación hace perder vigencia los desvíos o irregularidades que se detectaron?.

Bajo este contexto, es poco probable que un informe de la AGN se convierta en un insumo trascendente a la hora de concretar el contrapeso republicano. Adicionalmente y para oscurecer aún más el panorama, cabe mencionar que no se controla al controlador, no se conoce lo que se preguntan los académicos y hay poca investigación que aborde estas cuestiones.

Mientras tanto, cada peso del presupuesto gastado en este opaco circuito se convierte en una deuda impagable para con la ciudadanía, víctima de una encerrona compuesta, por un lado, por una sólida arquitectura legal que promueve la ilusión del control, y por otro lado, por la evidente falta de apego de nuestros representantes a subordinar sus intereses particulares en aras del bien común.

La fachada democratizadora de los gobiernos se desmorona ante la falta de transparencia. Que el pueblo sigue queriendo saber y de esto hay que ocuparse.
P/CC/rp.

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