Dra. Marta Nercellas
Si algo no podemos reprocharle a las actuales autoridades, es que no anticipen su plan. Los avances del ejecutivo sobre la justicia; los principios suprimidos o subvertidos; las inmoralidad o delito disfrazados con los trajes de la solidaridad, delinean su visible estrategia. Careceremos de plan económico (o tal vez el que tienen sea manifiestamente inconfesable) pero no de plan institucional. Diferentes voces lo van señalando, sólo es cuestión de armar el rompecabezas que proponen.
La chapucería con la que lo van ejecutando avisa hasta al más distraído. Dictan resoluciones que distorsionan las reglas del mercado, no intentan restringir los gastos públicos improductivos, ni estabilizar el peso, ni impulsar el crecimiento, ni perder ninguna de las prebendas que los miles de funcionarios públicos supieron acumular en capas geológicas. Impiden exportaciones, aumentan las retenciones tal y como si el objetivo fuera cerrar las puertas al ingreso de divisas, que pueden hacer más sustentable a nuestro estado y a sus agentes productivos
Vulneran el principio de igualdad. Apelan una y otra vez los fallos que pretenden actualizar los salarios de los jubilados pero, con un toque mágico, convierten en dos pensiones graciables que se suman a su sueldo, todo exentos de impuestos, el pedido de quien entiende que se deben retribuir los servicios que ha prestados a la patria. Lo poco recaudado deberá dividirse entre aquellos que aportaron y los 3 millones de jubiladoss que ingresaron al sistema gracias al gobierno nacional y popular, pero que nunca aportaron. ¿Trampas de la burocracia o expresión del sentido de justicia de sus ejecutores?
Vuelve el barco regasificador, y si el estado controla el cómo, el cuándo y el precio de los insumos, la historia reciente demuestra que la escasez será la consecuencia de tanta regulación. Retorna el triste sabor de las sospechas de negocios turbios. En la cuarentena la Secretaría de DDHH recibió 531 denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad y hubo – cuando menos-25 muertes generadas en el incumplimiento del aislamiento ordenado. Ello sin contar un ahogado cuando intentaba cruzar la ilegal frontera levantada por su provincia. Este muerto, no rezado por quienes idolatran a Maldonado como víctima de la violencia institucional, pese a que 56 peritos ( incluyendo los de su propia familia) aseguraron que se murió ahogado sin intervención de nadie.
La sensibilidad nacional está adormecida. La individual en crisis, porque no puede salir de la confusión que le vende el “relato”.
El presidente nos dice que Rodriguez Larreta exagera. Que genera un conflicto donde no lo hay. ¿Cómo se le ocurre judicializar o cuestionar el “robo” liso y llano de los dineros con los que pretendía mantener los servicios de la Ciudad y hacer las obrass públicas que prometió?. ¿Cómo puede no ser solidario con la provincia de Buenos Aires que a fuerza de corrupción e ineficacia , y pese a las décadas de gobierno peronista, carece de cloacas, agua potable, seguridad y rutas. “No quisimos hacerle daño a nadie” , agrega, con la ingenuidad de un niño de 7 años que roba la pelota con la que el equipo estaba disputando su partido.
Con la misma “ingenuidad” se ignora la división de poderes. Se avanza sobre el poder judicial anunciándolo por altoparlante – no digo megáfono para preservar la dignidad del primer mandatario-. Se intentó trasladar a los jueces que habían confirmado que la vicepresidenta, parte de su familia y amigos, eran corruptos. La Corte, en un fallo jurídicamente poco rescatable, restó fuerza al empellón pero lo dejó subsistente.
Se acosa al Procurador General sin importar que se trate de un profesional digno, sólo por no dejarse comandar por los políticos. Se intenta aniquilar la independencia y autonomía de los Fiscales proponiendo una ley y un jurado de enjuiciamiento que permita removerlos arbitrariamente. Es que los fiscales deben promover las acciones penales, sostener las acusaciones, realizar la investigación y acumular la prueba. Obviamente, para que no deban padecer lo que ahora trajinan, deben ser rehenes de los políticos, sino no podrán “trabajar” en paz.
Se nombran jueces y fiscales cuyo antecedente imprescindible consiste en acatar órdenes y ser seguidores de la doctrina Kirchnerista. Se designan jueces subrogantes, lo que implica una posición vulnerable.
El Consejo de la Magistratura – el que debe proponer y destituir los jueces- está dominado por la política y cuenta con el silencio cómplice de la Corte. La OA se retira de las querellas contra los funcionarios amigos. Se otorga prisión domiciliaria a los presos por corrupción. La estrábica mirada militante los convierte en “presos políticos”.
Se quejan que la Corte resuelve a su antojo (seguro que es por culpa de la autonomía que le asigna la Constitución, así que intentarán impedir que siga vigente). Se enfadan porque no revisan una sentencia avalada por más de 14 jueces en la que se condena por corrupción a quien con sus actos y sus palabras no ha dejado de acreditar la certeza de la sentencia. La única gravedad institucional en el caso, es el nombre del condenado. No existía agravio constitucional, la Corte carecía de competencia. Para el relato eso no cuenta.
Al no poder doblegar la voluntad cortesana, Aníbal Fernández propone eliminar el sistema difuso de control de constitucionalidad dándole a otro Tribunal de igual jerarquía el control de las resoluciones arbitrarias. ¿Cómo no va a haber una Corte “blue” que resuelva los problemas de los aliados cuyas condenas, en caso de existir, sin duda serán arbitrarias?
La prueba acumulada en los procesos que les interesan es de tal envergadura que ni siquiera con la buena voluntad y el temor de sus juzgadores pueden desarticularlas. Ni sumando los favores posibles se puede evaporar. Se van forzado sobreseimientos, se intentan denuncias contra los adversarios políticos para tener capital de permuta, igual nada alcanza. Entonces el ciudadano más acorralado de todos, el que menos puede gestionar a voluntad, se sincera: “hay que meter mano en la justicia”.
El puerto de la impunidad es el destino, deben elegir qué parte del derecho (los hechos dan igual) se debe activar para llegar ahí.
El lawfare, la persecución política, la crueldad e intencionalidad de los investigadores motivada por su gestión a favor de los más vulnerables, es lo que debe prevalecer.
Si quienes aceptaron la autoamnistía de los militares, no integraron la Conadep, nombraron como funcionario a Milani, pueden autodefinirse como los líderes de los derechos humanos, por qué no pueden, ignorando “sueños compartidos” o el escandaloso enriquecimiento de quienes manejaron dineros públicos, constituirse en líderes de la lucha contra la corrupción.
El actual presidente dijo, antes de alquilar el cargo que no ejerce pero ostenta, que Cristina se indultó a sí misma apropiándose de la verdad y de la patria. Ahora llegó su turno para revalidarle ese indulto.
Mientras amenazaba a los jueces afirmando que pagarán por las “barrabasadas” ejecutadas, sostenía que nunca indultaría a nadie. Es el mejor indicio que al decreto sólo le falta la fecha.
«Sin el indulto van a seguir los presos políticos” nos dice el titular de aquella diplomacia paralela que negoció con Irán. Constitucionalmente el indulto es el perdón de la pena. Necesita una sentencia firme porque sino se consideraría una injerencia del ejecutivo en el poder judicial. No se puede indultar a procesados. Esa violación a la reserva de las atribuciones o competencias concedidas expresamente a otros poderes del Estado, está prohibida por el art. 109 de la C.N.
Pese al indulto, la persona sigue siendo culpable. Tampoco se extingue su responsabilidad civil. Es un acto administrativo del poder ejecutivo, pero en rigor es un reconocimiento del delito cometido, sólo se extinguen las consecuencias penales. ¿Le alcanzará a la “jefa” esta solución? O querrá no sólo ser declarada inocente sino que se le pida disculpas por los malos momentos pasados en el banquillo de los acusados?.
Discutir y probar su inocencia no sólo frente a la historia sino frente a los ciudadanos de su país, es un derecho inalienable que la señora Kirchner tiene y que el presidente no debería negarle. Convencida de su inocencia conforme lo manifiesta, no debe permitir cargar sobre sus espaldas el estigma que significa un perdón. Ya que sólo se perdona a quien “pecó”.
El presidente no puede indultarse a sí mismo y las reglas morales excluirían también a cualquiera de los funcionarios de alto rango que lo acompañen en su gestión. La moral pública y la ética impiden un obrar de ese tenor. El ejercicio de la función pública requiere que la persona que cometa cualquier tipo de delito vinculado al ejercicio o en ocasión de sus funciones, responda por él y si como afirman, no los ha cometido, merece que la reivindicación se la conceda una sentencia que lo absuelva y no un perdón.
La amnistía puede dictarse a procesados pero necesita una ley y además debe ser general y no para una persona determinada. Supone el perdón del delito y no sólo de la pena, como es el caso del indulto.
Indulto y amnistía son mecanismos encubridores de una falta de castigo a los culpables. Resultan actos de impunidad sólo aceptable en delitos menores o en la necesidad de pacificar una sociedad.
La corrupción tiene efectos corrosivos en las sociedades, socava la democracia.
El último párrafo del art. 36 de la CN equipara estos hechos a aquellos que atentan contra el sistema democrático.
Observamos que la brújula moral se encuentra rota, los pudores desactivados y la palabra devaluada. Este “cóctel” nos exige estar alertas. Los errores se pueden corregir. La inmoralidad no.
Dra. Marta Nercellas
Abogada, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico
P/BN/CC/rp
Indulto y amnistía son mecanismos encubridores de una falta de castigo a los culpables: al decreto solo le falta la fecha
