Formosa. Es de público y notorio que la provincia ha encarado la pandemia como un asunto de seguridad y en mucha menor medida como un tema sanitario, razón por la cual tiene preponderancia en la aplicación de medidas, para combatir el Covid-19, el ministerio de Justicia y el jefe de policía.
Durante todo este lapso, el ministerio de Desarrollo Humano quedó a cargo del Subsecretario de Coordinación y Control, Dr. Edgar Abel Crocci, en razón que el ministro Dr. José Luis Décima, está con licencia especial mientras se desarrolla una polémica respecto a las medidas restrictivas para combatir la pandemia, que se aplican a nivel provincial, y que la experiencia internacional ha puesto en cuestionamiento.
La política aplicada por el gobernador Gildo Insfrán, al ordenar el cierre de la frontera provincial, ha desembocado en un muy doloroso escenario en el que formoseños se han tenido que hacinar bajo carpas y viejos acoplados en la cabecera de puentes sobre el río Bermejo, límite con el Chaco, sin poder ingresar a su propio terruño.
Frente a este triste escenario, que se asemeja a campos de refugiados que solo existían en guerras lejanas, Mauro Rubén Ledesma de 23 años que pretendía regresar a su casa se arrojó a las aguas del Bermejo para cruzarlo, pero murió en el intento. Su familia confirmó que el joven estaba varado en Córdoba y que había solicitado en varias oportunidades la habilitación para acceder a la provincia sin lograr que el gobierno se lo permitiera.
Este trágico episodio dejó expuesta la política autoritaria que aplica la administración Insfrán, con consecuencias irreparables. Incluso se cuestionan dictámenes judiciales, como el emitido por el Juez Fernando Carbajal, que autorizó el ingreso de 81 estudiantes varados en otras provincias y la familia del niño de 4 años que dormían debajo de un acoplado en la ruta. La reacción oficial fue una campaña de agresión al juez y a la cámara de apelaciones con términos agraviantes.
El gobierno de Formosa reconoce unos 4.600 varados que pugnan por ingresar, aunque abogados y representantes de estos grupos dicen que el número podría llegar a 10.000. La provincia tiene un régimen estricto de cuarentena a todo el que ingresa, por el cual va dejando pasar entre 200 y 300 por semana, según la situación epidemiológica. Todos los que ingresan, por turno o con hábeas corpus, son enviados a uno de los 42 centros de alojamiento preventivo (23 en la capital) para cumplir una cuarentena estricta de 14 días, con los gastos a cargo de la provincia.
Estas medidas han sido dispuestas por Gildo Insfrán, que está sentando en el sillón de gobernador desde hace 25 años, después de haber logrado la modificación de la constitución provincial que le permite la renovación a perpetuidad de su mandato. Recientemente recibió la visita del presidente Alberto Fernández que lo elogió y le dijo: “Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero a Formosa porque conozco a Gildo. Lo conozco en su dimensión política, pero también en su dimensión humana, porque todos los que abrazamos la política porque tiene un tema central, que es ver de qué modo el ser humano vive un poco mejor, progresa, se desarrolla”.
Más allá de los expresado por Alberto, sería conveniente tener presente que en Formosa, la mortalidad infantil es la más alta del país, para solo tomar un ejemplo. Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, (Dirección de Estadísticas e Información de Salud Estadísticas vitales. Información básica. Año 2017. Serie 5. N° 61.) alcanza el 16.0/1000, prácticamente el doble que el promedio nacional que ronda el 9.0/1000. Es un dato concreto, que por sus implicancias revela la crítica situación socio económica que se vive en la provincia.
PR/Blas Hoyo/vfn/CC/rp.
