El Gobierno puso en marcha una ronda de consultas internas para instrumentar un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado, unos seis millones de empleados en todo el país, con el objetivo de morigerar la pérdida del poder adquisitivo que les provocó en los últimos meses el aumento de la inflación. Tras la presión pública que ejerció el kirchnerismo para que se avance con una suma fija, el presidente Alberto Fernández le asignó el asunto a sus ministros Sergio Massa (Economía) y Kelly Olmos (Trabajo).
Massa y Olmos se reunirán la semana próxima para trabajar los detalles del bono, que partiría de un piso de $30.000, la suma que acordaron los gremios estatales UPCN y ATE en la paritaria con el Estado nacional, que engloba a 3,3 millones de agentes públicos. Hasta el momento, los funcionarios no dieron precisiones sobre la posibilidad de que el bono sea extendido a sectores informales de la economía, aunque en ese caso el ministerio involucrado sería Desarrollo Social.
Fuentes cercanas al Presidente indicaron que Massa “está viendo lo del bono por indicación de Alberto y lo está trabajando con Kelly”. En la misma línea, hicieron una distinción entre el bono y la suma fija que reclamaron sectores afines al kirchnerismo, desde sindicalistas como Pablo Moyano hasta el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en la víspera. “Lo de la suma fija es muy difícil porque estarías obligando a los pequeños comercios, a los intendentes, a dar un aumento que no tienen con qué darlo”, explicaron.
“Las empresas tienen otra espalda”, ampliaron funcionarios de la Casa Rosada. Y graficaron: “El 70 por ciento de los salarios menores de 70 mil pesos hoy son los empleados municipales, y los intendentes no tienen cómo pagar una suma fija”. Por eso es que tanto el Presidente como sus ministros de Economía y de Trabajo se inclinarían por el instrumento del bono. “Una suma fija por decreto no discrimina”, advirtieron en Balcarce 50.
Más temprano había sido la propia Kelly Olmos la que salió a fijar postura. La nueva ministra de Trabajo, que participó del cierre de la paritaria del estratégico gremio de Camioneros, admitió que el bono de fin de año para los trabajadores del sector privado “está en la mesa de negociación y forma parte de los instrumentos que tenemos que mirar como alternativas”.
Antes de sellar el acuerdo salarial con los Moyano, Olmos recibió en su despacho a su par bonaerense, Walter Correa, que además es jefe sindical de Curtidores. Correa asistió con Vanesa Siley, dirigente gremial de los judiciales, diputada nacional y camporista. Ambos le pidieron que interceda ante el Presidente para que habilite por decreto una suma fija para el sector privado por el avance de la inflación.
“El tema fue planteado, aunque no hubo definiciones. Ella sabe que no tiene la última palabra”, dijeron testigos del encuentro en el piso 18 del Ministerio de Trabajo, en Alem al 600.
“No se habla de un aumento de suma fija, se habla de un bono de fin de año”, aclaró este viernes Olmos en declaraciones a Futurock. La titular de la cartera laboral afirmó, en tanto, que le “preocupa que ese bono pueda favorecer también a los trabajadores informales, donde es difícil llegar con derechos”. En ese sentido, se estima que al menos ocho millones de personas engrosan la denominada “economía popular”, en algunos casos vinculadas a organizaciones piqueteras y en otros con actividades de “changas” que no quedan registradas.
Olmos se mostró confiada de que la suba de precios de este año “no exceda el 90%″. Sin embargo, reconoció que, en un contexto de elevada inflación como el que sufre la Argentina, “es realmente difícil que los ingresos puedan recuperarse con el vigor que nosotros deseamos”. La ministra de Trabajo agregó: “Lo que hay que rescatar es que el sistema de paritarias es una institución muy vigorosa en la Argentina. Este año hemos suscripto más de 2700 convenios paritarios, con una dinámica de compromiso que ha sido excelente”.
P/ag.lnms.cl.ifb.vfn/gr.
