El ministro de Economía firmó un nuevo aumento de recursos para el Estado para este ejercicio. Se trata de la quinta modificación desde que es ministro, pero la primera que tiene un impacto negativo en las arcas públicas. Incluso, esta medida “empata” los ahorros realizados. Entre todos, acumulaban un ahorro para el Tesoro de $146.044 millones. En cambio, la última ampliación genera un deterioro de $145.000 millones.
Massa se comprometió a no aumentar las partidas cuando, en las primeras semanas en el Palacio de Hacienda, se reunió con los 18 titulares de las distintas áreas para establecer topes presupuestarios que no excederían lo ya delineado por Martín Guzmán, su antecesor. “Hemos citado para el día martes a todos los y las responsables de administración de ministerios para darles la programación hasta fin de año, para que conozcan las prioridades de inversión y los techos de gasto”, anunció Massa, en ese entonces.
El ministro, al ratificar que cumpliría la meta fiscal del 2,5% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año, expresó que el desvío era de 0,7%. “Se harán todas las correcciones que sean necesarias”, prometió en la conferencia de prensa de su presentación como titular del Palacio de Hacienda.
La modificación confirmada hoy incrementa el cálculo de recursos en $105.203 millones y los gastos totales en $249.865 millones, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El impacto sobre el resultado financiero es negativo en $144.662 millones.
“Resulta necesario incrementar los créditos presupuestarios de distintas jurisdicciones a efectos de asegurar la atención de las remuneraciones, atento el impacto de las mejoras dispuestas por diversas normas durante el presente año”, explica la Decisión Administrativa 1074/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La mayor parte de los incrementos se autorizan para financiar salarios, planes sociales -particularmente los bonos de Anses y el Potenciar Trabajo- y el pago de deudas.
Fuentes del Ministerio de Economía justificaron la medida porque se compensa con el ahorro logrado en los meses previos. “Se empatan, se emparejan. No hay nuevo gasto”, expresaron.
Un dato importante: no está incluida ninguna partida para solventar el bono de $45.000 que repartirá Anses a personas en situación de indigencia, cuyo monto será, por ahora, de $36.630 millones (debido a que se confirmaron 814.000 beneficiarios, a la fecha) y podría ascender hasta $99.000 millones (de confirmarse el pago a 2,2 millones de beneficiarios, como se estimó originalmente).
El anexo en el que se vuelcan todas las modificaciones tiene 759 páginas e implica cambios para la mayor parte de las áreas estatales. La Anses es una de las que mayores transferencias recibirá por el bono de hasta $7000 para los jubilados, confirmado en agosto y el bono de $20.000 para los beneficiarios de asignaciones familiares. Además, se destinan $93.650.463.507 al plan Potenciar Trabajo, lo que representa cerca de un 64% del resultado deficitario.
Las partidas de la Anses aumentan en $110.933,7 millones, y se destinan $100.025,1 millones para Transferencias al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes para afrontar el pago de Prestaciones Previsionales por $53.025,1 millones y Asignaciones Familiares por $47.000 millones. Además, asignan $10.908,6 millones para Gastos en Personal, según los cálculos de ASAP.
Múltiples jurisdicciones recibirán nuevas partidas para hacer frente al pago de salarios. Raquel “Kelly” Olmos, la flamante ministra de Trabajo confirmó, además, que consensuó con los gremios UPCN y ATE un bono de $30.000 para todos los empleados públicos. El Estado nacional emplea a 341.681 personas, de las cuales 230.592 (67%) corresponden a la administración pública nacional y 111.089 a empresas y sociedades. De pagarse a los primeros, el desembolso ascendería hasta $10.250 millones.
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