Por Adolfo Stubrin
En su informe de setiembre sobre el escenario político, la consultora Elypsis publica cuáles son las principales preocupaciones ciudadanas en el ámbito nacional. El 34 % señala a la corrupción que va en punta, luego se ubican desempleo, salud, inflación e inseguridad, escalonadas en el rango entre 17 y 13 %; recién detrás figura educación con el 1,4%. Ese valor estadístico es decepcionante para quienes pensamos que en esa actividad social se están acumulando en 2020 graves problemas con enormes costos a futuro.
Sin embargo constatemos que, luego de la larga cuarentena, en esta segunda parte del año son muchas las comunidades que van movilizándose para conseguir tanto el retorno cauteloso a las aulas presenciales como al mismo tiempo el rescate de los contingentes de alumnos desenganchados de la enseñanza virtual.
Se suman cada día nuevas voces e iniciativas que chocan contra el frontón, presentado hasta el momento por el Ministerio de Educación nacional.
El ministro Trotta hace acordar a aquel antihéroe de la primera película de James Bond de 1962: “Dr. No”. Sus noes, derivados de un sistema de decisiones piramidal acentuado en la emergencia, conforman una larga serie cuyo último episodio es la negativa a las clases en enero, acordadas en la CABA que buscan sustituir, con plena justificación, las tradicionales colonias de vacaciones de la temporada estival, ya contempladas en el presupuesto.
La Ministra Soledad Acuña, en cambio, representa, junto con un puñado de ministros provinciales, a quienes empujan por la apertura gradual antes de que las semanas del ciclo lectivo 2020 se nos escapen como arena entre los dedos. Ella se inspira mucho en la experiencia europea y es optimista de que antes de fin de año se ofrecerán clases presenciales para la re vinculación de niños y jóvenes, entre sí y con sus profesores (Clarín, 27/9/2020). La rigidez del protocolo nacional, aprobado bajo exigencia gremial, es un obstáculo que se tiene fe en superar.
Con dos instancias evaluativas en octubre y diciembre, la CABA podrá calificar a todos los alumnos de los diversos grados y niveles, de suerte que la aprobación o desaprobación de los contenidos previstos para el año quede clara.
No se trata de una rebelión contra la disposición vigente de que 2020 y 2021 constituyan un ciclo y que el año no se repite. Al contrario, lo que prevé es que todos quienes no aprobaren estarán obligados a asistir a clases de apoyo los sábados y en verano. Esa política marca una desesperada lucha contra la pérdida de aprendizajes, que afronta la crisis con responsabilidad y que puede resultar efectiva.
En el otro extremo del ring, la Secretaria de Evaluación nacional, Gabriela Diker, una académica respetada que en la cumbre del poder afronta la prueba de la blancura: actuar con la prudencia que la situación exige. Su punto de apoyo es una gran encuesta organizada a comienzos de la pandemia, con el visto bueno del Consejo Federal, para auscultar en todo el país la continuidad pedagógica (Redacción, 28/9/2020).
La funcionaria explica que la tecnología informática no es el eje que garantiza por sí sola la continuidad pedagógica, lo cual es razonable. Pero, hace una crítica a los alumnos y familias porque dependemos demasiado de las calificaciones, como si ese fuera para el común de las personas el sentido único de la formación escolar. Claro que el afecto por el conocimiento debiera ser el sentido principal pero despreciar las evaluaciones acreditativas, que ponen nota, podría introducir una mayúscula desorientación social y cultural.
Otras dos sesudas afirmaciones de Diker justifican sendos comentarios. La primera refleja una molestia, típica de la pedagogía crítica, con la homogeneidad en la escuela y el “método simultáneo” de enseñanza. Lo siento, pero la escuela común que permitió a partir del siglo XIX en todos los países la creación de sistemas escolares universales requiere reconocer una forma racional-legal: que todos los niños son aptos para aprender el currículum nacional obligatorio. Sin las clases de un maestro con treinta alumnos no pudo ni podrá operar la educación popular. Cruzo los dedos para que la pandemia y la posmodernidad no desbaraten esa conquista de la humanidad.
El segundo punto de Diker es que la rama que peor se encuentra para la continuidad pedagógica es la secundaria. Las tasas de deserción parecen darle una razón que las evaluaciones de calidad le quitan.
Vienen a cuento los países escandinavos porque el Presidente Fernández nos anunció hace unos días que el modelo de país que su gobierno persigue son las democracias nórdicas (y eso no fue un chiste). Sobre una política dinamarquesa trata una serie televisiva con mucha audiencia en estos días. En el capítulo 4 de la primera temporada de Borger, el personaje principal Byrgitte Nyborg viaja a Groenlandia, una provincia autónoma alejada y atrasada poblada por esquimales. En la escena culminante la primera ministra discute agriamente con el gobernador local. Él le recrimina la colonización y ella le contesta diciéndole que la corrupción local no es culpa de la metrópoli. En una ráfaga fulminante le enrostra: “-más del 40% de los alumnos dejan la secundaria porque tu primaria es deficiente; esa no es nuestra responsabilidad.” A este punto quería llegar: si la escuela primaria no logra sus objetivos básicos, la secundaria padecerá las consecuencias.
El informe oficial 2018 de las pruebas PISA hace hallazgos que trazan un cuadro de situación sobre la educación en el país. En el apartado “5.2 Factores asociados a la capacidad lectora” exhibe ese nudo problemático del aprendizaje en la primaria que genera desigualdad social. Una encuesta de 2017, hecha entre la UNL y el Ministerio de Educación de Santa Fe, dirigida a centenares de maestros de los jardines de cinco y los dos primeros años de primaria demuestra que hay una correlación fatal entre el contexto de las escuelas, los rasgos socioculturales de las familias y los pobres logros en alfabetización inicial y lectoescritura comprensiva. Pero, también, que esos déficits están presentes en grado variable en todas las escuelas, aún en las privadas de élite, lo cual implica que se estaba ya entonces ante un problema generalizado que corresponde abordar al sistema escolar en su conjunto.
Entre muchas otras, esa investigación despeja el lugar común de que la crisis educacional argentina reside en la escuela media y da el alerta sobre la educación primaria y sus fallas primordiales.
En contraste, las pruebas Aprender del gobierno Macri, que registraron ese déficit con todo su dramatismo, no lo expresaron en sus informes con la claridad necesaria, su mensaje no repercutió sobre la opinión pública ni sensibilizó siquiera a las diversas instancias de gobierno y coordinación acerca de lo lacerante de este problema de ineficacia que afecta más a los más vulnerables y que requiere una política pública efectiva y urgente.
Si el actual gobierno quiere que los estudiantes de secundaria persistan en su esfuerzo, a través del sentido que encuentren en aprender y no abandonen, tiene que asegurarse de que dominen el lenguaje de los textos con el que sus profesores les imparten el contenido. Esa es una verdad grande como una escuela, de acá a Groenlandia.
Ahora, la pandemia ha hecho todo más difícil. Frente a tantas complicaciones el debate debe ser más amplio, y el rigor de los diagnósticos compartidos la vía inexcusable para canalizar el flujo de iniciativas, recursos y estrategias. La presencialidad que persigue Acuña y a la que Diker hace gambetas es fundamental.
Las provincias que la están ensayando, La Pampa por ejemplo, priorizan el último año de cada nivel. Está bien, tiene lógica, como también la tiene que los tramos formativos en enseñanza técnica y docente requieren la vuelta a las aulas físicas. Pero, si lo más arriba comentado es acertado, la presencialidad imprescindible es la de primer y segundo grado de primaria.
Todos los currículos prevén que a los siete años todos los niños deben estar alfabetizados. Esa meta, incumplida en la Argentina hasta 2019 se ha alejado todavía más en 2020. Ninguna urgencia es más importante que esa.
Todos los analistas coinciden en que la enseñanza por medio del e-learning, aun la sincrónica, no consigue suscitar los aprendizajes más complejos. Los sucedáneos por vía familiar, comunitaria o personalizada no son respuestas efectivas. Hay genios autodidactas pero la generalidad de los niños no lo es. Posar la mirada del público en ese primer trecho de la escolarización implicará un esfuerzo para los maestros y exigirá que los gobiernos les presten todo el apoyo que se requiere.
La gestión y desarrollo del currículo de primaria, resorte constitucional de las provincias, tiene en ese take-off o punto de despegue su mayor reto. Allí debiera concentrarse también la capacidad técnica del gobierno nacional, para prestar apoyo a los sistemas escolares de todas las provincias. Esos aportes son fundamentales, siempre y cuando no sean concebidos con omnipotencia o con soberbia.
El orden del día de la crisis educacional se va formando al calor de las movilizaciones que en los medios y cada día más en las plazas o en el atrio de las escuelas realizan las comunidades educativas para flexibilizar la veda y abrir las puertas hasta ahora cerradas. Las pocas semanas que van quedando de 2020 marcarán el ritmo en que maestros y alumnos vuelvan a encontrarse cara a cara; definirán la manera en que el ciclo no graduado hasta 2021, creado por acuerdo en el Consejo Federal, implica suprimir o no las calificaciones de 2020; dirán si el gobierno nacional menoscaba la autonomía de las provincias para conducir sus sistemas escolares o si respalda a sus autoridades; mostrarán con claridad si la opción es fortalecer el sistema educacional formal o ir tras el espejismo de los movimientos de base. Esas disyuntivas técnicas, políticas, ideológicas y morales requieren resolverse con la mayor dosis posible de consenso.
Volviendo al comienzo de esta nota, acaso nos quepa la esperanza de que el problema educacional se esté abriendo paso entre las prioridades de la opinión pública. El registro actual es demasiado bajo. Aliento la expectativa de que si los encuestadores permitieran dos respuestas por cada entrevistado la educación treparía más alto.
De cualquier forma la conciencia ciudadana sobre los déficits educacionales como trabas para el desarrollo nacional tiene que robustecerse si queremos una estrategia colectiva exitosa. La negativa irreductible del ministro nacional para que se vuelva a las aulas presenciales es solo explicable por su pacto con un gremialismo monolítico y cerril.
Una pregunta inquietante circula en algunos ámbitos y bueno sería que los hechos las desmintieran: ¿serán las escuelas cerradas la moneda de cambio con la que el sindicalismo oficialista hará la vista gorda frente a un severo ajuste sobre los sueldos docentes?
Adolfo Stubrin Santa Fe, 1 de octubre de 2020
P/BN/CC/rp.
