En la justicia apuestan a una rebelión de los magistrados afectados por ley, que acorte los tiempos de aplicación y le impida a Alberto ahorrarse parte del presupuesto de este año.
El proyecto de ley que reduce las jubilaciones a diplomáticos y jueces podría ser suspendido por amparos ni bien sea sancionado, porque en la justicia no hay ánimo de esperar un gesto político de Alberto Fernández.
«Van a llover amparos y no van a tardar y darle lugar», afirmaron a LPO fuentes tribunalicias, confiados además en que la Corte Suprema cumplirá su tradición de emitir fallos en contra de leyes que bajan los haberes previsionales.
El más recordado es el «Badaro» en 2006, que abrió la puerta a una ola de demandas judiciales y obligó a Cristina Kirchner a fijar una fórmula de movilidad jubilatoria en 2008, modificada por Macri en 2017 y suspendida por Alberto con la emergencia de diciembre.
De todos modos, esos cuatro años que esperó la Corte desde la devaluación de 2002 le alcanzaron a Néstor Kirchner para acomodar las cuentas. Lo mismo ocurrió con los juicios de las empresas contratistas dirimidos en el CIADI, que recién se pagaron una década más tarde.
Los jueces le piden a Alberto que retire el proyecto de jubilaciones y negocie uno nuevo
Tiempo es lo que pensaba ganar Alberto para al menos aplicar esta reforma en este año de negociación con el FMI y lo bonistas, ahorrarse millones en aportes previsionales y plantear un horizonte más austero. Pero no le está siendo fácil tener garantías, porque en la justicia no hay nadie contento.
Los jueces, fiscales y cargos superiores no quedaron conformes con la sube del 7% de los aportes y la baja de la jubilación inicial, que al computar los salarios de los últimos 10 años con una fórmula a definir partiría de no más del 60% del último haber y no del 82%, como es ahora. En su primeras conversiones, aceptaban una suba de aportes menor y de ningún modo una jubilación inicial tan baja.
Además, no fueron incluidas en la ley las categorías inferiores de la justicia como prosecretarios jefes, administrativos y categorías similares, un reclamo del titular del gremio de empleados judiciales Julio Piumato.
Si bien no tendría un descuento superior, al quedar en el régimen general de jubilaciones general con tendrán una movilidad previsional que ni siquiera está definida pero no llegaría jamás al 82% móvil. Lo escuchó José Luis Ramón, jefe de uno de los bloques aliados de Diputados, y presentó un proyecto para ampliar el alcance de la reforma.
Por ahora, Alberto envió la orden de no tocar una coma del proyecto, pero en el plenario del miércoles tal vez revea esa rigidez. Lo ayuda la intención de buena parte del bloque de Cambiemos de acompañar. Curioso es el silencio de la Sitraju, el gremio de la diputada kirchnerista Vanesa Siley, quien se reunió con la ministra de Justicia Marcela Losardo en diciembre, pero no habló desde que apareció la ley.
Si la ley es aprobada el jueves, como espera el presidente, el Senado podría sancionarla una semana o quince días, tiempo suficiente para que más jueces y fiscales continúen iniciando su trámite de jubilación para reclamar un mejor beneficio. Podrían irse hasta más de 300.
En la justicia creen que uno de los primeros amparos será por la suba paulatina de la edad mínima para jubilarse hasta llegar a 65 años, que ni siquiera excluyó a las mujeres. La bronca no se limita a Comodoro Py sino a los centenares de Tribunales federales que hay en el país, algunos semi vacíos por la demora en el nombramiento de jueces y ahora con empleados molestos porque les espera una jubilación menor.
Los casos terminarán en la Corte Suprema y el ministro de Trabajo Claudio Moroni pareciera estar preparado para ese final. «La judicialización es un tema siempre. Argentina es de los países donde más se litiga», dijo en diciembre, cuando expuso sobre la emergencia económica. «Es probable que haya muchos reclamos», señaló sobre esta reforma, en una reciente entrevista radial. Los habrá. Y muy rápidos.
Fuente: LPO/rp.
