Poe Luis Domenianni
A poco de cumplirse dos años de mandato, el presidente Guillermo Lasso debe superar una crisis de legitimidad a raíz de la derrota del oficialismo en las elecciones municipales y regionales de las principales aglomeraciones como es el caso de Guayaquil, la ciudad más poblada, y de Quito, la capital del país.
Tanto en Quito como en Guayaquil y otras ciudades, el triunfo electoral correspondió a Revolución Ciudadana, un partido político que responde –aunque muchos observadores dudan sobre su liderazgo- al ex presidente Rafael Correa, sentenciado a ocho años de prisión por cohecho y exiliado en Bélgica, de donde es originaria su esposa.
De momento, y pese a que ya pasaron varios días desde la fecha de los comicios, los resultados oficiales aún no fueron publicados. Es casi seguro que no modificarán los cómputos regionales y ciudadanos, pero no ofrecen la misma seguridad respecto del referéndum, consistente en ocho preguntas, sometido el mismo día al sufragio universal.
Cierto es que, a nivel nacional, el referéndum, las regionales y las municipales no generan efectos prácticos en el orden institucional. Pero, sí políticos. Particularmente en cuanto al eventual –fue postergada por unos días la fecha de publicación de los resultados oficiales- rechazo a las ocho preguntas de consulta a la ciudadanía.
Si en las elecciones regionales y municipales, en el oficialismo bien pueden hacer recaer las culpas sobre los candidatos locales, en el referéndum a nadie cabe duda acerca del interés del gobierno nacional en una respuesta positiva. Por ende, un no –casi seguro- es un no a la administración del presidente Lasso.
Cierto es que algunas de las preguntas están relacionadas con cuestiones técnico-jurídicas que las torna de difícil respuesta, pero otras consisten en interrogantes perfectamente comprensibles para la totalidad de los votantes.
Temas tales como la extradición de delincuentes acusados por “delitos relacionados con el crimen organizado transnacional” o la reducción del número de asambleístas –legisladores- o la exigencia para los partidos políticos de contar con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 por ciento del padrón electoral, son de muy fácil comprensión.
Tres temas que, en otras circunstancias, bien pudieron recibir el beneplácito ciudadano. No parece sensato imaginar que los ecuatorianos son mayoritariamente favorables al narcotráfico o que no están de acuerdo con achicar el gasto político o que prefieren continuar con los más de 170 partidos políticos inscriptos sin exigirles un mínimo de requisitos.
Es casi inevitable interpretar, entonces, que la suma de las derrotas electorales regionales y municipales y el rechazo a las ocho preguntas del referéndum responden a un repudio por parte de una mayoría de la población al gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Bemol: la demora en conocer los resultados finales del referéndum se debe a un anuncio sobre un supuesto “centro paralelo” de procesamiento de datos en la delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia de Guayas –capital Guayaquil- con gran peso electoral por su demografía.
El eventual fraude electoral habría consistido en la impresión de actas de reconteo no oficiales que favorecían al No en las preguntas de la consulta a la ciudadanía. La denuncia no la formuló ningún apoderado de partido político, sino el mismo vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.
Si el fraude es comprobado el presidente Lasso conseguirá algún oxígeno como, por ejemplo, convocar a un nuevo referéndum. Con algo más de “aire” o sin él, el presidente Lasso queda debilitado para el resto de su mandato. Serán dos años difíciles. Posiblemente más difíciles que los dos ya transcurridos.
La política
La composición actual de la Asamblea Nacional no es para nada favorable al presidente que solo cuenta con 12 legisladores del derechista Movimiento CREO, su propio partido político, sobre un total de 137 asambleístas.
Al centro del espectro pueden considerarse los 17 socialdemócratas del ID –Izquierda Democrática- fundado por el ex presidente Rodrigo Borja y los 18 legisladores del Partido Social Cristiano (PSC) fundado por el fallecido ex presidente Sixto Durán-Ballén.
A la izquierda se ubica el indigenista Pachakutik, con 27 legisladores, cuyo candidato presidencial en las elecciones del 2021 Yaku Pérez terminó tercero a escasos votos del segundo –Lasso- y no accedió, por ende, a la segunda vuelta.
Por último, la bancada más importante, izquierdista -aunque no indigenista- está conformada por los 49 asambleístas del UNES, ahora Revolución Ciudadana, de ideología “chavista-populista”, con el liderazgo del ex presidente Rafael Correa.
El dilema que quedará planteado tras la derrota electoral –si se confirma- del gobierno en el referéndum el 5 de febrero del 2022, será el comportamiento del “correísmo” ¿Prevalecerán las instituciones por sobre las ambiciones individuales? ¿O intentará el UNES una destitución del presidente?
Los antecedentes no son alentadores. El “correísmo” manipuló un procedimiento de destitución legislativa de Lasso durante el conflicto del gobierno con los representantes indígenas. No pasó a mayores porque no consiguió los votos necesarios. Pero lo intentó una vez ¿Lo intentará de nuevo?
En aquella oportunidad –junio del 2022- el UNES especuló con la crisis que desató la movilización indigenista cuyo punto culminante fue la paralización de la capital Quito, ocupada durante 18 días por manifestantes, convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, cuyo dirigente es Leonidas Iza.
Pero, el indigenismo y el gobierno firmaron un acuerdo que puso, concesiones gubernamentales mediante, fin a la movilización y, paralelamente, el intento de destitución del “correísmo” no prosperó en la Asamblea y se diluyó frente al acuerdo oficialismo-indigenismo.
Los ciudadanos ecuatorianos que se consideran indígenas suman solo el 7 por ciento de la población, según el último censo. Pese al porcentaje menor a nivel nacional, resultan mayoritarios en ciertas áreas rurales.
Según el censo de 2010, casi el 72 por ciento de los ecuatorianos se auto perciben como mestizos; casi el 7,5 por ciento como “montubios”, una categoría étnica compuestas por los campesinos de la costa; el 7,2 por ciento afro ecuatorianos; el 7 por ciento, indígenas; el 6 por ciento, blancos; y menos del 1 por ciento, asiáticos.
Contrariamente a cuanto se suele especular, la población indígena ecuatoriana no es necesariamente pobre. No son pocos quienes son propietarios de las tierras que cultivan. Tan es así que la población rural ecuatoriana es la tercera con mejor nivel de vida, tras la de Uruguay y de Cuba, en la región.
Como se dijo, después de 18 días –y 6 muertos- el presidente Lasso debió ceder ante las demandas, tras los intentos fallidos de acabar con las movilizaciones, represión mediante. En particular, la demanda principal consistente en la reducción del precio de los combustibles.
Con la mediación de la Iglesia Católica, el gobierno aceptó iniciar un diálogo sobre el control de precios de los productos básicos, la lucha contra la desocupación y la mayor inversión pública en materia de educación y de salud.
Un conjunto de buenas intenciones que la economía del país no parece en condiciones de satisfacer, pese al buen crecimiento económico que, en el 2022, representó un incremento del Producto Bruto Interno (PBI) que alcanzó el 4,3 por ciento anualizado.
El narcotráfico
En los dos años que Guillermo Lasso lleva como presidente del Ecuador, seis veces decretó el “estado de excepción” como consecuencia de la violencia que azota al país de manera general y a las cárceles, en particular. Como ejemplo –extremo, por cierto- valga lo acontecido en la primera semana de noviembre del 2022.
Durante aquel corto lapso de tiempo, motín en la prisión Litoral de Guayaquil; seis policías asesinados; aparición de dos cadáveres decapitados colgados de un puente; más de una veintena de ataques con explosivos o con armas de fuego contra comisarías de policía y estaciones de servicio y cinco detenidos asesinados en la prisión de El Inca de Quito.
Desde la matanza de 120 detenidos en un solo día durante los enfrentamientos entre bandas rivales en la prisión guayaquileña en setiembre de 2021, los muertos por violencia en los centros de detención ecuatorianos contabilizados suman casi cuatrocientos.
Según las autoridades carcelarias, 11 mil de los 35 mil sentenciados que habitan las distintas prisiones forman parte de diez organizaciones criminales censadas en las cárceles. En todo el país, la estimación es de una veintena de bandas integradas por aproximadamente 40 mil personas.
De momento, el Estado parece impotente para controlar la violencia. Por el contrario, por complicidad o por miedo, los penitenciarios hacen la vista gorda frente al ingreso de armas, municiones, granadas y otros tipos de explosivos a los penales.
La separación en pabellones y hasta en distintas prisiones de miembros de bandas rivales de momento no arrojó buenos resultados. De alguna manera, por el contrario, fortificó la ascendencia de los jefes sobre sus subordinados y facilitó la planificación de actividades delictivas fuera de las cárceles.
Desde 2017 al 2022, Ecuador casi quintuplicó el número de homicidios anuales. De un promedio de 5,8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes en 2017, pasó a una media de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El incremento de la violencia se debe, sin dudas, a la mayor presencia de las organizaciones narcotraficantes internacionales. Es que, geográficamente, Ecuador es un país bisagra entre los dos mayores productores de cocaína en el mundo: Colombia y Perú.A nadie escapa que el gran puerto de Guayaquil opera como una puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana.
Pero Ecuador ya no es solo un mero país de tránsito. El consumo interno de la droga creció exponencialmente y, con él, el accionar de las bandas narcotraficantes locales.
Según los observadores, con ideología de izquierda o de derecha, el gobierno no da en la tecla para tratar a las bandas narcotraficantes. Los primeros son críticos de las violaciones a los derechos humanos. Los segundos de la laxitud en la “guerra” contra las bandas.
Para los primeros, es necesario descongestionar las prisiones y aumentar los presupuestos para la “rehabilitación social”. Para los segundos, se trata de seguir el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele de mano firme frente a los delincuentes.
El gobierno del presidente Lasso queda a mitad de camino. Ni lo uno, ni lo otro. Elije la guerra contra el narcotráfico, pero no emplea los “grandes métodos”.
Sin embargo, el “titubeo” no solo afecta al gobierno. El reciente rechazo –si se confirma el resultado del referéndum- a la pregunta sobre la extradición, en particular de narcotraficantes, por parte de la población, demuestra que la especulación política aparece como prioritaria para la sociedad por encima de la lucha contra el narcotráfico.
La economía
Ecuador abandonó, al comienzo del nuevo milenio, al sucre como moneda de curso legal y lo reemplazó con el dólar estadounidense. Es uno de los siete países que utilizan la divisa norteamericana en sus transacciones corrientes, además de los Estados Unidos, claro.
Junto a Ecuador, el dólar estadounidense es empleado desde 1904 en Panamá –coexiste con el balboa, pero no circulan billetes de balboas, solo monedas- y desde el 2001 en El Salvador. Los restantes países son las islas caribeñas de Bonaire y de Saba, consideradas partes integrantes de los Países Bajos, y las dependencias británicas de Islas Vìrgenes y de Islas Turcas y Caicos.
Sin lugar a dudas, la dolarización frenó la inflación en el país. Al no poder emitir moneda, el gobierno debe contentarse con los ingresos provenientes de los impuestos o con endeudamiento ante organismos y bancos internacionales.
El aumento de precios durante el año 2022, año de inflación mundial generalizada, Ecuador cerró el ejercicio con un aumento de los precios internos de solo el 3,7 por ciento anual, con tendencia a la baja (enero 2022 a enero 2023, 3,1 por ciento).
En cuanto al Producto Bruto Interno (PBI), los últimos datos publicados correspondientes al 2021, muestran un aumento del 4,2 por ciento. En rigor se trató solo de una recuperación parcial frente a la caída del 7,8 por ciento experimentada durante la pandemia del COVID en 2020.
Medido por habitante, el PBI anual de 5.935 dólares aún no alcanzó el nivel del 2018 cuando fue de 6.318 dólares por año por habitante.
Gasto social mediante, Ecuador viene observando un sostenido crecimiento de la deuda pública desde el 2012 al 2021. En el 2012 y en los años inmediatos anteriores, la deuda pública representaba aproximadamente el 18 por ciento del Producto Bruto Interno. En 2021, una década después, alcanza al 62 por ciento del PBI.
En lo que va del siglo, las finanzas ecuatorianas mostraron que la hoy muy importante deuda pública atravesó un proceso de disminución desde 2001 al 2009, una cuasi estabilidad desde el 2009 hasta el 2012 y un incremento constante desde entonces al 2021.
Con semejantes perspectivas, no resultará sencillo obtener nuevos préstamos para hacer frente a las demandas indígenas que el gobierno se comprometió a atender tras la mediación de la Iglesia.
Es más, la marcha atrás en el precio de los combustibles es una decisión que incumple el acuerdo respectivo con el Fondo Monetario Internacional cuya exigencia fue la eliminación de los subsidios para los hidrocarburos.
La balanza comercial ecuatoriana muestra un saldo favorable al 2021 de 1.012 millones de dólares a los que debe sumarse, como ingreso genuino, las remesas de los expatriados que totalizaron, en ese año, 2.848 millones de igual moneda. No parece suficiente como para ensayar una política de redistribución del ingreso.
El último recurso puede ser incrementar la presión fiscal que, según los últimos datos conocidos es del 19,1 por ciento, un guarismo relativamente bajo, si se lo compara con otros países de la región
Claro que, para ello, hace falta poder político y mayoría legislativa. Algo de lo que el presidente Guillermo Lasso parece carecer cada día más a medida que transcurre su gobierno.
INT/ag.luisdomenianni.vfn/rp.
