La administración AFernández dio un nuevo paso en la reestructuración del sistema de Inteligencia y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a través de un decreto que modifico la Ley 25520 que establece las normas de funcionamiento.
La decisión de la Casa Rosada estableció que la AFI dejó de ser auxiliar de la Justicia, y simultáneamente se dispuso la desclasificación de todos los archivos vinculados con la causa AMIA. Ambas medidas fueron anunciadas por el Jefe de Estado en el discurso de apertura de la sesiones ordinarias del Congreso Nacional el 1 de marzo.
El Decreto 214/2020 que oficializó la reestructuración fue publicado en el Boletín Oficial el miércoles 4 de marzo, y fija que ningún organismo de inteligencia tendrá potestad para “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal; obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».
La medida especifica que a la Agencia Federal de Inteligencia le está vedado «influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo».
Otra limitación indica que no tendrá permitido «revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial».
En síntesis la AFI, a partir de la modificación de ley que la rige, solo podrá investigar sobre temas de terrorismo y acciones que pongan en riesgo el «orden constitucional.
Respecto a la desclasificación de los archivos de la causa AMIA, a través del Decreto 213/2020, se otorgó el carácter de público “a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.
Se trata de archivos de la UFI AMIA que eran resguardados por la AFI. Y qué ahora tendrán carácter público. Es decir, que será la Unidad AMIA la que, en todo caso, defina si hace públicos o no esos documentos. La medida no alcanza a la documentación sobre la causa AMIA vinculada con la denuncia de Alberto Nisman.
El Dto. 213/2020 establece como medida precautoria, respecto a la investigación UFI-AMIA, que deberán “adoptarse los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en los procesos, como así también para resguardar toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros”.
Por último, se anuncia la creación de una mesa de diálogo en la Jefatura de Gabinete, que la integraran la AFI, el ministerio de Relaciones Exteriores, el de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad. Y se invitará al efecto a representantes del Ministerio Público Fiscal, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos para “procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado”.
Fuente: VF
