jueves 9 diciembre 2021

El Reino Unido queda fuera de la EU, 10 Downing Street enfrentará su futuro en soledad

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“Una página más de Brexit”
Atilio Molteni – Embajador


La salida del Reino Unido de la Unión Europea (EU), comúnmente llamada Brexit, fue el resultado de un referendo celebrado en junio de 2016, a propuesta del líder conservador David Cameron, ante la alternativa de renegociar sus obligaciones comunitarias con Bruselas o aceptar una mayor integración, que era cuestionada por los euroescépticos en el Parlamento, en el Gabinete Ministerial y por gran parte del público.

Los votantes, con un reducido margen del 52%, se pronunciaron por abandonar el más amplio Tratado comercial existente, decisión que no era la buscada por Cameron a quien le costó su cargo. Los partidarios del Brexit favorecieron una libertad de acción sin condicionamientos para transformar al Reino Unido en una fuerza global, capaz de llegar por sus propios medios a celebrar acuerdos con las grandes potencias comerciales como Estados Unidos, China y otras emergentes, y desarrollar las industrias del futuro, por ejemplo, las resultantes de la inteligencia artificial y la biotecnología.

Sin embargo, el escenario para llevar adelante estas alternativas cambió con el advenimiento de las políticas proteccionistas de Trump de “América Primero” y de otros líderes populistas y la consolidación de China como la mayor fuerza condicionante del comercio internacional. Además, al alejarse de la UE, Londres perdió la posibilidad de determinar lo que ocurre más allá de sus fronteras, circunstancia que da fuerza al federalismo europeo.

El Brexit representó la conjunción de tres fuerzas internas: grupos de derecha contrarios a la inmigración, conservadores defensores de una libertad de comercio absoluta y políticos de izquierda que trataron de obtener más fondos para subsidiar las industrias locales en desmedro de su aporte al presupuesto de Bruselas. Para ellos allí funciona una burocracia que defiende sus propios intereses, lesionando la posibilidad del Reino Unido de tomar decisiones propias, razonamiento básico de su posición histórica ante el Tratado.

En 2017, ambas partes comenzaron a negociar los términos de este retiro, -previsto para marzo de 2019- pero, el Parlamento británico no pudo decidir sobre sus características y por otros problemas, por ejemplo, cómo funcionaría la frontera entre Irlanda del Norte (que forma parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (Estado miembro de la UE). Luego, en el curso de 2019 el Parlamento rechazó una propuesta de la entonces primera ministro conservadora Teresa May, pero también se opuso a que tuviera lugar sin que hubiera un acuerdo (lo que hubiera significado un Brexit duro). Ante esta situación, la UE consintió en extender en dos ocasiones el plazo de negociación.

Después de la renuncia de May, el nuevo primer ministro conservador Boris Johnson (gran partidario del Brexit), fracasó en su primera propuesta ante el Parlamento. Luego, su victoria en las elecciones generales de diciembre de 2019, le otorgó una amplia mayoría (no vista desde los tiempos de Margaret Thatcher) y un nuevo mandato de negociación. De esta manera, el voto popular se impuso al statu quo sostenido por el Parlamento, que no tomó una decisión hasta pasados tres años y medio del referendo, buscando revertir su resultado. Johnson resumió su objetivo en las palabras “el Brexit debe hacerse”, empeño en el cual demostró pragmatismo y determinación.

Finalmente, el 31 de enero de 2020, se firmó el acuerdo del retiro de Reino Unido de Tratado, del que fue parte por 48 años, dando comienzo a una nueva y compleja negociación para determinar su futura relación comercial y de seguridad con los 27 países que componen la UE, fijándose un plazo límite hasta el 31 de diciembre, durante el cual se continuó aplicando transitoriamente su Tratado. La alternativa de no llegar a un acuerdo hubiera sido un Brexit duro, dando lugar a la aplicación de las normas de la OMC, lesionando su economía ya afectada por la pandemia.

El 23 de diciembre, después de 11 meses de debatir, votar y negociar se llegó a un entendimiento de última hora del primer ministro Johnson con la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. De esta manera, los británicos consiguieron concretar la intención de lo votado en 2016. Al día siguiente, los representantes de los Estados de la UE en Bruselas acordaron la aplicación provisional del llamado Acuerdo Comercial de Cooperación -tendrá que ser ratificado en un plazo breve por las capitales de los Estados miembros y por los Parlamentos Europeo y del Reino Unido-. De esta manera, Londres queda fuera del Mercado Único, de la Unión Aduanera, del libre movimiento de personas y de la jurisdicción de la Corte de Justicia de la UE, que no le serán más aplicables (con excepción del territorio de Irlanda del Norte, que seguirá siendo parte del Tratado).

El texto contiene 1246 páginas, (fue difundido el 26 de diciembre) con normas muy amplias que van desde la cooperación nuclear civil a las conexiones eléctricas, desde la pesca a la aviación, y de la organización de distintos órganos para llevarlos adelante, pero no incluye a los servicios financieros (que explican el 11.8% del PBI británico y el 7.4% del empleo), y que hasta ahora compensaban el desequilibrio en su transacción de bienes. A su vez, existen otras cuestiones significativas sin resolver.

Johnson, en una declaración optimista, afirmó que se había terminado con una cuestión arrastrada por décadas, sin estar comprendido en la órbita legislativa o regulatoria de la UE, acordándose una nueva relación que podría ser muy próspera, dándole la oportunidad a su país de celebrar sus propios acuerdos con otros Estados, (incluyendo a Estados Unidos). El paso del tiempo dirá si es un buen o un mal acuerdo y los efectos prácticos de su aplicación, que puede ser complicada por la adición de nuevas normas aduaneras y sanitarias, y porque acentuará otros problemas políticos, como el referido a la situación de Escocia, al alentar las tendencias pro europeas y de independencia de su población.

El acuerdo permitirá la apertura recíproca e ilimitada de sus mercados, sin aranceles ni cuotas de importación, que en el caso de la UE es un mercado con 450 millones de consumidores. Como contrapartida, para evitar las ventajas de una de las partes sobre la otra, les impone el control de los subsidios públicos a sus empresas. Son mecanismos de vigilancia, defensa y retorsión que ocuparon gran parte del tiempo del equipo europeo, liderado por Michel Barnier, y del británico, encabezado por lord David Frost que, por su parte, resistió que se limitara su autonomía por considerar que era un tercero con relación al Tratado. En definitiva, se decidió que en el caso de detectar que las ayudas de los Estados distorsionaran la competencia, los autoriza a adoptar represalias comerciales inmediatas, sometidas a un arbitraje posterior.

También se incluyó una cláusula de no regresión por la cual Londres se compromete a no dar marcha atrás en los estándares sociales, laborales, fiscales y medioambientales, establecidos por la normativa comunitaria al 31 de diciembre de este año. Por otro lado, se evitó que exista una frontera dura en la Isla de Irlanda, que era una de las prioridades de la UE, en resguardo de los derechos de sus ciudadanos.

La pesca constituye una pequeña parte de la economía británica, pero se constituyó en uno de los temas más sensibles desde los orígenes de la negociación, pues fue utilizado por los partidarios del Brexit para fundamentar su campaña, consecuencia de la denominada “soberanía simbólica”. El fracaso de la negociación estuvo muy cercano, debido a la insistencia británica de disponer de toda la pesca en sus aguas territoriales, a pesar de que dada su pertenencia a la UE estaba comprendida con la “Política de Pesca Común”, que determina cuotas de pesca para todos los Estados miembros, por lo cual se habían creado situaciones objetivas que no se podían interrumpir abruptamente. A último momento, ambas partes cedieron en sus pretensiones y se acordó que el 25% de los derechos de captura de los pesqueros de la UE, serán transferidos al Gobierno británico en un período de 5 años y medio. Luego de esa fecha se negociará un nuevo estatus de dicha pesca.

Gibraltar, aparece sólo una vez mencionado en el texto, donde se señala que “este acuerdo no se aplicará en Gibraltar ni tendrá efectos en ese territorio”. Fue el resultado de la amenaza de Madrid de vetar cualquier otra opción. Ahora el Reino Unido y Gibraltar tendrían que negociar acuerdos por separado con la UE, por lo cual España tendría siempre la última palabra sobre lo que se llegue a pactar. En tanto que las negociaciones en paralelo entre Madrid y Londres no han avanzado.

También se excluyó del Acuerdo los llamados “Territorios de Ultramar”, que sigue poseyendo el Reino Unido: entre ellos las Islas del Atlántico Sur, cuya soberanía le disputa nuestro país. Los isleños, que no tienen derecho alguno en el texto alcanzado, deberán pagar aranceles por el ingreso de sus productos a la UE (entre el 6 y el 18%), a consecuencia de un acceso comercial desventajoso. También se pueden ver afectados sus ingresos por la concesión de licencias pesqueras a buques extranjeros -muchos de ellos de España- (constituyen entre el 50% y el 60% de la recaudación fiscal) y la principal fuente de fondos al presupuesto de las Islas. En su mensaje de fin de año a los isleños, Johnson destacó la intransigencia europea en este tema y se comprometió a seguir trabajando con ellos. Asimismo, subrayó la importancia de la nueva política comercial independiente, que abrirá la puerta a todo tipo de nuevos mercados para sus exportaciones.

Este resultado de lo acordado es auspicioso para nuestro país, pues aumentará el costo financiero de las islas que en el pasado fue una de las razones que llevó a Londres a negociar con Argentina. Pero ello depende de nuestra capacidad para actuar ante los miembros de la UE, en defensa de los derechos argentinos sobre las Islas, que se han reflejado en la consideración del tema en la ONU. Posiblemente, nuestra Cancillería deberá tener en cuenta y manifestarse ante una intensa e inmediata ofensiva del Reino Unido y de los isleños para obtener un trato preferencial de la UE, donde además pueden llegar a sostener que la decisión original de las partes del Tratado significa un reconocimiento de una entidad separada que tiene derecho a su autodeterminación.
Atilio Molteni-Embajador
IN/BN/CC/rp.

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