La discusión que está sobre la mesa entre los acreedores y el gobierno Nacional es de 3.000 millones de dólares, a pagarse entre 2020 y 2028. Es decir, el compromiso que se aumentaría ronda unos U$S 330millones más por año. Ante esta diferencia la respuesta del ministro, Martín Guzmán, fue: “Hemos llegado al límite para cuidar la economía». El presidente Alberto Fernández también fue contundente “no habrá nuevas ofertas”. Entró la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y respaldó al alumno de Joseph Eugene Stiglitz y dijo: “Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua”.
Cristina fue más allá, y marcó la cancha en la que se mueve Alberto. La vicepresidenta ponderó la columna “La conducción política del poder económico” de Alfredo Zaiat, del 12 julio en Pagina12, en la que el periodista cuestionó a los empresario invitados por el presidente al acto por el 9 de Julio en la Quinta de Olivos y escribió: “Fue una apuesta oficial fuerte dirigida al mundo empresario concentrado, que desde hace más de 40 años ha intensificado el combate contra el proyecto de desarrollo nacional que hoy aspira a desplegar el frente político que gobierna”. El mensaje de Cristina quedó explicito, su crítica negativa a la convocatoria de los empresarios a la Quinta de Olivos, fue “Clarita como el agua”.
El 4 de agosto, es la fecha en que vencerá el plazo para la decisión que deben tomar los acreedores respecto a la reestructuración de la deuda. Estos, ahora, conformaron un grupo duro, integrado por el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC, según sus siglas en inglés), el Grupo Ad Hoc (integrado por fondos como BlackRock, Ashmore y Fidelity, entre otros) y el Grupo Exchange, que dice tener el 32% del total de la deuda a reestructurar, que potencialmente podría impedir un acuerdo general de la reestructuración, ya que rechazó la última oferta oficial.
Sin entrar en evaluaciones de técnica financieras, y en una apretada síntesis sobre las discrepancias se pueden considerar tres planos diferentes. Primero, los plazos referidos a los momentos de pago, segundo, los términos legales de los distintos bonos, y tercero la diferencia sobre el valor nominal de cada bono de U$S 100. Los acreedores había comenzado con un reclamo de U$S 60, y descendieron hasta U$S 56,10. El gobierno inició su oferta con U$S 43 y la elevó a U$S 53,10. En pocas palabras la diferencia que subsiste es de U$S 3. Es la diferencia que abre o cierra la puerta de un posible “default”.
Ante este cuadro de situación, con una negociación que ya tuvo cuatro ofertas de la administración Fernández, que la diferencia financiera entre ambas posiciones es mínima, los mercados se mueve cotidianamente al ritmo de las sensaciones de optimismo o pesimismo de los operadores. Los análisis que se hacen, en las mesas de negocios, es que la distancia en términos económicos para una acuerdo es mínima, apenas U$S 1.600 millones, con pagos distribuidos a lo largo de unos 15 años. Ronda medio punto de PBI, lo que lleva a especular que haya acuerdo o no, ya no depende tanto de los términos económicos y legales sino más bien de cuestiones políticas.
El Gobierno necesita que antes del 4 de agosto los tenedores con al menos el 50% de los títulos existentes acepten la propuesta, al menos para lograr un canje parcial. Y cerca del 75% del total para activar las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que fuerzan a las minorías a aceptar el canje contra su voluntad. Sin los tenedores del 30%, alcanzar cualquiera de esos dos umbrales podría ser muy difícil.
Mientras tanto, en la mesa de la reestructuración sobrevuela la conducta que ha exhibido el equipo del ministerio de Hacienda. La evaluación, es que cada vez que hubo rechazo de las ofertas oficiales, por parte de los acreedores, el gobierno la mejoró. La advertencia que, formuló el presidente Fernández, respecto que esta es la última propuesta, es percibida como una táctica más de la negociación. Sin embargo, se considera que esta práctica trae apareja un desgaste en la imagen del ministro Guzmán, que lo torna cada menos creíble.
También aporta confusión las declaraciones de Alberto Fernández, al Financial Times. El presidente afirmó: “Francamente, no creo en los planes económicos, creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”. De los archivos surgió su expresión, al comienzo de la gestión, en la que aseguró que tenía un plan para poner a la “Argentina de pie”. La nueva afirmación, al medio británico, despertó más incertidumbre entre los acreedores, que buscan saber cómo Argentina recuperará su capacidad económica para enfrentar los compromisos de una reestructuración de la deuda.
En los mercados financieros persiste la duda sobre quién toma las decisiones en el gobierno. Fernández, también al Financial Times, les dijo que habla mucho con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, pero enfatizó: “El que toma las decisiones soy yo”, y se definió como “la persona más pragmática que existe”. Por cierto los constantes giros, en las declaraciones del jefe de Estado, han creado un clima de crisis de confianza y de credibilidad riesgoso en un país donde la actividad económica retrocedió a niveles de 2006 y medida per cápita la caída llega a 2002.
Ambos equipos negociadores son conscientes con que están jugando. En términos políticos los dos quieren imponer sus condiciones. Los grupos que representan a los acreedores perciben que están en un “leading case” respecto a la reestructuración de una deuda externa, ya que podrían enfrentar situaciones similares en otras partes del mundo. Por su parte el Gobierno, sabe que tiene que resolver la reestructuración, lo que le permitiría volver a los mercados de capital, tanto domésticos como internacionales, a fin volver a poner en marcha la economía. Y, por supuesto, evitar que el presidente Alberto Fernández se convierta en el jefe de Estado del noveno default de la Argentina, algo sobre lo que se ha manifestado reiteradamente.
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