Montevideo. En un hecho inédito, desde el regreso a la democracia, tres infantes de marina que custodiaban una antena de radar, ubicada en la Fortaleza del Cerro, fueron asesinados. La fiscal que investiga el episodio no descarta ninguna hipótesis, incluso acciones del narcotráfico en el Uruguay con vinculaciones con funcionarios del Estado.
Los datos conocidos indican que dos de los infantes estaban despiertos en la casilla de guardia donde fueron ultimados de dos balazo en la cabeza, mientras el tercero, que se encontraba descansando en un cuarto contiguo, recibió varios disparos. Ninguno tuvo tiempo de intentar defenderse, por lo que se sospecha que fueron varios los atacantes. La policía, que investiga el episodio, señaló que solo se robaron tres pistolas Glocks con sus cargadores completos y un viejo Handy. Se especula que llegaron caminando, porqué había otras armas que no fueron sustraídas.
Trascendió también que la casilla de guardia estaba cerrada, la ubicación de los cuerpos en el puesto de guardia abre sospechas que un atacante era conocido por uno de los infantes que fue el que posibilitó el ingreso. Se presumen que fueron cuatro los individuos que entraron sin forzar la puerta, que tenían conocimiento del lugar, y como se producían los cambios de guardia.
La fiscal Mirta Morales, que investiga el asesinato de los tres infantes de marina, dijo que no descarta ninguna hipótesis sobre el hecho, y que se mantiene en contacto los fiscales Diego Pérez, que investiga un ataque a la sede de la Brigada de Drogas y con Mónica Ferrero y Stella Llorente especializadas en tráfico de Estupefacientes.
Fuentes policiales vinculan el episodio a la incautación de drogas ocurridas en Pajas Blancas, Cerro y Malvín Norte. No descartan que este hecho forme parte de acciones del “crimen organizado” ante la extradición a Estados Unidos, el 14 de mayo, del narcotraficante Gerardo González Valencia, mexicano líder del cártel de Los Cuinis que estaba recluido en el Penal de Libertad, de máxima seguridad, donde había sido trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles, ante las sospechas de un posible intento de rescate y fuga del narco.
No obstante, las ejecuciones de los tres infantes de marina se realizaron en un marco de escalada de violencia inédita en el país, que empezó hace cuatro años. En 2016 comenzaron los robos y los ataques a cuarteles del Ejército. En algunas ocasiones, los delincuentes desarmaban a los soldados en las garitas y herían en alguna pierna a aquellos que se resistían a las rapiñas. En otras oportunidades, los guardias lograron repeler los ataques.
Fuentes judiciales no descartan que este episodio pueda tener vinculación con otros hechos de violencia inédita que se vienen advirtiendon, entre ellos los robos y ataques a cuarteles del Ejército, incluso el desarme de soldados en su garitas de vigilancia, que llevaron el 30 de octubre pasado a que el Ejercito dispusiera el estado de alarma, ante la sospecha de un intento de robo de armas de guerra. El 9 de mayo pasado ocurrió otro hecho: una bomba estalló en el estacionamiento de la Brigada Antidrogas ubicada en el Prado. No hubo víctimas. Cinco autos resultaron dañados.
Esas mismas fuentes deslizaron que hay datos referidos a que elementos del “crimen organizado” establecieron conexiones con barras bravas de clubes de futbol en Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, con la intención de controlar cuarentenas, en barrios vulnerables, en donde instalarse con la distribución de drogas.
El fiscal Diego Pérez que investiga el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas, y las ocupaciones de un campo de Santa Catalina, supuestamente promovida por una organización criminal, que contaba con datos para esas operaciones, dijo: “Eso nos lleva a otra situación particularmente grave de cómo puede salir información de ese tipo”, y agregó: “También nos lleva a un comentario de la fiscal Mónica Ferrero sobre las dificultades que enfrentamos al momento de investigar a organizaciones delictivas de este tipo que tienen la capacidad logística de llevar a cabo estas atrocidades”.
Pérez señaló, también, que hay profesionales, que son funcionarios de organismos del Estado que combaten al tráfico de drogas, y en su actividad privada asesoran a traficantes. “Ese tema se tiene que plantear y analizar”, afirmó.
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Uruguay. Infantes asesinados revelarían la infiltración de narcos en organismos del Estado
